La irrupción de grandes capitales y fondos de inversión amenazan el modelo tradicional agrario andaluz

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COAG Andalucía reclama una defensa más firme de la agricultura social y profesional

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El balance del ejercicio 2023 no presenta datos positivos para el campo andaluz. / ARCHIVO

Valencia Fruits. Redacción.

Finaliza el año y desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos —COAG— de Andalucía se hace balance de un periodo complicado para los agricultores y ganaderos andaluces, que se han visto inmersos en una tormenta perfecta de vicisitudes que han provocado una grave crisis en el sector, obligando a muchos profesionales a endeudarse hasta el límite de sus posibilidades, en algunos casos, y hasta abandonar la actividad, en otros. 

Los motivos, según señala COAG, han sido muchos y de peso, empezando por las graves consecuencias de una pertinaz sequía que este año ha acumulado cinco años sin lluvias, y que ha supuesto una auténtica ruina para los productores de secano, para los ganaderos —que se han quedado sin pastos para alimentar al ganado—, y para las grandes zonas regables como, por ejemplo, la del Bajo Guadalquivir y la Axarquía malagueña, que llevan dos años consecutivos sin sembrar y sin obtener rendimientos.

También propiciado por la sequía, y con la puntilla del conflicto bélico en Ucrania, los costes de producción se han mantenido disparados este año, después de que en 2022 se alcanzara un récord de incremento de los gastos sin precedentes en los últimos 50 años. Unas subidas que no se han visto reflejadas en los precios en origen percibidos por los agricultores y ganaderos, por lo que la balanza de la cadena alimentaria continúa desestabilizada.

Por si no había suficientes desgracias, señala la organización, en este 2023 que ya se aleja, el sector se ha enfrentado a la entrada en vigor de la nueva PAC, un verdeo de escaparate que no ataja el proceso de uberización del campo español y europeo, una reforma que, a juicio de COAG, no es justa ni social, y acelera el proceso de desaparición de las pequeñas y medianas explotaciones. 

Para esta organización agraria, la nueva arquitectura verde, en un marco de desregulación de mercados y una mayor volatilidad de los precios, cae como una pesada losa sobre el modelo social y profesional agrario, aumentando los costes de producción y la consiguiente pérdida de rentas en el sector antes referida, y agravando aún más la competencia desleal de terceros países. En este sentido, hay que destacar que desde COAG se defiende la sostenibilidad ambiental, pero unida a la económica y social.

En este contexto, y en relación a este modelo social y profesional de agricultura, mayoritario en Andalucía, Miguel López, secretario general de COAG Andalucía, afirma que se encuentra gravemente amenazado por la irrupción de grandes capitales y fondos de inversión que imponen un modelo ‘uberizado’ de agricultura, que forma parte de largas cadenas de comercio global, que acaparan nuestros recursos naturales y no revierte en el territorio. 

Miguel López, secretario general de COAG Andalucía: “Está en peligro la vida de nuestros pueblos, la seguridad y la soberanía alimentaria”

Por ello, el responsable de COAG Andalucía reclama una defensa más firme de la agricultura social y profesional, ya que “está en peligro la vida de nuestros pueblos, la seguridad y la soberanía alimentaria. Es necesario reforzar el modelo social y profesional de agricultura, proteger a las personas que mantienen las explotaciones más vulnerables, imprescindibles para garantizar nuestra alimentación y soberanía alimentaria en un contexto de crisis climática y energética”.

Deseos y retos para el nuevo año

Para el nuevo año, COAG Andalucía espera y desea que se consigan unos precios justos y unas rentas dignas para los hombres y mujeres del campo, que motiven el tan necesario relevo generacional, así como que se aplique en toda su dimensión la ley de la cadena, denunciando su incumplimiento, extendiéndola a todas las producciones, haciendo valer que los precios cubran los costes de producción.

La organización también hace hincapié en las consecuencias que el cambio climático está teniendo ya —y va a más—, en los rendimientos productivos en prácticamente todo el sector. En estos últimos tres años los rendimientos son menores, tanto en la agricultura como en la ganadería. Y esto hay que tenerlo en cuenta, no sólo es un problema del sector agrario, sino de toda la sociedad, porque está en peligro el abastecimiento de alimentos. Por ello, para esta entidad, los precios agrarios y la PAC deben incentivar la producción agraria para evitar tener un problema muy serio de desabastecimiento. 

Y para ello es imprescindible que los costes de producción, las inversiones necesarias para combatir el cambio climático (tecnología para optimizar recursos hídricos, mitigar los golpes de calor y material vegetal que permita afrontar cambios bruscos de temperatura y la falta de agua), así como la rentabilidad para el productor, estén incluidas en el precio en origen.

Asimismo, esta organización agraria demanda que se ponga pie en pared a la competencia con terceros países y se recupere el principio de preferencia comunitaria, frente a las importaciones sin control que no cumplen las normas comunitarias y hacen saltar las alertas a diario por contener sustancias perjudiciales para la salud. Desde el 1 de enero de 2023 hasta hoy, el RASFF (Rapid Alert System Feed and Food) ha notificado un total de 913 alertas por pesticidas en productos agroalimentarios.

“En relación a las importaciones —afirma el responsable de COAG Andalucía—, tenemos que exigir que todos los productos que entren de terceros países se equiparen a los estándares de producción de la UE, tanto a normativas de bienestar animal, regulaciones de fitosanitarios, normativas medioambientales (nitrógenos ganadería) obligaciones laborales, etc. Es decir, si utilizan sistemas de producción prohibidos en la UE, rechazar la entrada y puesta a disposición de los consumidores dentro de la UE. Si lo que incumplen son normativas laborales, fiscales, etc. con respecto a nuestras regulaciones (no las de sus países de origen), hay que hacerles pagar tasas arancelarias cuyos importes se destinarían a un fondo anti-crisis de gestión estatal para cada sector afectado”.

En definitiva, termina el 2023 con este triste escenario: crisis en el sector agrario por la sequía, bajos precios en origen, y una nueva política agraria que sólo ha traído más perjuicios por el exceso de burocracia y pérdidas económicas para los agricultores y ganaderos andaluces.  “Ha quedado retratada la hipocresía de la Unión Europea —comenta Miguel López—, ya que la seguridad alimentaria no está garantizada en Europa porque quienes mandan son el poder económico y comercial. Los mercados financieros, los fondos de inversión y la distribución se están forrando a costa de importar alimentos de terceros países donde todo vale, hasta el veneno. Ni importa la salud pública, ni el medioambiente, ni el modelo social y profesional de agricultura que es el único que distribuye riqueza, genera economía social y empleo, fija la población al territorio, y es el más sostenible de todos”.

“Esperemos que 2024 traiga mejores noticias para las mujeres y los hombres del campo, toda el agua que tanta falta hace y precios justos, coherencia y honradez para quienes definen las normas y deben controlar que se cumplan, e ilusión y motivación para que los jóvenes tomen el relevo en el sector agrario, para que sigan dando vida a nuestros pueblos andaluces”, concluye Miguel López.