Los agricultores suelen garantizar las condiciones laborales de los temporeros que contratan para determinadas campañas, según las organizaciones agrarias, que circunscriben los casos de explotación a “intermediarios” y personas que desarrollan la agricultura como una segunda actividad
“El agricultor profesional de Castilla y León no suele recurrir a estos intermediarios y lo que hace es confiar en temporeros”. / ARCHIVO
Tanto representantes de la patronal agraria Asaja como de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), a raíz de la desarticulación en la provincia de Valladolid de una red de explotación laboral de temporeros del campo, han rechazado estas prácticas y han asegurado que son achacables a “intermediarios” generalmente venidos de fuera de España.
Estos intermediarios, según han confirmado el presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, y el coordinador de la UCCL, Jesús Manuel González Palacín, suelen ofrecer sus servicios a personas que no viven exclusivamente del campo y que tienen en la agricultura una actividad complementaria.
Disfrazados como “empresas multiservicios” y organizados como empresas de trabajo temporal, los intermediarios ofrecen sus trabajadores a estos agricultores “no profesionales” en campañas determinadas y sin crear responsabilidades laborales.
Pero, según ha explicado Donaciano Dujo, el agricultor profesional de Castilla y León no suele recurrir a estos intermediarios y lo que hace es confiar en temporeros que sean de misma localidad o que, sin serlo, hayan trabajado en campañas anteriores.
“Se prefiere contratar a un trabajador del mismo pueblo o al que lleve varios años haciendo la misma campaña”, ha resumido Dujo.
Cómo “algo muy excepcional” ha considerado Jesús Manuel González Palacín el recurso a estos temporeros que ofrecen los intermediarios a los agricultores, principalmente por los problemas que pueden acarrear y las dudas sobre las garantías laborales.
Precisamente, el dirigente de la UCCL ha recordado que el agricultor que contrate con lo que el mismo ha llamado “empresas multiservicios” es igualmente responsable en el caso de que se cometa alguna irregularidad en la contratación o en el desempeño de la labor.
En el caso de la red que operaba desde Medina del Campo, las víctimas trabajaban sin derecho a días libres ni vacaciones y cobrando un salario de 5,50 euros a la hora que, en la mayoría de las ocasiones, no llegaban a percibir, sin saber tampoco si estaban dados de alta en la Seguridad Social, en lo que podría haber responsabilidad de las personas para las que trabajaban.
Para Cristina de la Torre, secretaria de Migraciones y Medio Ambiente de CCOO, el de Medina del Campo es un caso de “trata laboral” de personas que son captadas fuera de España “mediante violencia y engaño”.
Cristina de la Torre ha asegurado que estos casos “ya no son tan esporádicos” en Castilla y León y en 2018 y en 2019 se detectaron varios centrados en las provincias de Valladolid, Segovia y Salamanca.
Sin embargo, la secretaria de CCOO ha pedido que se diferencien estos casos tan “execrables” con las condiciones laborales de los temporeros que, aunque reguladas, a su juicio, “no son las mejores” y a veces, incluso, se obvian.
Por eso, la secretaria de CCOO se ha mostrado conforme con que la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, haya dado instrucciones a la Inspección de Trabajo en relación con el desarrollo de las campañas agrícolas y las condiciones laborales de los temporeros.
Por el contrario, crítico se ha mostrado con la ministra de Trabajo el presidente regional de Asaja Castilla y León, quien ha defendido que el tratamiento laboral que los propietarios agrícolas dispensan a sus trabajadores “no puede ponerse en duda”.
