Francisco Rodríguez Mulero defiende “la importancia crucial” que tiene desarrollar la Ley de Estructuras Agrarias “para que los agricultores dejen de socializar pérdidas”
El secretario autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana, Francisco Rodríguez Mulero. / GVA
El secretario autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana, Francisco Rodríguez Mulero, defendió hoy durante su comparecencia en Les Corts “la importancia crucial” que tiene el desarrollo de la Ley de Estructuras Agrarias porque, según dijo, “es un instrumento fundamental que tiene que servir para que los agricultores dejen de socializar pérdidas, como ocurre actualmente, y pasen a democratizar los beneficios que puedan proporcionarles sus explotaciones”.
Rodríguez Mulero, al profundizar en su argumentación sobre este punto, recordó que el modelo estructural de la agricultura valenciana, caracterizado por un acusado minifundismo, “sirvió durante buena parte del siglo XX, y cuando prácticamente no teníamos competencia en los mercados europeos, para socializar y distribuir las ganancias, pero la situación ha cambiado mucho desde entonces y la consecuencia es que hemos pasado de socializar beneficios a socializar pérdidas”.
El secretario autonómico considera que el desarrollo de la Ley de Estructuras, que cuenta con el apoyo de las organizaciones agrarias y obtuvo un respaldo unánime por parte del parlamento valenciano, “tiene que servirnos precisamente para invertir esa tendencia”. Remarcó que “no se trata en absoluto de que los agricultores pierdan la propiedad de sus parcelas para crear grandes latifundios, sino de apostar por fórmulas colectivas que propicien la puesta en marcha de unidades de producción viables y eficaces y, en definitiva, con una capacidad suficiente como para dar respuesta a las exigencias que plantea la realidad del mercado actual”. Agrega Rodríguez Mulero que la puesta en marcha de la referida ley “no es solo una cuestión de dinero, sino también de voluntad por parte de todos los implicados”.
Retrasos en la futura PAC
El secretario autonómico de Agricultura compareció hoy en Les Corts para explicar, entre otros asuntos, tanto el curso de las negociaciones como las líneas maestras de la reforma de la Política Agraria Común (PAC), cuya aplicación estaba inicialmente prevista para el periodo comprendido entre los años 2021 y 2027.
Sin embargo, Rodríguez Mulero afirmó al respecto que “los efectos y las incertidumbres” causadas por la pandemia del COVID-19 han abierto un nuevo escenario que aún presenta no pocas incógnitas por despejar y que, muy probablemente, se traducirá en un retraso de los planes de aplicación de esa nueva PAC. A la vista del panorama generado por el coranavirus, el secretario autonómico de Agricultura no ve probable que la nueva legislación comunitaria “entre en funcionamiento antes de 2023”, por lo que hasta entonces habrá que prorrogar la PAC actual y para ello “sera necesario contar con un reglamento de transición”.
Pese al clima de incertidumbre reinante y al previsible recorte que puedan sufrir algunas partidas presupuestarias, no se esperan cambios ni en la filosofía ni en los objetivos que han venido alimentando las negociaciones en torno a la nueva PAC. El secretario autonómico de Agricultura adelantó que entre los proyectos que maneja Bruselas en materia agraria, y con la finalidad de contrarrestar los consecuencias negativas que ha tenido el COVID-19 sobre el sector, figura la posibilidad de inyectar 15.000 millones extra para los futuros planes de desarrollo rural.
Los productores piden más interlocución
La Unió de Llauradors i Ramaders y la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) han solicitado de forma conjunta a la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, una mayor interlocución efectiva y que les sean consultadas, en tiempo y forma, todas las normativas agrarias y medioambientales antes de ser publicadas para que no ocurra como ha sucedido por ejemplo con las ayudas por la COVID-19. Así se lo han hecho saber los máximos dirigentes de ambas organizaciones, Carles Peris y Cristóbal Aguado, respectivamente, en el transcurso de una reunión celebrada ayer.
En relación con la Ley de Estructuras Agrarias, AVA-Asaja y La Unió han trasladado a Mollà que “si no está previsto ponerla en marcha ni dotarla de un presupuesto suficiente, que la deroguen y no hagan perder más el tiempo a los agricultores pues las expectativas iniciales se van truncando con el paso de los meses”.
Idéntico resultado a juicio de las organizaciones agrarias se produce con la Ley de l’Horta en la que tenían puestas esperanzas de que supusiera una hoja de ruta por fin para garantizar la viabilidad y rentabilidad de este espacio único y singular. Sin embargo, a las primeras de cambio, uno de los instrumentos para lograrlo, el Consell de l’Horta, se ha convertido “en una estafa y no sirve para nada porque las organizaciones agrarias no somos mayoría y las decisiones al final las tomarán las Administraciones Públicas”.
Sobre las medidas paliativas y preventivas ante los daños por la fauna salvaje, ambas organizaciones agrarias afirman que “están hartas de tantas palabras y promesas y que quieren hechos ya”. Tras cinco años sufriendo los efectos de la fauna sin ninguna medida eficaz, confían en que el nuevo Director General de Medio Natural, Benjamín Pérez, cambie la política realizada hasta la fecha o estudiarán posibles movilizaciones al respecto.
La Unió y AVA creen asimismo que hace falta una Ley por un Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) donde el sector productor sea una parte clave del Consejo Rector y no esté formado por organizaciones sectoriales y no agrarias. Este instituto tiene que ser capaz de solucionar los problemas e investigar para hacer rentable y competitiva la actividad agraria valenciana.
Sobre el recientemente anunciado grupo de trabajo de costes de producción por parte de la consellera Mireia Mollà, las dos organizaciones agrarias reclaman agilizar los trabajos e informar de su evolución para una vez analizado el coste de cada cultivo ver si se ajusta a la realidad.
En cuanto a la inspección en los puntos de venta demandan AVA y La Unió a la Conselleria de Agricultura una mayor coordinación con la Dirección General de Consumo y Comercio para que haya un cuerpo de inspectores especializados en productos agrarios. “El trabajo de inspección ni lo podemos ni lo debemos de hacer las organizaciones agrarias, si quieren que lo hagamos que nos faciliten recursos para hacerlo”, aseveran.
Concentración el próximo viernes
Dentro de este contexto de unidad de acción entre las dos organizaciones más representativas de la Comunitat Valenciana se enmarca la concentración prevista para el próximo viernes 26 de junio, desde las 10,30 horas, ante las puertas de la Conselleria de Agricultura por la crisis de precios en la cebolla y la patata.
Ambas organizaciones agrarias denunciarán así la falta de apoyo por parte de las administraciones ante una temporada marcada por la entrada de importaciones de hortalizas originarias del hemisferio sur justo al inicio de la recolección, por el cierre del canal Horeca y los mercados de proximidad derivado del COVD-19 y por el consecuente hundimiento de los precios ofrecidos a los agricultores (hasta 0,06-0,13 euros por kilo, menos del 60% respecto a las cifras percibidas la campaña anterior).
