El fallo del Supremo enciende las alarmas en el Levante, que piden que cualquier modificación “se aborde como una cuestión de Estado, con un debate científico”
El tramo del Tajo cpmprendida entre Bolarque y Valdecañas cuenta con la figura de protección ambiental. / MUSEO BOLARQUE
Julia Luz. Redacción.
La controversia en torno al trasvase Tajo-Segura suma un nuevo capítulo tras la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a aplicar de forma inmediata los caudales ecológicos en el tramo del río Tajo comprendido entre el embalse de Bolarque, en Guadalajara, y Valdecañas, entre Toledo y Cáceres.
La resolución, fechada el 6 de mayo y conocida el pasado miércoles 14, afirma que al tratarse de zonas con figuras de protección ambiental, no cabe un cumplimiento progresivo del caudal ecológico —tal y como estaba previsto inicialmente hasta 2027—, sino que debe hacerse efectivo de manera inmediata.
Esta decisión, en respuesta al recurso presentado por colectivos ecologistas, ha desatado una fuerte respuesta institucional y social en el Levante español, donde crece el temor a un impacto irreversible sobre el regadío al trasvase Tajo-Segura.
La sentencia del Tribunal Supremo que obliga a aplicar de forma inmediata los caudales ecológicos en el tramo del río Tajo comprendido entre los embalses de Bolarque, en Guadalajara, y Valdecañas, entre Toledo y Cáceres
Cuestión de interpretació
Ese mismo día, el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez Vidal, emitió un comunicado advirtiendo que el fallo “no es de fácil interpretación” y pidió cautela ante su lectura. “Al contrario de lo que la administración política de Castilla-La Mancha acostumbra, hemos de hacer un ejercicio de prudencia, a tenor del análisis de la sentencia, puesto que su fallo no es de fácil interpretación y podría implicar que muchos de sus efectos deban de ser tomados en consideración en el siguiente ciclo de planificación”, explicó.
Según Jiménez, el fallo no elimina el escalonamiento de caudales previsto hasta 2027, ya que se refiere únicamente a la imposibilidad de exceptuar objetivos medioambientales en zonas protegidas sin una definición clara de dichos objetivos, y remite a la Memoria de Análisis de Impacto Normativo del RD 35/2023, que indica que “el paso de los escalones no se vincula con circunstancias ambientales en la cuenca del Tajo sino que responden a la necesidad de que transcurra un tiempo suficiente para desarrollar medidas en la propia cuenca…”.
“Si la administración del Estado entendiera, al hilo de las manifestaciones —una vez más provocadoras e inapropiadas del líder de Castilla-La Mancha— que la implementación inmediata de caudales ecológicos está en tela de juicio a tenor del fallo de esta sentencia, cosa que reiteramos nosotros no vemos, dicho fallo entraría en controversia con lo fallado por el propio Tribunal Supremo en su contestación a la demanda de la Comunidad Valenciana, donde sí estimaba válido el escalonamiento”, denunció el presidente de Scrats.
Lucas Jiménez, de Scrats, afirma que el fallo no elimina el escalonamiento de caudales previsto hasta 2027, ya que se refiere únicamente a la imposibilidad de exceptuar objetivos medioambientales en zonas protegidas sin una definición clara de dichos objetivos
Jiménez también criticó el “tono amenazante” de las declaraciones desde Castilla-La Mancha y deslizó que hay una intencionalidad política detrás de los recientes acontecimientos. “Manifestamos nuestro estupor ante las declaraciones de la alta administración política de Castilla-La Mancha, que tienen un tono amenazante que incita al odio entre regiones hermanas, —y sigue— no aceptamos la casualidad como explicación a todos estos hitos”, afirmó en referencia a la coincidencia entre la sentencia, el debate parlamentario y la presentación de un nuevo real decreto.
Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha valorado la sentencia del Supremo como un “gran éxito” para su comunidad y ha asegurado que este fallo “blinda una posición que no tiene vuelta atrás”. Desde Bruselas, donde se ha reunido con el comisario europeo de Agricultura y Alimentación, García-Page ha defendido que la decisión judicial deja claro que “los caudales ecológicos se tienen que cumplir”, y ha añadido que “lo contrario es desacato”.
El jefe del Ejecutivo castellanomanchego ha considerado que con esta resolución el Alto Tribunal “pone un broche extraordinario” al proceso de consolidación de la política hidrológica que ha defendido su comunidad desde hace décadas. “No hay vuelta de hoja”, ha recalcado, subrayando que el trasvase Tajo-Segura debe ser considerado “un elemento complementario” para el Levante, “en ningún caso como un elemento básico”.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha valorado la sentencia del Supremo como un “gran éxito” para su comunidad y ha asegurado que este fallo “blinda una posición que no tiene vuelta atrás”
A su juicio, esta sexta sentencia del Tribunal Supremo consolida una línea política mantenida “contra viento y marea desde que Bono era presidente autonómico”, y ha advertido de que su Gobierno no descarta seguir avanzando en nuevas reclamaciones para limitar las transferencias de agua al sureste.
Unidad en la defensa del trasvase
A penas un día después, el jueves 15 de mayo, se celebró en Cartagena la reunión constituyente de la Mesa del Agua del Campo de Cartagena, convocada por la alcaldesa Noelia Arroyo ¬—a petición de los regantes—, que congregó a alcaldes, empresarios, universidad, regantes y representantes vecinales.
El foro firmó un Manifiesto que exige que cualquier modificación del trasvase “se aborde como una cuestión de Estado, con un debate riguroso y basado en criterios científicos”, alertando de que las reglas de explotación previstas pueden poner a la agricultura comarcal en una “situación crítica”.
“La reducción del trasvase en la actualidad no tiene alternativa porque el agua desalada es insuficiente, inadecuada y más costosa”, recoge el texto, que insiste en que el Campo de Cartagena “no puede permitirse retroceder económica y socialmente, ni ver cómo se desmantela una estructura productiva esencial”.
Manuel Martínez, presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, advirtió que con las nuevas reglas “solo se podrá trasvasar en un mes el volumen que ahora se mueve en una semana”, y alertó de una “situación sin retorno” si no se adoptan alternativas viables.
El secretario general del Scrats, José Ángel Pérez Abellán, señaló que no tiene sentido recortar el trasvase mientras en la cuenca del Tajo “hay almacenados más de 9.485 hectómetros cúbicos”, y lanzó un duro mensaje: “Si no se detienen los recortes, los pueblos de la comarca seguirán existiendo, pero no podremos reconocerlos”.
En juego el regadío del levante
Ese mismo jueves, Lorca acogió un acto bajo el lema “¡No al fin del regadío levantino!”, donde Scrats y la Comunidad de Regantes de Lorca denunciaron lo que consideran una amenaza existencial para la agricultura del sureste.
Juan Marín, presidente de los regantes lorquinos, fue rotundo al afirmar que “si en 2027 se confirman los recortes previstos, estaremos ante un problema mayúsculo: el hachazo al trasvase va a ser devastador”. “En Lorca, todo gira en torno al agua del Tajo-Segura”, explicó, señalando que son “una comunidad centenaria que se ha sabido adaptar a los tiempos, pero si nos quitan esa piedra angular que es el trasvase, el impacto será generalizado: agricultores, comercios, familias… todos sufriremos las consecuencias”, avisó.
El sector agrícola del Levante español denunciaron, a través de varios frentes, lo que consideran una amenaza existencial para la agricultura del sureste sin la propuesta de alternativas eficaces y reales
Por su parte, el presidente del Scrats volvió a arremeter contra lo que considera una tergiversación interesada de la sentencia: “No se puede enfrentar a comunidades autónomas a base de titulares falsos. Mentir y leer no siempre van de la mano”.
El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil Jódar, lamentó la “voluntad clara de acabar con el trasvase” por criterios “fanáticos”, pese a la elevada capacidad de los embalses. A su juicio, “quieren sacrificar la agricultura y ganadería más eficiente y competitiva del mundo por razones puramente ideológicas”. Gil Jódar subrayó que “el agua del Tajo debe repartirse con justicia” y defendió que, tras garantizar la cuenca cedente, también deben atenderse las necesidades de territorios como Murcia, Almería o Alicante.
Un conflicto que sigue escalando
Esta oleada de reacciones llegó tan solo horas después de que el Congreso de los Diputados rechazara, por un solo voto, la proposición de ley impulsada por la Asamblea Regional de Murcia que buscaba blindar el trasvase y mantener los caudales ecológicos del Tajo en los niveles de 2014.
El rechazo parlamentario, sumado al fallo del Supremo, ha disparado la tensión en torno a un sistema hídrico que alimenta miles de hectáreas de regadío y empleos en el sureste peninsular, y cuya continuidad está cada vez más en entredicho.
Desde el sector agrario y empresarial se insiste en que cualquier cambio debe venir acompañado de alternativas reales. Mientras, crece la presión sobre el Ministerio para la Transición Ecológica, que todavía no ha emitido una interpretación oficial sobre el alcance real de la sentencia judicial.
