Los productores de Doñana recibirán 100.000 euros por hectárea si abandonan sus cultivos

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Gobierno central y Junta de Andalucía logran una solución para los regadíos de Doñana que pone fin a dos años de desencuentros

Teresa Ribera y Juanma Moreno durante la visita que ambos han realizado al parque nacional de Doñana. / JUNTA DE ANDALUCÍA

Efeagro. Sevilla.

El acuerdo alcanzado este lunes entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central para poner una solución de los regadíos de la Corona Norte de Doñana, que permitirá a los agricultores recibir una ayuda de 100.000 euros por hectárea, pone fin a una batalla entre ambas administraciones que se prolongaba durante dos años.

El acuerdo, escenificado entre el presidente andaluz, Juanma Moreno, y la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, supone dar carpetazo a una polémica que surgió en 2021 cuando la administración andaluza quiso solucionar el problema de unos agricultores de la zona mediante una iniciativa parlamentaria a la que se opuso el Gobierno.

Ambos dirigentes han firmado un protocolo para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia del espacio natural de Doñana, con una inversión de unos 1.400 millones de euros en 14 municipios del entorno localizados en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, y por el que se ofertará ayudas a los productores de 100.000 euros por hectárea, que cobrarán en cinco años a 20.000 euros anuales, a cambio de dejar de cultivar sus tierras y “renaturalizar o reforestar”. De los 1.400 millones de euros, el Gobierno central aportará 350 millones, que se suman a los 356 comprometidos en actuaciones medioambientales hace un año, mientras la Junta de Andalucía aportará 700 millones.

De la ayuda de 100.000 euros la mayor parte (70.000 euros) serán aportados por el Gobierno central, mientras la Junta de Andalucía destinará 20.000 euros y la Diputación de Huelva añadirá otros 10.000, en un acuerdo que propiciará la retirada de la proposición de ley de mejora de regadíos de la Corona Norte de Doñana que se tramitaba —aunque quedó paralizada por las negociaciones— en el Parlamento de Andalucía, a instancias de PP y Vox.

Los agricultores que no quieran dejar de cultivar podrán optar también por reconvertir sus explotaciones en cultivos de secano o en producción ecológica, pero en este caso, las ayudas serán bastante menores, y a las mismas podrán acceder los productores al margen de que tengan expedientes sancionadores abiertos, aunque el Gobierno ha aclarado que no habrá ningún tipo de amnistía.

Juanma Moreno

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que le “encantaría” que la forma de trabajar y consensuar que se ha tenido para lograr el acuerdo con Doñana fuera “la fórmula general” de la relación del Gobierno central con la comunidad.

En el caso de Doñana, ha dicho que “hablamos de un asunto en el que llevamos dos años de controversia, en torno a una problemática específica; nos hemos centrado en un asunto prioritario y hemos puesto el interés general por encima de cualquier otro interés”.

“Como presidente del Gobierno andaluz tengo una obligación institucional, política y social que es defender los intereses de los andaluces en todos los ámbitos”, ha señalado, y ha agregado que “la mejor forma para hacerlo es negociando y dialogando siempre que la otra parte así lo quiera y, evidentemente, podamos llegar a un entendimiento”.

En el caso de Doñana, ha precisado, “hemos encontrado una vía de diálogo que ha sido fructífera, rigurosa y que nos ha permitido alcanzar un buen acuerdo. A mi me encantaría que esta fuera la fórmula general de la relación entre la Administración general del Estado y la comunidad autónoma; independientemente de que yo pueda discrepar con algunas posiciones políticas que tiene el Gobierno de la nación, que es evidente que lo hago, lo que está claro es que mi obligación es siempre buscar el interés general de los andaluces”.

Por eso ha dejado claro que “si yo puedo acordar con el Gobierno de España en beneficio de los andaluces lo haré y siempre intentaré buscar el acuerdo; y me gustará que en otros ámbitos del Gobierno podamos llegar a acuerdos parecidos”.

En su opinión, eso “sería lo deseable” pero “depende de muchas cuestiones, de las circunstancias, del problema… hay muchos condicionantes que posibilitan o dificultan el poder llegar a un acuerdo. La voluntad de acuerdo la he manifestado siempre, en Andalucía somos defensores del diálogo hasta la extenuación y buscamos siempre lograr esa posibilidad de acuerdo”.

Situación legal

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha advertido este martes de que los agricultores del entorno de Doñana que se quieran acoger a las ayudas previstas en el acuerdo con la Junta de Andalucía deben encontrarse en situación de legalidad.

En sendas entrevistas en Onda Cero y Canal Sur Televisión, Ribera ha recordado que desde 2018 se han cerrado en el entorno del Parque Nacional 239 pozos ilegales y más de 400 legales que generaban presión sobre el acuífero.

En declaraciones a Onda Cero, Ribera ha sostenido que en el acuerdo firmado ayer lunes con la Junta se establece que “no se puede mantener ningún tipo de actividad que conlleve extracciones de agua ilegales”, por lo que “solo se podrán acoger los que estén cumpliendo con la legalidad vigente”.

En Canal Sur, ha incidido en que es “imprescindible” para poder acceder a cualquier ayuda cumplir con las normas vigentes relativas a Seguridad Social y a la normativa del agua.

“Es impensable que aquel que tenga un título sobre un determinado suelo y que esté extrayendo agua de manera ilegal pueda solicitar ayudas. Lo primero que habrá que hacer es dejar de extraer agua, levantar las instalaciones destinadas a la extracción de agua y después veremos si se compromete con las condiciones de la convocatoria de ayudas”, ha remarcado.

No obstante, ha matizado que si algún agricultor es sancionado y cumple con la sanción podría acceder a las ayudas, “pero es imprescindible tener una situación perfectamente regular antes de solicitarlas”.

Ribera ha explicado en Onda Cero que en las próximas semanas se trabajará en identificar a quienes se quieran acoger a estas medidas, con la idea de poder sacar la primera convocatoria de ayudas a principios del próximo año.

Reacciones

En nombre de los principales afectados, Romualdo Macías, presidente de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, que aglutina a los regantes de la Corona Norte de Doñana, ha confesado que “han tenido que ceder” para “llegar a un acuerdo que beneficie a todos”.

El presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, ha valorado el acuerdo alcanzado y ha indicado que “habrá que trabajar en él” y ha mostrado su esperanza “de que habrá cosas que nos gusten más o menos, pero juzgaremos positivamente”, ha concluido.

El alcalde de Almonte (Huelva), Francisco Bella, cuyo municipio es el que más superficie aporta al Espacio Natural de Doñana, ha celebrado el acuerdo deseando que “sirva para poner en valor el alma de Doñana y su cultura”.

Tras conocer el acuerdo, el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha asegurado que el campo andaluz es “un poco más débil”, y ha añadido que está convencido de que los agricultores “de esa zona de Huelva lo que querían era seguir trabajando sus tierras en libertad, lo que vienen haciendo desde hace tantos años y generando tanta riqueza y tanto empleo”.

Los ecologistas de WWF han celebrado que “se haya enterrado el hacha de guerra” en Doñana si bien se han mostrado en desacuerdo con que los agricultores que están cultivando fuera de regularización puedan acceder a las ayudas anunciadas para la reforestación o la reconversión en cultivos de secano o ecológico, mientras que desde UPA Huelva, han celebrado que el Gobierno central y la Junta de Andalucía “se hayan puesto de acuerdo”.

Por su parte, Ecologistas en Acción no comparte que los regantes fuera de regularización en la Corona Norte de Doñana puedan acogerse a las ayudas previstas en el acuerdo alcanzado por el Gobierno y la Junta de Andalucía, aunque “si es por la paz social —ha apostillado— bienvenidas sean”.

Dos años de polémica

Casi dos años y la celebración de tres elecciones después, la Junta de Andalucía y el Gobierno central han enterrado el ‘hacha de guerra’ que propició una iniciativa que buscaba regularizar regadíos de la Corona Norte de Doñana, en una polémica en la que se han involucrado desde la Unión Europea hasta la Unesco por afectar a Doñana.

Desde que en enero de 2022 se presentara la primera proposición de ley hasta que Moreno y Ribera han escenificado en Doñana el acuerdo alcanzado, ambas administraciones han mantenido una tensión política e institucional que ha traspasado incluso las fronteras españolas.

La norma proponía legalizar unas 750 hectáreas de regadío en la Corona Norte de Doñana, a unos 30 kilómetros del parque, en los municipios onubenses de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, municipios afectados por el plan de reordenación de la fresa de 2014, que eliminaba 1.653 hectáreas bajo plástico.

Finalmente han sido 54 días de reuniones “casi diarias” que han tenido como grandes protagonistas al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, por parte del Gobierno, y a los consejeros andaluces de Presidencia, Antonio Sanz, y de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco.