La cereza alicantina se queda fuera de las ayudas
Cerezas rajadas por las lluvias caídas en el Valle del Jerte. / DOP
Valencia Fruits. Redacción.
El Consejo de Ministros aprobó ayer destinar una partida de 8 millones de euros para ayudar a los productores del Valle del Jerte (Cáceres) que se han visto afectados por circunstancias climáticas extremas acaecidas en la campaña 2023. Así se recoge en el Real Decreto-ley por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad.
Estas ayudas serán financiadas con cargo al paquete de 276,7 millones de euros de apoyo al sector agrario incluido en el real decreto-ley de medidas contra la sequía y para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 4 de mayo.
En su sesión de ayer, el Consejo de Ministros añadió una disposición con esta medida específica para los agricultores del Valle del Jerte y autoriza al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a transferir los 8 millones de euros a la comunidad autónoma de Extremadura.
Una orden ministerial determinará los importes por hectárea y las condiciones de elegibilidad de los beneficiarios de dicha ayuda, así como, en su caso, el plazo de abono y límites individuales.
Cereza alicantina
Asaja Alicante ha denunciado que el Gobierno ha dejado fuera de las ayudas a la cereza de los productores de Alicante. La asociación manifiesta su malestar tras conocer la aprobación de una partida específica de ayudas para los productores de cereza del Valle del Jerte, dentro del decreto ley de la sequía que ha excluido a los de la Comunidad Valenciana, a pesar de que las circunstancias climáticas extremas de la campaña de la cereza de 2023 son similares en ambas zonas de cultivo.
La organización agraria considera que el Gobierno central continúa “ninguneando” a la Comunidad Valenciana y que ha tomado una decisión injusta que perjudica al sector agrario de la provincia de Alicante. El Ejecutivo ha aprobado una partida de ayudas directas de 8 millones de euros destinada exclusivamente a los productores de cereza de Cáceres que ha excluido a los productores alicantinos, quienes han registrado una merma de producción del 92% en el conjunto de la zona de la IGP Cerezas Montaña de Alicante, con pérdidas totales del sector estimadas en 25 millones de euros y un quebranto de 4.800 puestos de trabajo directos en la campaña del presente año.
En este sentido, la asociación agraria ha remitido un escrito solicitando al Ministerio de Agricultura una subsanación urgente y una ampliación de las mencionadas ayudas al ámbito territorial de la Comunidad Valenciana. El secretario técnico de Asaja, Ramón Espinosa, recuerda que “las mismas circunstancias climáticas extremas y de daños agrícolas han afectado al Valle del Jerte y a la Montaña de Alicante por igual, por lo que no entendemos cuáles son los motivos que empujan al Gobierno a esta discriminación, lo que evidencia una falta de transparencia en su gestión”.
Diferentes miembros del sector de la cereza, incluido Asaja Alicante, mantuvieron el pasado 15 de junio una reunión con la consellera de Agricultura de la Generalitat Valenciana, Isaura Navarro, para manifestar la gravísima situación que lleva acumulando el sector en los últimos cinco años y presentar un documento elaborado y consensuado por el sector en bloque donde se detallaba un plan de choque integral para rescatar el cultivo de la cereza y evitar su abandono. “A pesar del esfuerzo de Asaja Alicante por defender el cultivo, de la unidad del sector agrupado en la IGP, de la buena voluntad de la Conselleria, el Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a dar la espalda a Alicante con una decisión arbitraria, injusta y puramente electoralista al margen de las negociaciones que se estaban tratando con las comunidades autónomas. Bajo ningún concepto vamos a admitir este trato discriminatorio contra los agricultores alicantinos”, afirma el presidente de la organización agraria alicantina, José Vicente Andreu.
Ayudas de la Generalitat Valenciana
Asaja Alicante espera la respuesta de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana en dos apartados concretos del plan de choque expuesto. En primer lugar, ayudas directas a la producción a través de un Decreto Ley específico —similar al de la sequía— por los daños ocasionados no cubiertos por el seguro agrario, que compense los costes de producción, con franquicias elevadas y límite de pérdidas. Estas ayudas deben consistir en un importe al tanto alzado según el tipo de beneficiario: para titulares de explotaciones agrarias superficie de menos de 2 hectáreas, la ayuda será de 3.000 euros; de 2 hectáreas hasta 4 hectáreas, la ayuda será de 4.000 euros. Asimismo, para aquellos con una superficie mayor de 4 hectáreas, la ayuda será de 850 euros por cada hectárea que supere las 4.
En segundo lugar, en cuanto a una financiación ad hoc; líneas de préstamos bonificados diseñados exclusivamente para productores y empresas envasadoras de cerezas a través del Instituto Valenciano de Finanzas y la GVA por valor de 10.000.000 millones de euros; con un tipo de interés del 0%; 4 años de carencia; 10-12 años de amortización. Además, plantea que se habilite una línea de financiación abierta de manera permanente para la puesta en marcha de nuevas plantaciones, reestructuración y reconversión varietal.
El hipotético abandono del cultivo supondría un escenario devastador “que no nos podemos permitir y que aún estamos a tiempo de revertir”. No solo representa un motor económico esencial que genera riqueza y puestos de trabajo en zonas de interior y desfavorecidas tanto en la producción como envasado en almacén y puesta en mercado, sino también cumple un rol fundamental en términos de fijación de población y se constituye como un elemento vertebrador que promueve el desarrollo rural sostenible, el mantenimiento del medioambiente y del paisaje, que a su vez estimula a otros sectores como el turismo rural y gastronómico alicantino. A esto se suma que su posible abandono propiciaría la propagación de incendios, sobre todo en las comarcas de la Montaña de Alicante.
