La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz quiere poner en marcha una campaña de inspección extraordinaria en la actividad productora agraria. Esta no es la noticia, pues está en su derecho y es su obligación de garantizar el cumplimiento de la normativa laboral mediante el servicio de Inspección de Trabajo. Lo lamentable es el motivo y el modo.
La inmensa mayoría del sector cumple con la ley, y ello es necesario para el buen nombre del sector en los mercados internacionales. / CAAE
No hace todavía mucho tiempo, un reportero gráfico de uno de los diarios más influyentes de este país, vino desde Madrid a Valencia para hacer un reportaje gráfico sobre el modo de vida de los productores de cítricos en mi comarca. Hasta aquí todo correcto, y nosotros gustosos de acompañarle a distintas parcelas para tomar sus instantáneas. La sorpresa fue que lo que vio no era lo que había venido a fotografiar. Se encontró con personas normales como cualquier otra, que ejerce una labor profesional, y que incluso se van a comer a mediodía a casa. Venía a fotografiar pobreza y desarraigo en base a un estereotipo preconcebido.
Más reciente en el tiempo, son ya habituales los programas de cadenas de televisión europeas que emiten en sus países reportajes en los que intentan dar una imagen sesgada, cuando no distorsionada, del modo de proceder de los agricultores españoles. La primera oleada era en relación con los productos fitosanitarios utilizados en nuestro país, olvidando que la normativa en este sentido es similar en todos los Estados de la Unión Europea. La segunda oleada lo fue en relación con el trato que se le da a los trabajadores, habiendo casos de burda manipulación, ya sea con las imágenes de apoyo o en la misma traducción de las declaraciones tomadas a los operarios en el campo. En nuestro país también se han realizado este tipo de programas denuncia, tan solo recordar el emitido hace unos meses, en una de las cadenas de mayor audiencia, en prime time, y en el que dos trabajadoras de la fresa denunciaban una serie de vejaciones.
El Relator Especial de la Naciones Unidas sobre extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, cursó una visita oficial a España en las fechas que van del 27 de enero al 7 de febrero de este año 2020, elaborando el correspondiente informe en base a lo que pudo observar. Según el Relator de Naciones Unidas, “Las organizaciones de la sociedad civil describieron condiciones muy angustiosas para las mujeres y niñas inmigrantes, especialmente aquellas que trabajan en la agricultura, como situaciones de alta vulnerabilidad, explotación sexual y comercial, violencia institucional y falta de protección en los niveles más básicos”. Bueno sería conocer a qué organizaciones de la sociedad civil se refiere, así como el panel de los entrevistados que han servido de fuente de información para su informe. No dudo que, como en todos los órdenes de la vida, hay quien no cumple la ley, y peor todavía si lo que está en juego es la dignidad de las personas, sea quien sea y vengan de donde vengan. De igual modo, no dudo de las mejores intenciones del Relator, pero lo dicho hay queda, cuando no es cierto que esas aseveraciones sean las que caracterizan a nuestro sector en España. El señor Alston se lo tiene que hacer ver, pues me temo que su prestigio también puede quedar en entredicho.
Siguiendo con el relato, y esto hace muy pocas semanas, la ex de “Podemos”, y ahora líder de “Adelante Andalucía”, Teresa Rodríguez, hablaba de explotación en el campo de Almería, dando por bueno un reportaje emitido en la BBC el pasado 20 de abril, y en el que un caso particular era elevado a la categoría de universal. Sus declaraciones pusieron en pie de guerra a todo el sector productor almeriense, uniéndose también la Junta de Andalucía, exigiendo explicaciones a su autora. Y es que no solo nos vienen los ataques de fuera, siempre interesados, sino que los de aquí también se unen a este carro, que fácilmente podría entra en el mundo de lo que ahora se conoce como de posverdad. Con ello, reitero que no quiero defender a quien no cumple la ley, pues quien apuesta por esta vía, además de generar sufrimiento a las víctimas, compite de modo desleal con el resto del sector. El que lo haga, que lo pague, pero es inmoral acusar a todos, cuando no es cierto.
Paradojas de la vida, este sector constantemente vapuleado desde distintos ámbitos, es quien en esta pandemia del coronavirus ha sido calificado como esencial, estando en primera línea de actuación, y garantizando el suministro de alimentos sanos y saludables a toda una población, que sin duda, en este hecho ha encontrado un alivio. Todo un engranaje que ha funcionado de modo solidario, ha olvidado sus problemas y reivindicaciones y se ha puesto a servir a la sociedad. Pero como decía en mi anterior artículo en esta tribuna, poco nos ha durado este reconocimiento, ya que a la problemática propia del sector, ahora se ha unido nuestra ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Con unas declaraciones, y con una actuación política fuera de toda lógica, en nada ayuda a un sector dinámico y con proyección exterior, justo ahora cuando más se necesita dinamizar la economía.
La ministra quiere poner en marcha una campaña de inspección extraordinaria en la actividad productora agraria. Esta no es la noticia, pues está en su derecho, y más, probablemente está en su obligación de garantizar, dentro del contexto legal que le otorga el estado de derecho, el cumplimiento de la normativa laboral mediante el servicio de Inspección de Trabajo. Lo lamentable es el motivo y el modo. El motivo, es según el departamento de la señora Díaz, que por parte de distintos tipos de asociaciones, medios de comunicación, o incluso de la Administración, ya se ha alertado sobre el posible incremento de casos de explotación laboral y de trata de seres humanos en el sector agrícola, dada la excepcional situación que se está viviendo actualmente. El modo, un cuestionario en el que sonrojan algunas preguntas. Es como si de entrada, a cualquier cargo político, en cualquier entrevista, se le preguntara de entrada si es corrupto. Es probable que se molestara, pues es seguro que en el ámbito político hay una inmensa mayoría de personas honestas.
La indignación del campo llega al máximo tras desvelarse el cuestionario oficial, puesto a disposición de quien debe llevar a cabo la inspección. En él se harían preguntas en relación con: la existencia de signos de violencia física, verbal o amenazas; restricciones a la libertad de movimientos de los trabajadores; restricciones a las comunicaciones con su entorno o con sus familias. Preguntas como, ¿Presenta el trabajador indicios de malos tratos, como magulladuras?, o ¿Hay signos visibles que indiquen que el trabajador no puede abandonar el lugar de trabajo, como alambradas o la presencia de guardianes u otras limitaciones de este tipo?, adornan un cuestionario, que no ha hecho otra cosa que poner en pie de guerra al campo. Incluso ya hay quien ha pedido la dimisión de la señora Díaz.
Ante tanto ataque a un sector considerado como esencial en esta pandemia, no se puede ser, a la vez, héroes en el Ministerio de Agricultura y villanos en el Ministerio de Trabajo. Es evidente que el trabajo en el campo o en un invernadero tiene sus dificultades, no hay aire acondicionado, y en ocasiones es fatigoso, al igual que ocurre en muchas otras actividades profesionales. En el caso que yo conozco en mayor medida, que es el de los cítricos, viene regulado por dos convenios colectivos, uno de recolección y otro de trabajo en el almacén. En ellos quedan reglado un trato y una remuneración idéntica, sea quien realice cada uno de los trabajos, ya sea hombre o mujer, nacional o inmigrante. Se facilita la conciliación familiar y los salarios están por encima del salario mínimo interprofesional. Así, un recolector citrícola, percibiría un salario ligeramente superior al SMI, pero por una jornada laboral de cinco horas, quedando regulado el escenario en el que se puedan trabajar más horas, y por tanto, obtener más ingresos. Además en el caso de las cooperativas, en muchos casos, los asalariados son los mismos socios, por lo que bromas, las justas.
Cooperativas Agroalimentarias de España le ha remitido una carta a la señora ministra, solicitando aclaraciones y explicaciones, en una campaña oficial, en la que se puede incluso hablar de esclavitud. Estamos acostumbrados a ataques desde muchos frentes, normalmente interesados, pero no es lógico que estos ataques vengan desde nuestra propia Administración, cuando su función es evitar que ocurran hechos tan graves como los que ahora pretende detectar. La inmensa mayoría del sector cumple con la ley, y ello es necesario para el buen nombre del sector en los mercados internacionales. Quien no cumple la ley, adquiere una ventaja competitiva que se debe atajar desde los servicios de inspección, sin que para ello, haya que extender la sospecha al conjunto del sector. El ministerio, por el bien de todos, debe de hacer su trabajo, pero igualmente, por ese mismo bien de todos, la ministra debe de rectificar.
(*) Presidente Frutas y Hortalizas Cooperatives Agroalimentaries.
