Las tres comunidades reclaman justicia en la gestión del agua y defiende la eficiencia de sus regadíos frente a los recortes del trasvase
Los representantes en materia hídrica de las tres comunidades se reunieron en Alicante. / Generalitat Valenciana
Murcia Fruits. Redacción.
El conflicto por el trasvase Tajo-Segura vuelve a escena. La Generalitat Valenciana ha elaborado un estudio que ha compartido con Murcia y Andalucía —las otras dos comunidades directamente afectadas por el trasvase— en una reunión en Alicante, que analiza la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) de modificar las reglas de explotación del trasvase y sus posibles consecuencias en el sureste español. Según el informe, los problemas del Tajo no están relacionados con el trasvase, sino con la gestión de la cuenca.
Para Sara Rubira, “no es justo que se castigue a quienes mejor aprovechan el agua mientras en la cabecera del Tajo se permiten ineficiencias y despilfarros”
La consejera de Agricultura de la Región de Murcia, Sara Rubira, ha lamentado que “no es justo que se castigue a quienes mejor aprovechan el agua mientras en la cabecera del Tajo se permiten ineficiencias y despilfarros”. Por ello, el gobierno murciano demanda la retirada de unas reglas de explotación del trasvase basadas en caudales ecológicos del Tajo. Rubira se apoya en el documento presentado por la Generalitat Valenciana y señala que “este informe demuestra que nunca ha habido incumplimiento de los caudales ecológicos por falta de agua en cabecera y que los problemas del Tajo radican en la gestión del Tajo”. Además, recordó que desde Murcia se presentó un recurso ante el Tribunal Supremo contra la fijación de los caudales ecológicos en el Plan de cuenca del Tajo, recurso que sigue pendiente de resolución y que denunciaba la falta de criterios técnicos en la determinación de esos caudales.
En relación con los datos técnicos, Rubira destacó la eficiencia de los regadíos que dependen del trasvase, “son los más eficientes y productivos de España, con un control exhaustivo de cada gota de agua”. Subrayó también la importancia del trasvase Tajo-Segura como ejemplo de solidaridad nacional, “ha demostrado durante más de 40 años su papel clave en la economía, la agricultura y el abastecimiento de millones de personas. Por eso, recortar arbitrariamente el trasvase con nuevas reglas de explotación que no responden a necesidades ambientales reales, sino a decisiones políticas, supone un agravio para la Región de Murcia y para todo el Levante”.
Rubira advirtió además sobre las consecuencias del recorte de los envíos de agua que plantea el Ministerio, asegurando que “está poniendo en riesgo el futuro del sector agroalimentario regional” y que “con menos agua no sólo está en riesgo la agricultura, también el desarrollo económico y social de toda la sociedad”. La titular de Agricultura señaló que “el verdadero problema está en la gestión ineficiente de los embalses, en los regadíos poco modernizados de la cuenca del Tajo y en la falta de transparencia de la Confederación Hidrográfica”.
Durante la presentación del informe, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, criticó la decisión del Ministerio de establecer 8,65 m3/segundo de caudal mínimo en el Tajo (Aranjuez) con aportaciones naturales de 617 hm3/año, mientras que el Júcar, con un 50% más de caudal (1.054 hm3/año) tiene tan solo un caudal mínimo de 2,74 m3/segundo o el Jarama (841 hm3/año) con un caudal superior al del Tajo, tiene un caudal mínimo de 6,06 m3/segundo. Mazón tachó esta decisión de “arbitraria” y recriminó al Gobierno central que “de los 17 trasvases importantes que hay en España sólo se cuestione acabar con el Tajo-Segura”.
La presentación del informe contó con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, el conseller Miguel Barrachina, la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, el secretario general del Agua de la Junta de Andalucía, Ramiro Angulo, y el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), Lucas Jiménez. Los responsables hídricos de las tres comunidades coincidieron en que mantener el trasvase no supone pedir privilegios, sino buscar justicia en la gestión de un bien de todos. Mazón destacó este “frente común” y subrayó que “ratificamos un eje de unidad de acción institucional que no existía en la pasada legislatura”.
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