En el ámbito hortofrutícola, la balanza comercial es deficitaria para España, que exportó a los países que componen Mercosur un total de 63.163 toneladas en 2022 e importó 180.406 toneladas
Las ventas de frutas y hortalizas españolas a los países que componen Mercosur sólo representaron el 0,5% del total exportado, siendo Brasil el principal receptor, con 60.024 toneladas. / FUNDACIÓN INGENIO
Efeagro.
Finalizar el acuerdo UE-Mercosur es “un objetivo prioritario para la presidencia española” y en esta línea se pretende “dejar las bases sentadas para que en la próxima presidencia sea una realidad”, según expuso el ministro español de Comercio en funciones, Héctor Gómez, tras la reunión informal de los ministros de Comercio de la UE, los días 19 y 20 de octubre, en Valencia, que forma parte de las reuniones sectoriales de la Presidencia Española del Consejo de la UE.
Las ventas de frutas y hortalizas españolas a los países que componen Mercosur sólo representaron el 0,5% del total exportado, siendo Brasil el principal receptor, con 60.024 toneladas. Le sigue Argentina con 3.093 toneladas y Uruguay con 496 toneladas, no habiendo exportaciones a Uruguay.
Las importaciones españolas procedentes de Mercosur totalizaron 180.046 toneladas, de las que 125.078 toneladas procedieron de Brasil, un total de 46.253 toneladas procedieron de Argentina y 9.075 toneladas de Uruguay, mientras que no hubo importaciones de Uruguay, según datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales procesados por FEPEX.
El Acuerdo entre la UE y Mercosur se alcanzó en 2019 tras 20 años de negociación. La entrada en vigor provisional estaba prevista para el primer semestre de 2021, Sin embargo, hubo una fuerte contestación en algunos sectores y países comunitarios como Francia, que rechazó el acuerdo. El parlamento holandés también rechazó el acuerdo en junio de 2022 y Alemania también mostró su oposición en septiembre del mismo año. Incluso en el Parlamento Europeo, en el pleno de otubre de 2020, aprobó un informe sobre la aplicación de la policía comercial comunitaria en el que se incluyó una enmienda a favor de no aprobar el acuerdo entre la UE y Mercosur en los términos acordados, haciendo hincapié en los perjuicios medioambientales.
