El Gobierno califica de “inaceptables” los aranceles de EEUU

Bejo brásicas
Bayer cítricos
Hispatec digitalización semilla
Fernández Cuqui
Nadorcott

El Gobierno aboga por la negociación en defensa de las exportaciones agroalimentarias españolas a Estados Unidos

aranceles de EEUU

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. / Moncloa

El Gobierno de España considera “inaceptables” los aranceles sobre productos agroalimentarios españoles anunciados esta semana por Estados Unidos. Unas tasas que supondrán un coste aproximado para el sector agrícola español de unos 1.000 millones de euros. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la imposición de sanciones afectaría de forma significativa a los productos del campo español.

Luis Planas ha explicado las medidas que el Ejecutivo ha decidido adoptar tras la publicación, por parte del Gobierno de Estados Unidos, de la lista provisional de productos de la Unión Europea a los que impondrá nuevos aranceles a partir del 18 de octubre. Esta decisión afecta especialmente a la exportación de productos alimentarios españoles como el aceite de oliva, las aceitunas o el vino.

Planas ha calificado de “inaceptable” que el sector agroalimentario español “sufra o pueda sufrir represalias comerciales” derivadas de un conflicto ajeno al propio sector. Estados Unidos responde con esta aplicación de aranceles a una disputa comercial respecto a las ayudas públicas europeas a Airbus —en cuyo consorcio aeronáutico está integrada España junto a Alemania, Francia y Reino Unido— que la Organización Mundial del Comercio ha considerado ilegales. Estas subvenciones consideradas ilegales al fabricante aeronáutico han originado el veredicto de la OMC que legitima la decisión de Donald Trump de imponer sanciones comerciales.

El ministro de Agricultura en funciones ha afirmado que “el Gobierno de España no desea un conflicto comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos” y ha expresado su disponibilidad para una negociación “para la que hay margen temporal y material”. No obstante, ha señalado que su postura será de “firmeza respecto a la defensa de los intereses españoles, los de nuestro sector agroalimentario y los de la Unión Europea”.

La primera acción del Gobierno será instar a la Comisión Europea a evitar que la lista provisional entre en vigor, para lo cual todavía hay tiempo hasta el próximo día 14 de octubre, cuando se reúna en Ginebra “el organismo de solución de diferencias de la OMC”, ha explicado Planas. Paralelamente, España ya está trabajando con el resto de países socios en el consorcio Airbus —Francia, Alemania y Reino Unido— para mantener una posición común. El ministro también ha citado a las comunidades autónomas el próximo lunes y a partir del martes se reunirá con todos los sectores afectados.

Por su parte, la ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, se ha referido al conflicto arancelario con Estados Unidos como uno de los “focos de incertidumbre” que pueden afectar a la economía española, junto a la ralentización del comercio internacional y el enfriamiento de la economía en Europa y otras partes del mundo.

La ministra ha anunciado que en las semanas próximas participará en las reuniones del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin), el G-20, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial “para saber cómo están evolucionando las principales magnitudes internacionales”.

El Gobierno convoca al embajador de EEUU

El secretario de Estado para la Unión Europea, Luis Marco Aguiriano, ha convocado al embajador de EEUU en España, Duke Buchan, para transmitirle “el rechazo frontal” del Ejecutivo español al incremento de aranceles anunciado por la Administración de Donald Trump, según ha informado Moncloa.

El Gobierno rechaza “enérgicamente” los incrementos arancelarios a un grupo de productos europeos que afectan de forma especial al sector agrícola español y confía en que en las próximas semanas EEUU entienda que es necesario un acuerdo “para evitar dañar el espíritu de colaboración y entendimiento que caracteriza las relaciones bilaterales”.

Si EEUU rechaza el diálogo, el Gobierno reaccionará “de forma inmediata con firmeza y claridad” en defensa de los intereses españoles activando todas las medidas legales disponibles en colaboración con la Comisión Europea (CE) y el resto de países de la UE.

En este sentido, España pedirá a la CE acciones inmediatas de respuesta frente a las subidas arancelarias, ya que el bloque comunitario tiene el derecho a imponer contramedidas superiores a cuatro millones de euros tras una decisión a su favor de la Organización Mundial de Comercio (OMC) de 2004 que nunca llegó a aplicar en toda su extensión.

Por otro lado, el Ejecutivo va a pedir a Bruselas la movilización de ayudas comunitarias para crisis en el sector agrícola, la activación de un mecanismo que cubre los costes financieros del almacenamiento de aceite de oliva por parte de las empresas, así como medidas de promoción de la política agraria común (PAC) en terceros países.

También planea reforzar la promoción internacional que hace el ICEX de los productos agrícolas afectados, tanto en EEUU como en otros mercados, para paliar el impacto que tendrá la subida de precios tras la aplicación de las nuevas tasas.

Las nuevas tasas tienen su origen en un fallo de la OMC relativo al conflicto que desde hace años enfrenta a EEUU con la UE por las ayudas que ambos conceden a las empresas aeronáuticas Boeing y Airbus, y que en esta ocasión ha dado la razón a Estados Unidos.

No obstante, el Gobierno español recuerda que en unos meses va a conocerse otra decisión de la OMC sobre ayudas estadounidenses a Boeing que le podrían permitir aplicar subidas de aranceles a productos de EEUU. “En esta situación, y existiendo dos paneles cruzados, el Gobierno reitera la voluntad de negociar entre EEUU y la UE para llegar a un acuerdo que evite la imposición de medidas perjudiciales para ambas partes”, indica el Gobierno. Para el Ejecutivo español no tiene sentido que un conflicto causado por la construcción de aviones se convierta en una guerra al sector agroalimentario.