La presidenta del Comité de Gestión de Cítricos retrata los problemas más graves a los que se enfrentan los citricultores
La actual campaña citrícola está siendo extremamente complicada desde sus inicios. / ARCHIVO
Inmaculada Sanfeliu (*)
Está siendo la 2021/2022 una campaña extremadamente difícil desde sus inicios. Me atrevería a decir una de las más difíciles jamás conocida, sino la peor. El origen de la dificultad estriba en un conjunto de razones, algunas de ellas coyunturales, y otras estructurales. Coyuntural, esperemos, ha sido el retraso en el inicio de la campaña de exportación de Sudáfrica 2021 por disturbios civiles, cierre del puerto de Durban, ineficiencias de equipamiento y logística portuaria y ciberataque en las terminales de contenedores de Sudáfrica. También la subida de costes que sufrimos todos. Pero, desgraciadamente, hay otras razones, desde mi punto de vista, que ya son claramente estructurales y han venido para quedarse.
La ausencia de complementariedad perfecta entre hemisferio norte y hemisferio sur es un hecho y, por lo tanto, los solapamientos entre ambos hemisferios son ya estructurales. Todos contra todos en el mercado de la UE, el más atractivo por número de consumidores y poder adquisitivo, y nuestro mercado natural, donde dirigimos el 85% de nuestras exportaciones, el 93% si consideramos UE-26 más Reino Unido. Y la gran distribución europea la beneficiaria absoluta, contemplándonos impasible eligiendo origen-proveedor y enfrentándonos con el precio.
Y, además, los volúmenes de cítricos de Sudáfrica presentes en el mercado de la UE cada vez van a ser mayores pues, aun cuando los malos resultados de la última campaña sudafricana, la 2021, y el escenario comercial complejo para la 2022, ralentizara (o incluso paralizara) el incremento de nuevas plantaciones, el crecimiento de la producción sudafricana seguiría produciéndose durante años por el incremento de rendimiento de las plantaciones jóvenes más recientes. Según el propio modelo de simulación de crecimiento de los sudafricanos estaríamos hablando de una estimación de 3,7 millones de toneladas en 2031 partiendo de los 2,24 millones estimados para 2021 (en una superficie de, prácticamente, 100.000 Ha), es decir, 1,5 millones de crecimiento en 10 años, a razón de 150.000 t/año. Más de 4.000 nuevas hectáreas plantadas anualmente de cítricos en los últimos 7 años, con 4 años de 6.000-7.000 Ha de crecimiento anual, proyectan un crecimiento estructural de los volúmenes producidos y exportados por Sudáfrica al mercado de la UE y de Reino Unido.
Más híbridos de Sudáfrica
El mayor crecimiento en la producción sudafricana de cítricos se está produciendo y va a seguir produciéndose en híbridos de mandarina tardíos (la mitad prácticamente de los más de 7 millones de plantas e injertos vendidos anualmente), en limón y en valencias, por este orden. Por lo tanto, el solapamiento va a ser estructural, con un volumen cada vez mayor de sus variedades tardías (híbridos de mandarina —Nadorcott, Tango, Orri…— y Valencias —Midknight, Turkey, Benny…—) con nuestras variedades precoces (clementinas tempranas y naranjas precoces, sobre todo Navelinas por su volumen). Queda por ver hasta dónde llegará la superposición de campañas de Sudáfrica (hemisferio sur) y España (hemisferio norte) en la UE. Esperemos que se quede solo en septiembre y no se repita la coyuntura vivida en octubre de 2021 y que tanto ha condicionado el devenir de nuestra campaña actual.
El problema de solapamiento en septiembre e incluso en octubre, con las variedades de mandarinas y de naranjas tardías de Sudáfrica es estructural. Y lo mismo se puede decir con las valencias de Egipto entre enero y julio, tanto en volumen creciente como en precio
Y estructural va a ser también el hecho de que los volúmenes crecientes, la cada vez más larga campaña y los precios (normalmente bajos o muy bajos) de las Valencias de Egipto van a condicionar por solape la entrada en consumo y los precios de las navels de Sudáfrica (como ha sucedido en grado superlativo en 2021). En 2021 Egipto se mantuvo en el mercado de la UE hasta bien entrado julio e incluso agosto, lo cual acortó la venta comercial de Sudáfrica en hasta seis semanas, a decir de los propios comerciantes sudafricanos. Y los volúmenes crecientes y precios de las mandarinas tardías y las navels tardías y Valencias de Sudáfrica condicionarán sin duda la entrada en consumo y el precio de nuestras clementinas tempranas y naranjas precoces.
Brexit
Y a pesar de que Reino Unido se mantiene como tercer mercado del sector español de cítricos, por detrás de Alemania y Francia, la salida de este país de la UE ha abierto un nuevo escenario competitivo con un mercado británico más abierto a las producciones de terceros países con los mismos productos y calendarios de comercialización, como Marruecos, Egipto, Turquía e Israel, o con los mismos productos y solapes en contraestación, como Sudáfrica.
Según datos procesados por el CGC, además, en este marco, en 2021 y con cifras hasta el mes de diciembre, el volumen de la exportación española de cítricos a Reino Unido (RU) se ha elevado a 243.604 t frente a las 281.490 t de 2020 y las 281.926 t de 2019 y el récord de 325.020 t de 2015. Descendiendo al detalle por productos, el volumen de la exportación española de mandarinas a Reino Unido se ha elevado a 96.261 t frente a las 119.103 t de 2020 y las 119.541 t de 2019 y el récord de 150.015 t de 2015. Y en cuanto a exportación de naranjas de España a RU, 79.706 t exportadas en 2021, 93.482 t en 2020, 91.535 t en 2019 y récord de 104.630 t en 2015.
Reducción de ventanas de exportación para todos, pero en nuestro mercado natural y kilómetro cero, el de la UE-27 más Reino Unido, aquel en el que se nos prometió preferencia comunitaria, y que hoy es un mercado completamente abierto y absolutamente globalizado por razones de geopolítica, de política comercial y de política de cooperación al desarrollo de la propia UE. Estructural es también el desmantelamiento de prácticamente todos los mecanismos de protección en frontera.
Eso significa que la Clementina Fina, Nour, Nadorcott y Maroc-Late de Marruecos, las valencias y, en menor medida, navels y tangos de Egipto, las Orri, pomelos y Shamoutis de Israel, las Maltesas de Túnez, la Nadorcott, el limón y el pomelo de Turquía, y los híbridos de mandarinas tardíos de Sudáfrica entran libres de aranceles y las Valencias y, en menor volumen, Navels de Sudáfrica con arancel cero del 1 de junio al 15 de octubre y con un arancel que tiende a cero del 16 de octubre al 30 de noviembre, con liberalización completa en 2026.
Egipto y las valencias
Porque lo que nos ha sucedido esta campaña con la competencia de Sudáfrica no es nuevo. Sucedió ya en la 2020/2021 con Egipto. El desarrollo de la temporada española de naranja estuvo condicionado absolutamente a la baja por la dura competencia de la naranja de Egipto desde el mes de febrero hasta julio. La Valencia de Egipto ofertada entre 45 y 50 céntimos de euro en los mercados de la UE hizo muy difícil la venta de nuestras naranjas por encima de 1 euro el kilo, umbral aproximado de venta a pérdidas la pasada campaña, con precios de compra en campo similares a los precios de venta de Egipto en los mercados comunitarios. La única diferencia respecto a esta campaña es que la naranja se compró en el campo, con las expectativas de consumo generadas por la COVID en la 2019/20, anticipadamente y a precios que no se correspondieron con los de destino, pero el agricultor no lo percibió en el marco de los contratos de compraventa en origen.
Y no solo fue una cuestión de bajo precio en el mercado de la UE de la naranja de Egipto, sino también de muy elevado volumen, cada vez mayor. Las 309.767 t de 2021 representaron un incremento del 20,9% respecto al acumulado de 2020 y del 36,4%% respecto a la media anual acumulada de los 5 últimos años. En los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio de 2021 se han importado, respectivamente, 62.252 t, 84.105 t, 61.490 t, 29.563 t y 15.840 t de naranjas originarias de Egipto, lo que ha significado un incremento de un 25,8%, 29,6%, 37,5%, 147,5% y 389,9% respecto a las medias de esos mismos meses en los 5 últimos años.
Reducción de ventanas
El balance de la 2021-2022 solo puede hacerse en términos de reducción de las ventanas de exportación y de pérdida de competitividad en el mercado de la UE frente a la importación creciente de cítricos de países terceros a bajos precios, que no tienen barreras arancelarias para acceder al mercado de la UE, con unos costes de producción y comercialización mucho menores y, en ausencia de reciprocidad, con unas exigencias laborales, sociales, medioambientales y de seguridad alimentaria mucho menos exigentes.
Y a todo lo anterior debe sumársele lo que, a ojos de los operadores comerciales es un hecho: la demanda “no tira”, dándose una situación comparable a la de febrero de 2020, justo antes de la declaración de la pandemia, y hay una clara reducción de consumo.
Insostenible
Desde el punto de vista de los citricultores, la situación es insostenible. No pueden al mismo tiempo verse expuestos a exigencias cada vez mayores y a una competencia desleal con productos importados que son menos costosos en términos de estándares de todo tipo. Europa está obligada moralmente a proporcionar a los agricultores esta protección esencial. Desde el punto de vista del consumidor europeo, la ausencia de medidas efectivas de reciprocidad debiera parecer ridícula, alimentando sentimientos de incomprensión y sed de justicia y compensación con su elección de compra; pero el riesgo también es que su elección, y sobre todo la elección de la gran distribución europea, sea por “productos cada vez más presentes en volumen que se alejan de nuestros estándares” por razones de ahorro en el precio.
El hecho consumado es que la gran distribución europea presiona a la baja el precio de la producción citrícola comunitaria, aduciendo razones de ineficiencia de la cadena de suministro de los agrios de la UE frente a las cadenas de suministro de cítricos foráneos de estándares mucho menos costosos y sin un precio mínimo que respetar en el mercado de la UE, mientras el ejecutivo comunitario asiste impasible a este fenómeno.
Además, la ley de la Cadena no contempla las situaciones creadas en unos mercados globalizados, no pudiendo resolver tres graves problemas: la pérdida creciente de competitividad, la inexistencia de medidas eficaces de gestión de crisis para afrontar los desequilibrios de oferta y demanda, y que en la cadena comercial agroalimentaria los precios y márgenes no se marcan desde abajo (de productor a consumidor), sino de arriba hacia abajo, siendo la gran distribución la que fija el precio de venta al público y obliga a sus proveedores a reajustar a la baja sus precios y costes.
Los citricultores reclaman soluciones. Pero la normativa sobre Planes Estratégicos de la nueva Política Agraria Común (PEPAC) dispone que las intervenciones de regulación de mercados en el sector de las frutas y hortalizas se aplicarán exclusivamente a través de Programas Operativos aprobados a las organizaciones de productores (OP), que comprenderán las medidas de prevención y gestión de crisis.
Lo que significa que la normativa comunitaria nos establece un campo de juego en el que, aparte de las ayudas por pagos directos sujetas a una regulación general para todos los productos, las actuaciones sectoriales con derecho a ayudas en el sector de las frutas y hortalizas pasan necesariamente por la constitución de OP’s que presenten y a las que les sea aprobado un programa operativo, y por el desarrollo de las acciones previstas en el mismo.
En este caso, podrán optar a un catálogo de ayudas del 50% en las inversiones, desde nuevas plantaciones, riegos, variedades protegidas con sus royalties, maquinaria, personal para la mejora de la calidad etc., hasta medidas medioambientales como la lucha biológica, el enterramiento de los restos de poda, o inversiones en renovables, y también a las retiradas de producto con destino distribución gratuita a entidades caritativas, o alimentación animal, en casos de crisis.
El productor que no sea miembro de una OP con Programa Operativo, en el mejor de los casos, podrá optar a las ayudas de los pagos directos, si poseía derechos, pero no a las mencionadas anteriormente, ni tampoco a las de prevención y gestión de crisis (retirada de producto).
Requisitos para una OP
La legislación comunitaria dispone que los Estados miembros podrán reconocer a las organizaciones de productores que lo soliciten y que: a) estén constituidas y controladas por productores; b) se creen por iniciativa de los productores; si comercializan productos distintos de las frutas y hortalizas, la proporción de esos productos no supere el 49% del valor total de la producción comercializada (VPC) de la organización de productores y c) persigan una finalidad específica, que podrá consistir en uno o más de los objetivos siguientes: 1) garantizar que la producción se planifique y se ajuste con arreglo a la demanda, sobre todo en lo referente a la calidad y a la cantidad; 2) concentrar la oferta y la comercialización de los productos de sus miembros, incluyendo la comercialización directa; 3) optimizar los costes de producción y los beneficios de las inversiones realizadas en respuesta a normas relativas al medio ambiente y al bienestar de los animales, y estabilizar los precios de producción; 4) realizar estudios y desarrollar iniciativas en relación con métodos de producción sostenibles, prácticas innovadoras, competitividad económica y la evolución del mercado;
Además de estas consideraciones generales que deben plasmarse en sus estatutos sociales, los miembros se comprometen a una permanencia en la organización mínima de un año (tres en España), solo pueden pertenecer a una única organización para el mismo producto, deben aportar a la misma toda su producción, ningún socio debe poseer directa o indirectamente más del 34% de los derechos de voto, o el 50% del capital social de la entidad, y la organización debe disponer de medios técnicos (personal e instalaciones) para poder realizar la comercialización de los productos de los socios, lo que incluye su normalización previa.
Pese a que a lo largo del tiempo el marco normativo español ha ido dando pasos en la línea de lograr una mayor flexibilización en las condiciones para el reconocimiento, el modelo está muy inspirado en el tradicional del cooperativismo de comercialización, y de hecho son mayoritarias en España las OP bajo la fórmula jurídica de sociedad cooperativa.
No parecería descabellado suponer que, si una parte importante de las ayudas para modernizar las explotaciones, las instalaciones de acondicionamiento de la fruta, y las actuaciones medioambientales, solo pueden recibirse a través de las OP’s con programa operativo, y sus objetivos son la concentración de la oferta y la comercialización en común, el grado de afiliación a las mismas en España y en la Comunidad Valenciana debería ser alto. Sin embargo, los datos existentes no avalan esta consideración, lo que puede ser indicativo de que, pese a sus múltiples ventajas teóricas, en la práctica el modelo no satisface completamente las necesidades de la mayoría de los productores.
Según los últimos datos del MAPA (referidos a 2019) la producción total española de frutas y hortalizas en valores medios es de más de 26 millones de toneladas, de las cuales 15 millones corresponderían a hortalizas, 7 millones a cítricos, 3 a fruta dulce, y el resto a frutos secos, uva de mesa y tropicales. Según la misma fuente, por territorios: Andalucía supone en global el 33% de la producción, seguida de la Comunidad Valenciana con un 16 % y de la Región de Murcia con un 12%.
Pues bien, con datos del programa SOFYH del MAPA, que recoge las declaraciones anuales de las 540 organizaciones de productores reconocidas en España, estas comercializaban en 2019 el 55% de la producción total de frutas y hortalizas, quedando el restante 45% del tonelaje fuera del sistema de organizaciones de productores y de las ayudas de los programas operativos. (sistema OP-PO)
Baja afiliación
Cuando referimos estos mismos parámetros al subsector Cítricos, las cifras son significativamente peores: 213 OP’s venden el 33% de la producción nacional, lo que deja fuera del sistema OP-PO al 67% del total, siendo por fórmula jurídica el 51% de las OP reconocidas Cooperativas, el 38% SAT y el 11% restante sociedades mercantiles (limitadas y anónimas).
Si continuamos profundizando en el análisis para el sector Citrícola nacional, ese 33% de producción en manos de organizaciones de productores se distribuye por productos en el 31% para naranjas, el 38% para pequeños cítricos, el 23% para limones y el 51% para pomelos (poco significativos en la producción total), y en función de territorios, de las 4 regiones productoras principales Cataluña engloba en OP-PO un 66% de su producción y Murcia un 46%, pero las dos principales regiones productoras rebajan sustancialmente estas cifras y Valencia se queda en un 34% y Andalucía en un 20%.
A mayor abundamiento y referido a datos de 2018 del citado programa SOFYH del MAPA, el 26% de las OP de Cítricos tienen un Valor de la Producción Comercializada (VPC) en euros inferior a 5 millones de euros, el 47% de las OP están entre 5-20 millones de euros de VPC, un 17% de las OP entre 20 -50 millones de euros de VPC, un 7% entre 50-100 millones de euros y solo un 2% supera los 100 millones de euros.
Finalmente, la ayuda recibida por estas OP de Cítricos con programa operativo, que comercializaban el 33% de la producción total, con datos del año 2019 ascendió a unos 145 millones de euros. Si el grado de participación en el sistema OP-PO hubiera sido más alto, obviamente las ayudas recibidas por el conjunto del sector citrícola se hubieran incrementado significativamente.
La Gestión de Crisis
Hay otro elemento que nos permite calibrar la representación del sistema OP-PO en España y es su capacidad para gestionar las crisis de precios, o de oferta, o de demanda, utilizando el mecanismo de las retiradas de fruta a destinos como la distribución gratuita a bancos de alimentos o a alimentación animal, es decir, la actuación dentro de los programas operativos denominada prevención y gestión de crisis.
Utilizando por coherencia estadística los datos de los PO ejecutados en 2019 en España, con datos del FEGA 2021, las ayudas totales pagadas ascendieron a 269 millones de euros, de los cuales la Medida 6 ‘Prevención y Gestión de Crisis’ consumió 30 millones de euros, el 11,6% del total de las ayudas PO.
Pero si profundizamos en el análisis de los datos y vamos a los volúmenes reales de producción que se ha visto beneficiada por este tipo de medida encontramos que son un total de 88.200 toneladas, de las cuales 25.800 t corresponden a distribución gratuita en fresco, 35.300 t a distribución gratuita de producto transformado, 17.600 t a alimentación animal y 7.300 t a compostaje. Estas cifras suponen que en dicho año la distribución gratuita en conjunto alcanzó el 69% de los productos retirados, la alimentación animal el 20% y el compostaje el 8%, como destinos principales.
Descendiendo a los datos concretos del sector citrícola nacional la misma fuente nos indica que fueron objeto de retiradas: 16.900 toneladas de naranjas, 9.400 de mandarinas, 8.200 de clementinas y 487 de limones, aproximadamente unas 35.000 toneladas, con unas ayudas destinadas a esta finalidad de aproximadamente 10 millones de euros.
La mera comparación de las cifras de volúmenes retirados totales —88.200 t— sobre la producción española —26 millones de t— es decir, el 0,33%, o en el caso citrícola 35.000 toneladas sobre 7 millones, el 0,5%, nos pone de manifiesto que aunque desde el punto de vista del sistema OP-PO pueden parecer cifras significativas de utilización del recurso para gestionar las crisis por las entidades que están dentro (las 540 organizaciones de productores reconocidas, o las 213 citrícolas), parece evidente la nula capacidad del mismo para influir y cambiar el signo de los mercados, cuando este precio suelo que suponen las ayudas para retirada solo alcanza a un porcentaje de la producción total en números redondos del 0,5%. Incluso si partimos de que dentro del sistema OP-PO está el 55% del total, solo el 1% de la producción incluida en el mismo utiliza y se beneficia del mecanismo de gestión de crisis previsto por la normativa.
Ello puede ser debido a los límites que la normativa comunitaria exige que no se sobrepasen dentro del conjunto del programa operativo, y particularmente que las retiradas no pueden superar en un año el 5% de la media del volumen comercializado de un producto en las tres campañas anteriores, pero contando con esta consideración el 1% sigue lejos del 5% máximo teórico posible.
La consecuencia final que podemos obtener es que el modelo de gestión de crisis dentro de los programas operativos para que pueda cumplir su finalidad debería ser capaz de integrar a un mayor porcentaje de la producción en el sistema OP-PO, para que sus efectos pudieran trasladarse eventualmente al conjunto del mercado, como condición necesaria, aunque no suficiente.
‘Probar antes de comprar’
Por todo ello, con la vista puesta en aumentar el porcentaje de producción citrícola dentro del sistema OP-PO y paliar los efectos de las crisis de precios que se viene padeciendo, parece necesario revisar algunos de los requisitos del actual modelo comunitario-español que se ofrece al productor citrícola, dentro de la regulación global de las frutas y hortalizas, y vamos a detenernos en dos elementos desde nuestro punto de vista perniciosos para aumentar la cuota de las OP. Nos referimos al periodo de permanencia obligatorio de 3 años (únicamente en España), que puede llegar hasta 5, si la OP dispone de programa operativo en vigor, y a la imposibilidad de reconocer a entidades que solo lleguen hasta la fase de concentración de oferta, pero no culminen la de adquisición o puesta a disposición de medios técnicos para la comercialización.
La normativa comunitaria establece que el periodo mínimo de adhesión de un productor no podrá ser inferior a un año. Esta exigencia mínima en el caso de España se ha convertido en 3 años, que se pueden ampliar hasta 5 ya que igualmente dice: “En el caso de que la organización esté aplicando un programa operativo, ningún miembro podrá desvincularse o incumplir las obligaciones derivadas de dicho programa durante la aplicación del mismo, salvo que la organización lo autorice, lo que no suele ser habitual, añadimos por nuestra parte”.
Se impone reflexionar si como sector citrícola queremos que las ayudas de gestión de crisis sean para las OP’s ya existentes, con sus virtudes y defectos pero solo con un 33% de la producción en sus manos, o pretendemos un sistema en el que la gran mayoría de productores encuentren un acomodo y que mejore su poder de negociación
La normativa europea fija un periodo mínimo de adhesión a una OP de un año. En el caso de España se ha convertido en 3 años, ampliables hasta 5 si participa de un programa operativo. Aún con malas liquidaciones, el socio está ‘atado’, lo que no estimula la competencia. Es necesario flexibilizar, permitir admitir socios una campaña “a prueba” y en función de resultados renovar por otro periodo de un año, o cortar la relación
Se consiente que existan miembros productores cuyo periodo mínimo de adhesión sea inferior a tres años, pero bajo las siguientes condiciones: a) No deberán figurar en el registro general, sino en un registro aparte; b) No computarán a efectos de los mínimos para obtener el reconocimiento; c) El valor de su producción no podrá representar más del 20% del valor de la producción total de la organización, debiendo considerarse como compras a terceros el importe que sobrepase de dicho porcentaje; d) No podrán suponer más del 20% de los miembros totales de la organización y e) Ni ellos ni sus explotaciones podrán estar en estas circunstancias de adhesión en una organización más de dos años de cada seis.
El endurecimiento sobre la normativa comunitaria del periodo del permanencia de 1 año, a mínimo tres años, que pueden ser cinco, o incluso más, si el miembro se despista y entra en el ciclo de un nuevo programa operativo, se debe a la preocupación del sector cooperativo, trasladada y asumida por los responsables ministeriales, para evitar los vaivenes de entrega de producto que podrían sufrir las organizaciones en función de las expectativas de venta de cada campaña y de los resultados de campañas anteriores. Por el contrario, esta situación de no movilidad del socio, no estimula la competencia entre las entidades reconocidas, que saben que, aunque haya malas liquidaciones, el socio está atado y penalizado si usa su derecho a irse.
Es necesario flexibilizar esta posibilidad que permitiría admitir a un socio una campaña “a prueba” y en función de los resultados renovar por otro periodo de un año, o cortar la relación. Hasta un máximo de tres o incluso cinco renovaciones, para que el socio tenga la posibilidad de evaluar el funcionamiento de la OP y decidir libremente su permanencia.
Como decimos, esta posibilidad de ‘probar antes de comprar’ “estimularía la competencia entre las OP’s y las obligaría a obtener buenos resultados económicos en las liquidaciones, lo que a su vez promovería la entrada de nuevos socios, ya que cabe partir de la base de que un posible miembro productor de una OP valora más las buenas liquidaciones obtenidas de la venta de los productos en el mercado, que el montante de las ayudas que pueda percibir, que es muy inferior, tanto en valores absolutos, como en relativos medidos en proporción ayudas/ingresos (cabe recordar que el límite de ayuda por normativa comunitaria de los PO es el 4,1% del valor en euros de la cifra de negocio de la OP). Las ayudas complementan, pero no deciden hacia donde se inclina la balanza.
OP’s de concentración de oferta
La teoría de que cuando los productores asumen dentro de la cadena las funciones de comercialización llegando hasta la fase minorista, representada por la gran distribución, aumentarán el valor añadido de sus producciones y se quedarán con un mayor margen comercial para sus socios, es efectivamente una teoría, como la de superar los costes efectivos de producción en un mercado globalizado y totalmente abierto. La práctica nos demuestra que es muy difícil para una nueva entidad comenzar en un mercado muy maduro como es el citrícola, dominado en el precio de venta por cadenas concentradas y potentes, que pueden imponer condiciones de compra. Estas exigen programas temporales amplios de suministro, quieren proveedores fiables, y en poco número para que los estándares de comercialización no se vean alterados por cambios, funcionan por gestores de categorías o category management.
Es necesario flexibilizar el reconocimiento hacia OP’s de ‘concentración de oferta’, que puedan vender producto acondicionado en instalaciones propias o de terceros, o sólo vender producto normalizado en campo, en función de los resultados de cada operación. Así aumentaría la comercialización de cítricos por OP’s. Que nadie se rasgue las vestiduras: España ya lo ha dispuesto para las subastas de Almería
Estas condiciones de entrada a los circuitos comerciales no están disponibles para OP de nueva creación, a las que además se obliga en virtud de los requisitos de reconocimiento a soportar una estructura administrativa y a disponer de personal e instalaciones en propiedad o arrendadas. Los promotores son agricultores, no financieros, todos los gastos del funcionamiento de la OP recaen sobre los ingresos por venta de productos, por lo que, si estos se incrementan, las liquidaciones a los socios serán más bajas y a partir de ahí se entra en un proceso de fuga de socios que agrava los costes para los que se quedan y culmina con la disolución de la organización. Con el modelo actual es muy difícil que se incrementen los porcentajes del 33% de producción de cítricos comercializados por organizaciones de productores.
Conscientes de estos problemas algunas organizaciones sectoriales con presencia en el mundo de las OP, abogan por subir los mínimos actuales para el reconocimiento (vigentes desde 1997) para obligar a los que no puedan ser reconocidos a integrarse en sus estructuras, pensando que una vez dentro por la regla de los 3/5 años, ya tendrán nuevos socios incapacitados para cambiar de OP, aunque los resultados no sean buenos.
No parece, por las cifras que hemos expuesto anteriormente, que esta pueda ser la solución para la mayoría de productores, y sí producirá de entrada un descenso de los porcentajes de producción comercializada por las OP, ya de por sí bajos en el sector citrícola.
No obstante, consideramos que flexibilizar el reconocimiento hacia unas OP de concentración de oferta, de forma que tengan ambas posibilidades: optar por vender producto totalmente acondicionado con instalaciones propias o de terceros, o únicamente vender producto normalizado en campo, en función de los resultados económicos que proporcione cada operación, puede ser una buena alternativa para incrementar los porcentajes actuales de comercialización de cítricos por las OP. Y que nadie se rasgue las vestiduras: España ya ha hecho esta excepción de venta de producto sin normalizar y sin exigencia de medios técnicos para las subastas de Almería.
El productor dentro de estas OP podría optar a las ayudas del sistema OP-PO para modernizar sus explotaciones, hacerlas más competitivas y más sostenibles desde el punto de vista medioambiental, tendría la posibilidad de acceder a los mecanismos de retirada del mercado con un precio suelo, y la fruta llegaría al mercado por los canales mayoristas ya existentes, que son los que tienen las llaves de entrada a la gran distribución, pero en condiciones de competencia equilibrada, no por entregas de socios que no tienen más remedio.
Esos grupos de productores organizados en OP se podrían beneficiar de economías de escala en la compra de inputs, y si consiguen los niveles de calidad adecuados y de fiabilidad en el suministro, podrán darse a conocer en el mercado y evolucionar en un futuro hacia la venta de producto totalmente acondicionado. Es una cuestión de confianza.
Querer obligar a los productores a asumir que solo podrán acceder a las ayudas del sistema OP-PO si aceptan un determinado modelo que les condiciona inexcusablemente los resultados de la comercialización de su fruta para un periodo de 3-5 años, solo beneficia a los actuales ya integrados que disfrutan en exclusiva de las ayudas OP-PO, pero desde luego estos no crecen en número de socios. En definitiva, se trata de reflexionar si como sector citrícola queremos que las ayudas del sistema OP-PO, los aproximadamente 150 millones de euros anuales que hemos visto se han pagado en 2019 en España, sean para las OP ya existentes, con sus virtudes y defectos, pero solo con un 33% de la producción en sus manos, o de verdad pretendemos un sistema en el que la gran mayoría de productores encuentren un acomodo, de forma que puedan recibir ayudas para la mejora de sus explotaciones, pero a la vez decidir directamente sobre la comercialización de sus productos ganando capacidad de negociación, porque ya hemos visto en estas últimas campañas que la concentración de la oferta y las ayudas de los programas operativos, por si solas, no consiguen en muchos casos mejorar la rentabilidad de los productores en situaciones de crisis. Es el inconveniente de los planteamientos teóricos y sectarios: no siempre se adaptan a la realidad e impiden evolucionar y solucionar problemas.
(*) Presidenta del Comité de Gestión de Cítricos (CGC)
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