Miles de regantes, políticos y representantes socioeconómicos de Alicante, Murcia y Almería han llegado hoy a las puertas del Ministerio para la Transición Ecológica en Madrid, donde no han sido recibidos
Un momento de la lectura del manifiesto a las puertas del Miteco. / CARM
J. Luz, R. Fuertes. Redacción
“En el Levante, sin el trasvase, desierto y paro”. Una multitud que protesta ante la decisión de incrementar el caudal ecológico del Tajo y reducir escalonadamente el agua para el trasvase al Segura.
El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, se ha dirigido directamente a la vicepresidenta tercera y ministra titular, Teresa Ribera, para que dimita de su cargo si no abandona su “actitud radical” y su “planificación hidrológica totalmente política”.
Los regantes estiman que “recortar el volumen de agua disponible supondría la pérdida de 27.314 hectáreas de superficie regable, la desaparición de 15.000 empleos y una reducción del valor patrimonial de 5.692 millones de euros”, según sus cálculos.
Representantes de la Generalitat Valenciana abanderando la protesta en Madrid. / GVA AGROAMBIENT
La protesta convocada por Scrats y el Círculo por el Agua de Murcia, Alicante y Almería, que incluyen a organizaciones agrarias, empresarios, regantes, cooperativas, colegios profesionales y universidades, ha tenido una gran acogida por parte del sector agrario y también por parte de las instituciones políticas.
Los manifestantes han aseverado que es “conveniente” llevar agua a esa zona no solo por el bien de su agricultura, su turismo y su medioambiente, sino también por el bien del país.
“A la cuenca del Segura no se le puede restar un solo metro cúbico de agua. Hay que sumarle recursos, no restarle, y menos aún por contiendas políticas territoriales”, han asegurado las organizaciones convocantes en un manifiesto. Y es que asociaciones como Proexport han puesto por delante de todo la defensa del trasvase y lo dejaban todo para ir a Madrid: “Hoy nuestra oficina permanecerá cerrada. Todo el equipo de Proexport, y sus empresas asociadas, estarán hoy defendiendo los derechos de un sector maltratado por el Miteco”.
En la misma línea, Asaja Alicante ha movilizado al campo alicantino y denunciaba ante el Ministerio para la Transición Ecológica que “sin agua del trasvase Tajo-Segura la agricultura firma su sentencia de muerte”, añadiendo que se trata de “una decisión tomada de forma unilateral, que carece de justificación técnica y que se ampara únicamente en un “capricho político” de la actual ministra, Teresa Ribera, para la que el sector en bloque pide su dimisión”.
Representantes de las tres comunidades autónomas afectadas por los recortes anunciados no han dudado en salir a la calle a protestar. / ASAJA ALICANTE
De hecho, en el escrito que se ha presentado los manifestantes han pedido a la ministra de ese departamento, Teresa Ribera, que reconsidere su “decisión sectaria y radical de recortar innecesariamente el trasvase”, después de que un informe técnico dejara entrever en un borrador de proyecto de real decreto que es posible no elevar caudales actuando en el Alto Tajo e invirtiendo en modernización de regadíos y depuración.
Los manifestantes han exigido inversiones “en acciones reales para el río Tajo, que mejoren la calidad de las aguas y la vida de los ciudadanos que viven en sus laderas”, sin “dejarse llevar por ideas preconcebidas” que aumenten la brecha del déficit hídrico en la Cuenca del Segura.
El presidente del PPCV, Carlos Mazón, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, en la concentración. / PP
Han advertido de las consecuencias de poner en riesgo el trabajo de decenas de miles de agricultores de las provincias afectadas, colocando “al borde del colapso a las economías de sus regiones”.
Además, han insistido en que el agua “no es una batalla política entre comunidades autónomas, sino un asunto de Estado y un derecho igualitario para todos los españoles”.
“Estamos cansados de tener que mendigar lo que por derecho nos corresponde. Aguas excendentarias, sobrantes de la cuenca del Tajo, no de ninguna comunidad autónoma, pertenecen al Estado. A esas aguas tenemos tanto derecho como cualquier otro español, máxime cuando llevamos usándolas, pagándolas y amortizando su infraestructura desde hace 43 años”, han afirmado los convocantes.
En el manifiesto se ha exigido a Ribera que “gobierne con equidad” para todos o que, de lo contrario, cese en su cargo antes de llevar a cabo su plan para el trasvase.
Presencia institucional
Junto a los agricultores, se han desplazado a Madrid representantes de las patronales del sector agrario y de empresas exportadoras, sindicatos, empresarios, cooperativas y políticos de las tres comunidades afectadas, independientemente de su signo político se han dado cita para defender la llegada del agua a sus territorios.
Entre ellos se ha visto una delegación de la Generalitat Valenciana, encabezada por la consellera de Agricultura, Isaura Navarro; el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, junto con el consejero Antonio Luengo, y la consejera andaluza de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo.
El Consell ha reclamado en Madrid revocar la decisión unilateral del Gobierno central sobre el trasvase Tajo-Segura, en lo que se refiere al aumento de los caudales ecológicos y “sin respetar lo que se acordó en el Consejo Nacional del Agua”. Isaura Navarro destacaba en declaraciones tras la concentración que la necesidad de que “llegue agua suficiente a nuestros cultivos”, señalando la importancia de este aporte hídrico para mantener la soberanía alimentaria en Europa. Las reclamaciones de la Comunitat llegan en la línea de que no se incrementen los caudales ecológicos sin tener en cuenta el criterio técnico, que es lo que consideran que se está haciendo desde el Gobierno central, y con una política deficiente de depuración de aguas en algunas comunidades.
López Miras, por su parte, ha reivindicado que “en España hay agua suficiente para repartirla entre todos los españoles, y debe llegar a todos en las mismas condiciones, algo que no está ocurriendo hoy” y ha acusado al Gobierno central de “recortar el trasvase sin un solo informe científico o técnico que avale que esa decisión va a traer consigo algún beneficio medioambiental, social o económico”.
“Estamos denunciando una injusticia a sabiendas. Una decisión política que firma la sentencia de muerte al Tajo-Segura, a sus usuarios y a sus regantes”, ha afirmado la consejera andaluza.
