El sector agrario afronta la nueva legislatura con desafíos como la nueva PAC, la crisis de precios, el Brexit, los seguros agrarios, los aranceles de EEUU o el conflicto del agua
Los agricultores viven con incertidumbre la negociación de la nueva PAC. / Archivo
El sector agrario afronta la nueva legislatura con desafíos que ya estaban encima de la mesa, como la negociación de la nueva PAC, la crisis de los bajos precios en origen en sectores estratégicos, la mejora de la política de seguros agrarios para compensar los estragos climáticos o la solución a las pérdidas por los aranceles de Estados Unidos.
La volatilidad de los precios de los costes de producción (“inputs”), la progresiva prohibición de sustancias para la elaboración de fertilizantes y pesticidas por parte de Bruselas, las consecuencias de la salida de Reino Unido como socio comunitario a partir del próximo 31 de enero, el conflicto territorial por el uso del agua para riego y los nuevos requisitos medioambientales y de seguridad alimentaria marcarán también la agenda de la actividad agraria en los próximos años.
Además, los agricultores deberán conocer y valorar los cambios propuestos para la legislatura que arranca esta semana en materia laboral, fiscal y económica, así como las actuaciones que se apliquen en temas vitales —y repartidos entre diferentes carteras ministeriales— como el desarrollo rural, la digitalización, el rejuvenecimiento del sector y la incorporación de la mujer.
La principal incertidumbre que tendrá que afrontar el nuevo Gobierno y el sector agrario a corto y medio plazo será cómo quede armada y dotada la nueva Política Agraria Común (PAC), cuya negociación se encuentra pendiente de la aprobación de la nueva ficha financiera de la Unión Europea para el periodo 2021-2027, tras la salida del Reino Unido el próximo 31 de enero.
Incertidumbre sobre la PAC
Los agricultores viven con incertidumbre este momento de cambio y se plantean cuestiones como si seguirán recibiendo el mismo nivel de ayudas, cómo planificarán sus cultivos e inversiones ante los nuevos requisitos medioambientales en la UE del “Pacto Verde” o de qué forma conservarán una renta suficiente para garantizar la viabilidad de sus explotaciones con una crisis de precios en origen que sigue provocando desequilibrios en la cadena agroalimentaria.
Desde el Gobierno, con el nuevo ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, —que repite en el cargo— y las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA y Cooperativas Agro-alimentarias defienden que es imprescindible contar con el mismo presupuesto de la actual programación.
En su opinión, para acometer los tres ejes fundamentales de la nueva PAC propuesta por la Comisión Europea (fomento de un sector agrícola inteligente y diversificado que garantice la seguridad alimentaria; intensificación del cuidado del medio ambiente y la acción por el clima; y fortalecimiento del tejido socio-económico de las zonas rurales) no se puede aceptar un recorte del presupuesto sino que hay que “mantenerlo o incrementarlo”.
Unos 50.000 millones
De esta forma, el sector agrario español espera contar como mínimo con el presupuesto actual de 50.000 millones de euros (incluidos los fondos europeos, el presupuesto nacional y de las Comunidades Autónomas).
Dentro de las negociaciones de la nueva PAC, el Gobierno, las Comunidades Autónomas y el sector agrario deberán intensificar el diálogo en los grupos de trabajo creados para poder presentar el Plan Estratégico español que aglutine los nueve objetivos marcados para una nueva PAC más sostenible: asegurar una renta justa, aumentar la competitividad, potenciar el equilibrio de la cadena, apoyar el relevo generacional, proteger la calidad de los alimentos y de la salud e impulsar la transferencia del conocimiento.
Con un enfoque más verde, la propuesta de la PAC hace un especial hincapié en que los agricultores de la UE deberán tener una implicación en la protección del medio ambiente; conservar el paisaje y la biodiversidad; y adecuar su actividad en las acciones contra el cambio climático.
El agua, un recurso en liza
Llegar a un acuerdo para la gestión sostenible del agua en España sigue siendo una asignatura pendiente. La política desarrollada por el actual Gobierno con el trasvase Tajo Segura ha abierto fuertes discrepancias en las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. Conseguir una solución a esta problemática, aunando los intereses medioambientales y económicos, seguirá siendo un desafío para los próximos meses.
Aunque la política de seguros agrarios está consolidada en España, la elevada siniestralidad sufrida por los agricultores, con unas indemnizaciones de 2.000 millones de euros en los últimos tres años, ha llevado a los representantes del sector a demandar una mayor aportación presupuestaria por parte de las administraciones competentes y cambios en las peritaciones.
A este respecto, el ministro de Agricultura afirmó en la COP25 que en España conviven 13 tipos diferentes de clima y los agricultores afrontan ya cambios en los calendarios y elección de los cultivos como consecuencia de la crisis climática.
Siembras tardías y cosechas tempranas, sequías que impiden la rentabilidad de los cultivos, aumento del número de plagas o dificultades en la floración aparecen, según el ministro, como los principales efectos de las adversidades climáticas en las producciones agrarias.
