El proyecto contra el que se alzan las comunidades del sureste español propone reducir los trasvases un 40% de cara a 2027
“¡Hasta aquí hemos llegado!” es el mensaje que rezaba la pancarta que ha presidido la protesta contra los recortes. / PROEXPORT
RF. Redacción.
Según detalla Efeagro, las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura presentadas por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) proponen reducir las derivaciones hasta en un 40% para 2027. Estas reglas prevén que, frente a la media de 320 hectómetros cúbicos (hm3) anuales trasvasados desde la cabecera del Tajo hacia el Levante, en 2026 se podrán derivar 248 hm3 y en 2027, 193 hm3. Esta reducción ha suscitado las críticas y queja unánimes de la Región de Murcia y Comunidad Valenciana y los regantes, aunque tiene el visto bueno de Castilla-La Mancha.
La propuesta, recogida en un informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) expuesto el 29 de abril en el que se basará el futuro decreto ley para regular el trasvase, permitirá cumplir el primero de los escalones del caudal ecológico del río Tajo fijado en el Plan Hidrológico, según explicaba el Miteco en un comunicado.
El citado informe del Cedex plantea elevar hasta los 1.600 hm3 las reservas de los pantanos de Entrepeñas y Buendía para declararlos en nivel 1, mientras que en la actualidad ese umbral se sitúa en los 1.300 hm3. Además, se recortarían los volúmenes a trasvasar tanto en nivel 2 como en nivel 3, al tiempo que plantea que los embalses entren en nivel 3 (“situaciones hidrológicas excepcionales”) cuando acumulen 550 o 600 hm3, mientras que en la actualidad se fija en 400 hm3. En 2025, cuando los embalses estén en nivel 2, se podrían trasvasar de forma automática al mes 24 hm, que se reducirán a 23 hm3 en 2026 y 18 hm3 en 2027.
Las normas actuales recogen que los trasvases en nivel 2 son de 27 hm3 mensuales, autorizados de forma automática. Y en nivel 3, se propone que puedan trasvasar de forma automática 11 hm3 al mes en 2025, 10 hm3 en 2026 y 9 hm3 en 2027. En la actualidad, se pueden aprobar trasvases de 0 hasta 20 hm3 al mes a discreción del Miteco.
Esta semana está prevista una nueva reunión del Miteco tras la que “se explicarán todos los detalles del informe y los pasos posteriores, tanto a los usuarios como a las comunidades autónomas afectadas, sin perjuicio de todas las aportaciones que se reciban durante el proceso de información pública al que debe someterse el proyecto de actualización del decreto”, según un comunicado.
Reacciones en el Levante
Las nuevas reglas levantaron inmediatamente críticas entre los gobiernos autonómicos afectados. La Generalitat Valenciana acusaba al Gobierno central de cambiar sin consenso las reglas de explotación del trasvase para “reducir drásticamente” los envíos mensuales mientras que en un comunicado, el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, culpabilizaba al Ejecutivo de imponer “decisiones ideológicas que afectan directamente a la economía, al empleo y al futuro de miles de familias” del sur de Alicante, con reglas que llegan “sin consenso técnico ni territorial y de espaldas a los regantes y agricultores” el conseller afirmaba que “no trasvasar agua supone un castigo a la Comunitat Valenciana”.
El Gobierno murciano, que ya el lunes, cuando se filtraron las nuevas reglas, acusó al Miteco de “deslealtad”, al no haber informado a las comunidades. “A nosotros nos citaron a una reunión, nos decían que querían trabajar de manera conjunta para elaborar esas nuevas reglas de explotación y no sabemos nada”, afirmaba la consejera murciana de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, quien aseguraba que si las reglas de explotación se basan en los caudales ecológicos fijados en el Plan del Tajo serán igual de “ideológicos” que el propio plan. Y ha señalado que la pérdida de esos caudales significaría perder también más de 15.000 empleos directos en Murcia, Alicante y Almería, más de 27.000 hectáreas de cultivo y más de 5.692 millones de euros.
Por su parte, el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, alertaba ese martes a EFE que con las nuevas reglas “va a haber muchísimos meses y años de trasvase cero”. “El daño que se va a infringir a este sector en el año 2027, con la entrada de esa batería de normativas orientadas a acabar con el sector agrícola, va a ser un daño tremendo”, comentaba Jiménez, que ha acusado al Miteco de apostar por “la destrucción del sector productivo, agrícola y ganadero” de la zona.
Proexport y sus empresas asociadas, “las cuales generan más de 28.000 empleos directos”, se han alineado con la posición de SCRATS, oponiéndose frontalmente a las propuestas del Ministerio que, “en caso de llevarse a cabo, provocarán una debacle en la economía regional como consecuencia del cierre de empresas y la pérdida masiva de empleos”.
Mariano Zapata, presidente de Proexport, mostraba su preocupación ante esta situación. “Si finalmente se activan las medidas previstas por el Gobierno, la repercusión social para el sureste español puede ser demoledora, sin agua para regadío es insostenible la agricultura, lo que supondría, el abandono de los agricultores, el cierre de muchas empresas y la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y de generación de riqueza para la zona”, aseguraba con rotundidad.
Protestas y vía judicial
La reacción de SCRATS no se hizo esperar y convocó una rueda de prensa el 30 de abril que Lucas Jiménez abrió con un “llegó lo que sabíamos que iba a llegar” y que fue el paso previo a un acto de protesta en Murcia convocada para el martes 6 contra las nuevas reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura.
Al acto de la Cámara de Comercio de Murcia, presidido con una pancarta que rezaba “¡Hasta aquí hemos llegado!”, han acudido representantes al máximo nivel de representación institucional de Andalucía, la Región de Murcia y de la Comunidad Valenciana así como políticos de todos los signos de las tres provincias, organizaciones agrarias y empresariales con el objetivo de intentar parar “esta locura de restricción —de los envíos de agua— sin ofrecer nada a cambio”.
Más allá de esta protesta que ha colapsado las instalaciones de la Cámara de Comercio murciana, el gobierno regional ya ha anunciado que Murcia irá a la vía judicial contra el trasvase que también quieren frenar los regantes. El presidente de Murcia, Fernando López Miras, afirmaba que van a recurrir todo vía judicial, “porque es una decisión política, no es una decisión basada en criterios técnicos”, y supone “un recorte del 50% del agua trasvasable”. Es una “sentencia de muerte” para la agricultura regional, ya que en 2027 será “inviable” esta actividad en la comunidad, afirmaba hace unos días López Miras.
Podemos cerrar con las palabras de Mariano Zapata, presidente de Proexport: “Esperamos que la llamada de socorro del sector ante esta injusticia sea escuchada por todos los ciudadanos y sus representantes políticos. Si es preciso, nos movilizaremos y esperamos que tanto las administraciones como la sociedad entiendan que su apoyo es indispensable”. La guerra del agua queda reabierta oficialmente en España.
La perspectiva desde la cabecera del Tajo
El Gobierno de Castilla-La Mancha indicaba en un primer momento no haber recibido aún el borrador de las nuevas reglas, pero la consejera portavoz, Esther Padilla, consideraba en rueda de prensa que, de confirmarse las cifras avanzadas, serían “positivas”. “Eso es positivo, si se confirma, porque va en línea de reducción de los trasvases y garantía de los caudales ecológicos”, aseveraba.
Una posición compartida por Borja Castro, desde la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, quien valoraba que estas propuestas son “un avance muy importante” para garantizar los caudales ecológicos del Tajo y mayores reservas en la cabecera del río.
Las nuevas reglas han sido apoyadas por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha agradecido la “valentía” del Gobierno para “no disimular” los datos técnicos de la situación real del Tajo y que se hayan hecho públicos los documentos técnicos de la Confederación Hidrográfica que reflejan la situación del río.
Ha subrayado que no quiere “bajo ningún concepto” que falte agua en Levante para beber o para industria o para generación de empleo y vida urbana, pero que su comunicad está recogiendo los frutos de “tanta pelea por el agua” tras ganar cinco sentencias en el Tribunal Supremos sobre el caudal del Tajo o que exige cumplir la normativa europea.