La cadena agroalimentaria en su conjunto ha pedido al Gobierno que dé marcha atrás en su intención de subir el IVA a los refrescos por el impacto económico de la medida
Refrescos puestos a la venta en un supermercado. / EFEAGRO
En un acto convocado este martes por las grandes patronales de todo el sector (agricultores, industria, supermercados y hostelería), se ha dado a conocer uninforme elaborado por la consultora PwC que estima una caída en facturación de entre 119 y 370 millones de euros al año por elevar el IVA del 10 al 21% en los refrescos.
En términos de empleo, la decisión del Ejecutivo supondría la destrucción de entre 2.000 y 6.000 puestos de trabajo, de acuerdo con estos mismos cálculos, que apuntan a que el impacto se notaría sobre todo en la industria alimentaria y el sector agrario, más que en la distribución y la restauración.
“No está probada la efectividad de un impuesto de estas características, puede ser como matar moscas a cañonazos. Hay efectos colaterales que probablemente el Gobierno no busque y además habría una afectación bastante directa al mundo rural y la industria agroalimentaria”, ha explicado la autora del estudio, Anna Merino.
Según sus datos, no hay “evidencia empírica” de que las políticas fiscales ayuden a reducir el sobrepeso y la obesidad, y ha citado el caso de países como Dinamarca, Colombia o Australia que intentaron aplicar tasas de este tipo y acabaron por cambiar de opinión debido a los impactos negativos.
Solución “holística”
Ha utilizado también los ejemplos de Francia y México, que vienen aprobando medidas de este tipo desde hace años y cuyas cifras “no son concluyentes”, tras recordar que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que para que haya cambios en los hábitos de los consumidores el aumento de precio debe ser superior al 20%.
“También es un impuesto regresivo, ya que afecta en mayor medida a los hogares con un nivel socioeconómico más bajo (…) Hay otros países que tienen un enfoque holístico del problema y apuestan por prescribir actividad física en atención primaria, actuar en educación, facilitar la conciliación familiar, etc.“, ha señalado el director general de la patronal Aecoc, José María Bonmatí.
Su homólogo en la Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), Mauricio García de Quevedo, ha hecho un llamamiento al Ejecutivo y a los grupos parlamentarios que lo apoyan en la Cámara para ser “sensibles” ante la difícil situación económica provocada por la pandemia.
“Estamos aquí todos juntos contra esta medida. No es el momento de subir ningún impuesto, las medidas fiscales tendrán que llegar cuando la economía española se reactive“, ha defendido.
La secretaria general de Marcas de Restauración, Paula Nevado, ha incidido en que este tipo de políticas “desincentivan el consumo”, lo que perjudicaría a un sector hostelero que ya prevé el cierre de casi una tercera parte de los establecimientos (90.000 locales) y la destrucción de 400.000 puestos de trabajo por esta crisis.
Críticas al Ejecutivo
“Si seguimos en esta dinámica de cierres (en alusión a la segunda ola y al caso de Cataluña, donde los bares y restaurantes no pueden abrir físicamente durante quince días), la sangría puede ser incluso mayor“, ha advertido.
Desde la patronal del sector de los refrescos (Anfabra), su director general, Josep Puxeu, ha apuntado que la subida del IVA que incluye el proyecto presupuestario enviado por España a Bruselas es más “arbitraria” que la tasa catalana al azúcar porque esta última distingue por tramos en función de si el producto lleva más o menos cantidad de este ingrediente.
En representación de los agricultores ha intervenido el presidente de la organización agraria Asaja, Pedro Barato, quien ha recordado el peso económico del cultivo de remolacha -de la que se extrae azúcar- en Castilla y León y Andalucía, fundamentalmente.
“La medida no la está impulsando el Ministerio de Sanidad, sino el de Consumo. Quieren sanear las cuentas a base de impuestos, no sanear la salud“, ha criticado.
