La UE da luz verde definitiva para redirigir fondos europeos para la DANA

Gustavo Ferrada Navidad
Deterra líder multiproducto

La UE aprueba la redistribución de fondos para apoyar al sector agrícola tras desastres naturales

Daños en kaki por la DANA de octubre. / VF

Efeagro.

La Unión Europea ha dado luz verde definitiva al reglamento “Restore”, una medida que permitirá a los Estados miembros redirigir hasta el 10% de los fondos del FEDER y FSE+ para abordar los efectos de desastres naturales como la reciente DANA en España. Esta decisión representa un importante alivio financiero para la reconstrucción de infraestructuras, apoyo a pequeñas empresas y mantenimiento del empleo en las regiones afectadas.

Fondos rurales para emergencias agrícolas

En paralelo, la UE ha aprobado también modificaciones en el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER), que facilitarán la utilización de fondos no ejecutados del presupuesto 2014-2020 para brindar ayuda directa a agricultores y silvicultores afectados por desastres climáticos desde el 1 de enero de 2024. Estas ayudas incluyen pagos de emergencia de hasta 42.000 euros por beneficiario y medidas para restaurar la capacidad productiva de las explotaciones dañadas.

El reglamento establece una cofinanciación del 95 % para los proyectos financiados con fondos europeos, minimizando la carga financiera para los presupuestos nacionales. Además, permite anticipos de hasta el 25 % del total asignado para agilizar la ejecución de las medidas, y autoriza el uso retroactivo de los fondos para cubrir gastos realizados en 2024 y 2025.

Impacto en España

España, con una asignación total de 35.376 millones de euros para 2021-2027 (23.540 millones del FEDER y 11.153 millones del FSE), podrá movilizar hasta 3.500 millones de euros con esta medida. Además, las ayudas del FEADER apoyarán a agricultores cuyas explotaciones hayan perdido al menos un 30 % de su potencial productivo, un punto crucial para sectores afectados por fenómenos climáticos extremos.

Ambas medidas entrarán en vigor tras su publicación en el boletín oficial de la UE, con los primeros pagos previstos para finales de 2025. Con este marco normativo, la UE busca reforzar su capacidad de respuesta ante las adversidades climáticas que golpean cada vez más frecuentemente a las áreas rurales.