La Administración prueba ayudas al gasóleo agrícola, fertilizantes y pesca en un contexto de fuerte aumento de costes, mientras el sector responde con cautela y el transporte critica su alcance
Imagen resumen del paquete de medidas anticrisis que ha aprobado el Gobierno de España para paliar los efectos de la guerra de Irán en el sector agrario. / AVA ASAJA
Nerea Rodríguez. Redacción.
El aumento del precio de la energía y de los insumos agrarios provocado por la guerra en Irán ha llevado al Gobierno a aprobar un paquete de medidas extraordinarias que destina 877 millones de euros al sector primario. El plan, que incluye ayudas al gasóleo agrícola, fertilizantes y financiación, llega en un momento clave para muchas explotaciones hortofrutícolas, en plena planificación de abonado y con los costes de producción al alza.
El conflicto en Oriente Medio ha tenido un impacto inmediato en la estructura de costes del sector agrario, especialmente en aquellas producciones más dependientes de insumos como fertilizantes, energía y plásticos.
Desde el inicio de la guerra, el pasado 28 de febrero, el gasóleo agrícola se ha encarecido en torno a un 40%, mientras que los fertilizantes han registrado incrementos del 30%, según las organizaciones agrarias. En paralelo, el sector pesquero ha visto elevarse el precio del combustible hasta un 75%, reflejo de la presión generalizada sobre la energía.
En el caso de las explotaciones hortofrutícolas, estos incrementos llegan en un momento especialmente sensible, marcado por las labores de abonado y por la preparación de campañas que requieren una elevada inversión previa. El encarecimiento de los fertilizantes, en particular, impacta directamente en la planificación productiva y en los rendimientos esperados.
Las organizaciones agrarias cifran en más de 100 millones de euros el sobrecoste asumido ya por agricultores y ganaderos desde el inicio del conflicto. Según COAG, cada día de guerra supone unas pérdidas de 2,77 millones de euros derivadas del aumento del precio de la energía, los abonos y otros insumos.
Fertilizantes
Dentro del paquete aprobado, la ayuda a los fertilizantes se sitúa como una de las medidas de mayor alcance para el sector hortofrutícola. Dotada con 500 millones de euros, busca compensar el encarecimiento de uno de los insumos más determinantes en cultivos intensivos.
A diferencia de lo ocurrido tras la guerra de Ucrania, esta ayuda se extenderá a todos los agricultores inscritos en los registros de explotaciones agrarias, y no sólo a los perceptores de la Política Agraria Común (PAC), lo que amplía su cobertura.
El incremento de los precios de los fertilizantes condiciona no sólo los costes, sino también las decisiones agronómicas. En muchos casos, los productores se ven obligados a ajustar dosis o replantear estrategias de abonado, con el consiguiente impacto potencial en la productividad y en la calidad de las producciones.
Desde la patronal del sector, Anffe, valoran positivamente la medida y subrayan que, pese al contexto, no existen problemas de disponibilidad, lo que permite centrar el foco en el precio como principal factor de presión.
Gasóleo agrícola
El real decreto-ley contempla también una ayuda de 20 céntimos por litro para el gasóleo agrícola, con un presupuesto de 52 millones de euros y vigencia hasta el 30 de junio.
Esta bonificación se aplicará de forma automática a agricultores y ganaderos, sin necesidad de trámites adicionales, al vincularse a la devolución del impuesto especial sobre hidrocarburos.
Aunque la medida supone un alivio inmediato, su capacidad para compensar el incremento del 40% registrado en el precio del combustible es limitada, especialmente en explotaciones con alta dependencia de maquinaria o sistemas de riego intensivos.
Financiación
El paquete se completa con una ampliación de 300 millones de euros en la línea de financiación ICO-MAPA-SAECA, destinada a facilitar liquidez a las explotaciones agrarias y empresas agroalimentarias.
De esta cantidad, 225 millones se destinarán a subvencionar el principal de los créditos y 75 millones a cubrir avales, en un contexto en el que muchas explotaciones afrontan tensiones de tesorería derivadas del incremento de costes.
Apoyo con reservas
Diferentes sectores productivos de la cadena agroalimentaria han valorado ya este paquete de medidas, a la espera de conocerlo con detalle, aunque cabe la posibilidad de que sea insuficiente si el conflicto bélico se prolonga en el tiempo.
Asaja ha mantenido que el plan de medidas “queda abierto y sin concreción” y ha rechazado hacer cualquier tipo de valoración “hasta conocer por escrito el contenido del mismo”.
Desde la organización agraria COAG consideran estas medidas “necesarias” para afrontar el “shock” de costes pero también advierte que serán “insuficientes” si la situación se prorroga “más allá de 15-30 días”.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha estimado que las medidas “van en la buena dirección” para dar oxígeno al sector agrícola y ha valorado que se limite, siga y controle con “mayor vehemencia” los “márgenes comerciales abusivos”.
Unión de Uniones, por su parte, ve “pobre” el paquete de medidas y ha opinado que el Gobierno “no ha evaluado en su correcta medida” la gravedad de la situación ni sus consecuencias.
Para la Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), las medidas “van en la buena dirección” pero es importante que se adopten nuevas acciones que beneficien a empresas y consumidores.
La patronal de la industria de fertilizantes (Anffe) ha considerado “adecuada” la ayuda aprobada por el Gobierno para que los agricultores puedan adquirir estos productos y ha recalcado que en la actualidad “no hay problemas de disponibilidad” de fertilizantes.
Fuentes de la Asociación Comercial Española de Fertilizantes (Acefer) se han mostrado a favor de las ayudas directas al sector primario, puesto que van dirigidas tanto a la adquisición de combustible como de fertilizantes, lo que “puede aliviar los costes de producción”.
Críticas desde el transporte
Las patronales del transporte por carretera han mostrado su rechazo al plan anticrisis aprobado por el Gobierno, al considerar que las medidas resultan “poco ambiciosas” e “insuficientes” para hacer frente al encarecimiento del combustible derivado del conflicto en Irán.
La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha advertido de que las actuaciones anunciadas no responden “ni a la urgencia ni a la magnitud del problema”, en un contexto que califica de “grave” para el sector. En la misma línea, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) sostiene que el paquete carece de la “ambición necesaria” para compensar el incremento de costes que están soportando autónomos y empresas.
Fenadismer ha subrayado que la situación actual requería un plan de ayudas más amplio que permitiera “compensar de forma equilibrada el gasto extraordinario” y evitar la “asfixia económica” del sector. Aunque valora el restablecimiento de la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante —una medida ya aplicada en 2023—, considera que su alcance es “limitado” ante la actual escalada de precios.
Según la federación, el precio del diésel ha aumentado en torno a un 30% desde el inicio del conflicto, lo que está tensionando de forma significativa la actividad del transporte por carretera.
En relación con la rebaja del IVA de los carburantes del 21% al 10%, Fenadismer apunta que su efecto es “neutral” para el transportista profesional, al tratarse de un impuesto deducible, por lo que no supone un alivio real en sus costes. Ambas organizaciones han coincidido en reclamar al Ejecutivo que mantenga abierta la posibilidad de revisar al alza las ayudas si persiste la presión sobre los precios energéticos. CETM ha advertido de que la falta de una respuesta contundente podría derivar en un “deterioro progresivo” del sector e incluso en un escenario de “creciente tensión” que desemboque en un cese de actividad.