La ley persigue contribuir a un desarrollo «más sostenible y equilibrado» de Andalucía impulsando el crecimiento del consumo de productos ecológicos y de otras producciones certificadas
En el caso de otras certificaciones destaca la producción integrada, donde Andalucía ronda las 433.000 hectáreas y los 45.000 productores. / Archivo
Efeagro.
La ley de Impulso y Promoción de la Producción Ecológica y otras Producciones Agrarias, Pesqueras y Acuícolas Certificadas, la primera que se pone en marcha en una comunidad autónoma en España, ha iniciado su tramitación parlamentaria tras el debate a la totalidad que abre paso a las aportaciones de los grupos de la Cámara.
El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha presentado en el pleno del Parlamento esta norma «resultado del diálogo y escucha» con instituciones, organizaciones y productores cuyo objetivo final es «alinear la demanda con la oferta actual».
Según ha explicado, la ley persigue contribuir a un desarrollo «más sostenible y equilibrado» de Andalucía impulsando el crecimiento del consumo de productos ecológicos y de otras producciones certificadas ya que, aunque la región es líder nacional y europeo en producción, «la evolución del consumo interior no aumenta al mismo ritmo».
Fernández-Pacheco ha remarcado que la nueva ley contribuirá a “consolidar el liderazgo de Andalucía en producción ecológica, fomentar el consumo de estos productos, mejorar su comercialización y fortalecer un modelo productivo sostenible y competitivo”.
Ha detallado que la región ronda los 1,5 millones de hectáreas certificadas, una extensión que supone casi el 50% del total de España, y, en cuanto al tejido empresarial, este modelo productivo supera los 21.400 operadores en Andalucía.
La región ronda los 1,5 millones de hectáreas certificadas, una extensión que supone casi el 50% del total de España, y, en cuanto al tejido empresarial, este modelo productivo supera los 21.400 operadores en Andalucía
En el caso de otras certificaciones destaca la producción integrada, donde Andalucía ronda las 433.000 hectáreas y los 45.000 productores, mientras los productos pesqueros certificados han registrado un importante crecimiento en los últimos años tanto en el ámbito de la acuicultura como en el de la captura silvestre.
La norma prevé dar prioridad a la producción ecológica en su planificación estratégica, poner en marcha actuaciones de promoción específicas para alimentos ecológicos y el fomento de su consumo en los centros dependientes de la administración autonómica.
Además, se prevé también constituir el premio ‘Producción Ecológica de Andalucía’ y bonificar al 50 % los servicios facultativos veterinarios para las explotaciones ecológicas.
La diputada socialista Ana María Romero ha opinado que esta ley es «una oportunidad perdida» para debatir sobre el modelo agrario y ha recordado que el liderazgo andaluz «no ha surgido por generación espontánea, sino que es fruto de la valentía y visión de futuro que comenzó hace 20 años con el PSOE».
A su juicio el impulso de la norma se «diluye» al incluir junto a la ecológica otras producciones certificadas, lo que deja una base jurídica «no demasiado clara» y «puede llevar a la confusión y a perder el foco, provocando incertidumbre y vaguedad a la hora de reforzar y proteger la producción ecológica».
«Es una ley necesaria, sí, pero bastante mejorable», ha insistido la portavoz del PSOE, que ha pedido aclarar qué modelos se fomentan y ha pedido al PP que «no venga a ponerse la medalla de lo verde mientras se aplican políticas grises».
Desde Vox Alejandro Hernández ha asegurado que el texto tiene «serias lagunas» y se echa en falta «rigor técnico», ya que la mezcla de distintas producciones «solo puede perjudicar a las no amparadas en esta ley y generar confusión entre los consumidores».
Ha lamentado la carencia de un régimen sancionador y ha criticado el «fundamentalismo ecológico», a la vez que ha reclamado que no se sustituya la producción tradicional por la ecológica sino que se mantenga esta última «como una opción más, siempre que suponga potenciar el sector primario y no criminalizar la producción tradicional».
El portavoz de Por Andalucía Juan Antonio Delgado ha indicado que su grupo está de acuerdo en la forma pero que desconoce el fondo y ha puesto como ejemplo que «se habla de ayudas pero no se especifica ni un solo euro ni unas prioridades claras».
«Es una declaración de buenas intenciones pero con pocas herramientas y poca capacidad para hacerse realidad», ha denunciado Delgado, que ha advertido del riesgo de que la norma quede en «papel mojado» y se limite a ser «márketing, fuegos artificiales, titulares vacíos y poco más».
Por parte del PP Susana González ha asegurado que esta ley marcará «un antes y un después» en la forma de contribuir en Andalucía a la vez a la rentabilidad y la sostenibilidad de los cultivos y ha pedido a los grupos de la oposición que aporten «críticas constructivas» durante la tramitación parlamentaria.
