El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha presentado a los agricultores un plan de 43 medidas con el que intenta satisfacer sus reivindicaciones y poner fin a las protestas iniciadas a principios de febrero
Las medidas han sido valoradas por las organizaciones agrarias. / VF
Efeagro.
El documento, al que ha tenido acceso Efeagro, recoge propuestas de flexibilización de la Política Agraria Común (PAC), en línea con lo anunciado por la Comisión Europea y aprobado por los países de la Unión Europea, junto a otras nuevas como la prórroga de normativa de sanidad ganadera y de fertilización.
A continuación, una lista con las principales medidas, que deben ser aún sometidas al debate interno por parte de las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA.
– Medidas de simplificación y flexibilización en la aplicación de la condicionalidad reforzada de las ayudas directas de la PAC a la gestión de la labranza, la cobertura mínima del suelo, la rotación de cultivos y el porcentaje mínimo de superficie agrícola dedicada al barbecho.
– Exención de controles y penalizaciones de condicionalidad reforzada a las explotaciones que tengan hasta 10 hectáreas, que en España representan 345.000 beneficiarios (el 55 % del total).
– Medidas de flexibilización y simplificación para aplicar las ayudas a los ecorregímenes de la PAC, en concreto en superficies de pastos, tierras de cultivo, cubiertas en cultivos leñosos y espacios de biodiversidad.
– Flexibilidad para aplicar los ecorregímenes de la PAC en la solicitud única de 2024, en determinadas cuestiones como la reducción de carga ganadera mínima, el incremento del porcentaje de barbecho y la realización de labores superficiales en cubiertas de leñosos.
– Propuesta a la Comisión Europea para que se elimine la obligación de que los agricultores tomen fotos geoetiquetadas para demostrar el estado de los cultivos y otros requisitos establecidos en las ayudas.
– Ayudas e incentivos para facilitar la aplicación del cuaderno digital de explotación, que tendrá carácter voluntario.
– Prórroga de un año en la obligatoriedad de la identificación electrónica para los bovinos y en la fecha de aplicación del plan sanitario integral de las explotaciones ganaderas.
– Flexibilización de requisitos de la aplicación del decreto de ordenación bovina.
– Aplicación simplificada para el sector de vacuno de carne español del reglamento relativo a la comercialización en la Unión Europea (UE) y la exportación de terceros países de productos asociados a la deforestación, de forma que no tengan que soportar cargas burocráticas.
– Retraso de un año en la obligación de adoptar el plan de abonado y un año respecto a la obligación de contar con un asesor de fertilización, dentro de las medidas de simplificación relativas al decreto de nutrición de suelos.
– Inspección única integrada a los agricultores y ganaderos, previo acuerdo con las comunidades autónomas, para que no haya más de una inspección al año.
– Defensa del Gobierno en foros comunitarios y multilaterales a la aplicación de las cláusulas espejo en las relaciones comerciales.
– Grupo de trabajo permanente para el seguimiento de las exportaciones importaciones agrarias.
– Refuerzo de la coordinación de los servicios de inspección en frontera a las importaciones de terceros países.
– El Gobierno velará porque no se autorice a nivel europeo ninguna tolerancia a la importación a través del establecimiento de límites máximos de residuos (LMR) y fijará a cero el LMR de los productos no autorizados en la UE para las importaciones en su territorio.
– Refuerzo de la capacidad inspectora de la Agencia de Control e Información Agroalimentarios (AICA), que pasa a ser agencia estatal.
– Incremento del número de operaciones comerciales inspeccionadas y publicación de las multas acumuladas.
– Reuniones trimestrales, en lugar de cada seis meses, del Observatorio de la cadena sobre costes y márgenes, y mayor publicación de estudios de márgenes para las distintas cadenas de alimentos.
– Actualización de la directiva europea de prácticas comerciales desleales.
– Garantía del apoyo del plan de seguros agrarios combinados de 2024, con un incremento de ocho puntos porcentuales a la subvención de las pólizas suscritas por los agricultores y las explotaciones prioritarias.
– Análisis de posibles instrumentos para cubrir la siniestralidad extraordinaria con fondos complementarios.
– Subvenciones máximas para agricultores profesionales, explotaciones prioritarias y jóvenes en 2025; exención de modulación para dichos grupos.
– Mantenimiento de la fiscalidad del gasóleo agrícola, la deducción de un 35 % de la factura de carburantes y combustibles de uso agrario, y de un 15 % de la de fertilizantes.
– Reducción general del 15 % en el rendimiento neto para el ejercicio fiscal 2023 en el método de estimación objetiva de IRFP; y adaptación del cómputo de los ingresos para aplicar el límite máximo de tributación.
– Línea de crédito con una dotación extraordinaria de 20 millones de euros y 7 para avales, con subvención del 15 % del principal y de la totalidad del aval, que implica la movilización de 200 millones de euros en exclusiva para jóvenes.
– Aportación del MAPA de 50 millones de euros para garantizar operaciones de crédito entre 100.000 euros y 2 millones de euros por un importe total de 500 millones de euros.
– Incremento del límite de ayudas “de mínimis” del Estado, de 20.000 a 25.000 euros.
– Medidas de apoyo en materia de sanidad animal, en concreto a las campañas sobre tuberculosis.
– Convocatoria de un foro de ganadería extensiva y de una conferencia sectorial monográfica sobre el relevo generacional y la incorporación de jóvenes agricultores.
