Un informe de Fundación Ingenio y SOS Rural alerta de pérdidas y falta de competitividad por la gestión de la plaga de pulgones y reclama la activación urgente de autorizaciones excepcionales de plaguicidas
La situación está generando importantes pérdidas económicas y un deterioro de la competitividad del sector productor español. / ARCHIVO
Valencia Fruits. Redacción.
La Fundación Ingenio (FI) y SOS Rural han presentado el informe “España en desventaja: el impacto de no activar las medidas excepcionales en plaguicidas”, en el que analizan las consecuencias derivadas de la falta de activación de medidas extraordinarias por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) frente a la actual plaga de pulgones, que afecta a más de 6.000 hectáreas del Campo de Cartagena, así como a la Comunidad Valenciana y al Levante almeriense.
Según recoge el documento, la situación está generando importantes pérdidas económicas y un deterioro de la competitividad del sector productor español frente a otros países europeos.
“Esta plaga supone la gota que colma el vaso para la rentabilidad de muchos agricultores andaluces, murcianos y valencianos, que tienen que tirar sus productos ante la falta de soluciones eficaces para combatir las plagas y pierden competitividad frente a colegas italianos o franceses que sí han sido autorizados por sus gobiernos”, denuncia Natalia Corbalán, directora general de FI.
Petición de medidas excepcionales
El informe subraya la urgencia de que el MAPA aplique el artículo 53 del Reglamento (CE) nº 1107/2009, que permite a los Estados miembros autorizar temporalmente —por un máximo de 120 días— la comercialización y uso de productos fitosanitarios no autorizados, o para usos no contemplados, en situaciones de emergencia fitosanitaria que no puedan controlarse por otros medios razonables.
“No activar este mecanismo ante la actual crisis, tal y como está haciendo el Gobierno de España, plantea un problema de competitividad para los agricultores españoles, ya que países como Francia e Italia sí aplican estas autorizaciones excepcionales en situaciones comparables”, lamenta Corbalán, quien además ha mostrado su apoyo a la solicitud de la Consejería de Agricultura del Gobierno murciano —finalmente denegada por el MAPA— para autorizar el uso de formulados a base de spirotetramat al 10%.
“No activar este mecanismo ante la actual crisis, tal y como está haciendo el Gobierno de España, plantea un problema de competitividad para los agricultores españoles, ya que países como Francia e Italia sí aplican estas autorizaciones excepcionales en situaciones comparables”
Desde las organizaciones impulsoras del informe se considera que esta situación se ve agravada por la estrategia europea “De la granja a la mesa”, integrada en el Pacto Verde Europeo, que fija para 2030 la reducción del 50% del uso de plaguicidas químicos, del 20% de fertilizantes y del 50% de antimicrobianos en ganadería.
“La Unión Europea (UE) y el Gobierno de España están dejando al campo sin herramientas de control de plagas y enfermedades, que son una combinación de estrategias biotecnológicas, biológicas y químicas, y lo están haciendo sin ningún tipo de aval científico y sin tener en cuenta los posibles escenarios de repercusiones”, advierte la directora general de FI.
Reclamaciones ante las instituciones europeas
Ante este escenario, FI y SOS Rural han remitido cartas conjuntas a Christophe Hansen, comisario europeo de Agricultura y Alimentación, y a Olivér Várhelyi, comisario europeo de Salud y Bienestar Animal, solicitando una reunión para abordar la actual política fitosanitaria comunitaria.
Las entidades denuncian además lo que consideran una contradicción en la política europea, que restringe herramientas fitosanitarias a los productores comunitarios por motivos ambientales y sanitarios mientras mantiene acuerdos comerciales con terceros países, como los del Mercosur, donde sí se permite el uso de materias activas no autorizadas en la UE siempre que se respeten los límites máximos de residuos en frontera.
Las entidades denuncian además lo que consideran una contradicción en la política europea, que restringe herramientas fitosanitarias a los productores comunitarios por motivos ambientales y sanitarios mientras mantiene acuerdos comerciales con terceros países, como los del Mercosur, donde sí se permite el uso de materias activas no autorizadas en la UE
“El agricultor español afronta una doble presión, con restricciones internas más severas y una competencia exterior sometida a exigencias productivas mucho más laxas”, protesta Corbalán.
En este sentido, ambas organizaciones alertan también sobre la limitada intensidad de los controles aduaneros a las importaciones agroalimentarias procedentes del Mercosur, mercado con el que la UE registró un déficit comercial superior a 20.100 millones de euros en productos agroalimentarios.
“Los controles realizados en frontera sobre las importaciones procedentes del Mercosur presentan una intensidad muy limitada del 0,0082% del total, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad del sistema de verificación y su capacidad para garantizar unas condiciones de competencia equilibradas”, especifica la directora general de FI.
Impacto económico
El informe señala que los agricultores están sufriendo un impacto directo en la comercialización de sus productos, ya que la presencia de insectos provoca rechazos en los canales de distribución, incrementa las pérdidas económicas y obliga a aumentar la frecuencia de tratamientos, elevando los costes energéticos y operativos.
“A la UE se le ha olvidado contar que la sostenibilidad vacía e ideológica que hemos creado en Europa iba a tener efectos colaterales, como que te llegue una lechuga a casa con algún pulgón, que se aumente la resistencia de las enfermedades o el aumento del precio de la cesta de la compra”, reflexiona Corbalán.
Según advierten las entidades, la crisis del pulgón en el sureste español no debe interpretarse como un episodio puntual, sino como el inicio de un escenario en el que los agricultores dispondrán de menos materias activas, menos eficaces y con un incremento de resistencias debido a la falta de rotación en los modos de acción contra las plagas.
“Hace falta garantizar la viabilidad del sistema productivo y la coherencia en la aplicación del marco regulatorio europeo”, concluye Corbalán.
