ANPCA reclama medidas urgentes para frenar la pérdida de competitividad frente a las importaciones y garantizar el futuro de un cultivo estratégico para el medio rural
El ajo no solo es un cultivo estratégico en términos económicos, sino también sociales. / ARCHIVO
Valencia Fruits. Redacción.
La Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Ajos de España (ANPCA), con sede en Las Pedroñeras, ha manifestado su “profunda preocupación” por la compleja coyuntura que atraviesa el sector, marcada por “una serie de hechos sin precedentes que ponen en entredicho la viabilidad de las explotaciones de ajo en nuestro país y en el conjunto de la Unión Europea”.
Uno de los factores más graves es el agotamiento de los contingentes arancelarios de importación de terceros países, una situación inédita que está facilitando la entrada masiva de producto extranjero en los mercados europeos. Según ANPCA, estas importaciones llegan sin estar sometidas a las mismas exigencias fitosanitarias que soportan los agricultores comunitarios, generando una clara desventaja competitiva.
Uno de los factores más graves es el agotamiento de los contingentes arancelarios de importación de terceros países, una situación inédita que está facilitando la entrada masiva de producto extranjero en los mercados europeos
A esta presión se suma un incremento “desorbitado” de los costes de producción, derivado de los bajos rendimientos obtenidos por la falta de materias activas para combatir plagas y enfermedades. La ausencia de soluciones eficaces, advierte la asociación, erosiona la competitividad del ajo europeo frente a sus competidores internacionales.
Impacto social y territorial
ANPCA recuerda que el ajo no solo es un cultivo estratégico en términos económicos, sino también sociales. Con una fuerte implantación en el medio rural, contribuye a fijar población, generar empleo y dinamizar la industria local. “La actual deriva amenaza con condenar al cultivo del ajo a la desaparición, con todo lo que ello implica para el medio rural”, señala el secretario de la organización, José Carlos Arroyo.
El arancel europeo, desactualizado
Otro de los elementos que preocupan al sector es la falta de actualización del arancel disuasorio de 1.200 €/tonelada establecido por la UE en 2001. Solo en España, la inflación acumulada entre 2001 y 2025 alcanza un 77%, lo que ha reducido drásticamente la eficacia protectora de esta herramienta.
“Si se actualizara a la realidad actual, el arancel debería situarse en 2.130 €/tonelada, lo que devolvería al sector la misma protección de la que disponía en el momento de su implantación”, explica el vicepresidente de ANPCA, Antonio Escudero.
Propuestas para la supervivencia del cultivo
Ante este escenario, la asociación exige a las administraciones competentes un giro profundo en las políticas agrícolas y comerciales europeas, articulado en tres ejes principales: la actualización del arancel disuasorio para ajustarlo a la inflación acumulada y devolverle su capacidad protectora; la reforma en la autorización y registro de materias activas, mediante un sistema único de Límites Máximos de Residuos (LMR) definidos a nivel europeo y no por cada país, lo que agilizaría el acceso a nuevas herramientas y abarataría costes; y el refuerzo de la supervisión aduanera, garantizando que las importaciones cumplan los mismos estándares fitosanitarios exigidos a la producción comunitaria.
“Nos encontramos en un momento decisivo. Sin medidas inmediatas y contundentes, el ajo español y europeo quedará relegado en todos los mercados, con consecuencias irreversibles para miles de familias y para la economía rural”, concluye el presidente de ANPCA, Juan Salvador Peregrin.
