MAPA ha limitado a un máximo de 0,1 hectáreas las nuevas plantaciones de viñedo para los años 2020, 2021 y 2022 en la zona geográfica de la DOP Cava
La resolución publicada en el BOE permite solo un 0,1 de nuevas hectáreas para viñedos en la DOP Cava. / ARCHIVO
Efeagro.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado en el BOE la resolución donde queda aprobado que no se concedan las solicitudes de replantaciones de viñedo ni las solicitudes de conversión de derechos de replantación que destinen su producción a la elaboración de vinos con la DOP Cava. Esta resolución se publica tras tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Junta de Extremadura y que anula el Real Decreto 536/2019 sobre limitación de nuevas plantaciones y restricciones de replantación.
Al respecto, solo puntualiza que sí se podrán solicitar replantaciones en los casos que se recogen en los apartados a y b del artículo 6 del Reglamento Delegado (UE) 2018/273.
En dichos apartados, esta normativa comunitaria precisa que no hay riesgo de devaluación significativa si la superficie específica de replantación está situada en la misma zona de la DOP que la superficie arrancada y la replantación de vides respeta el mismo pliego de condiciones que la superficie arrancada. También, si la replantación está destinada a la producción de vinos sin indicación geográfica. El Gobierno aprueba esta medida al entender que la replantación “puede suponer un riesgo de devaluación significativa” de la denominación.
Firmeza por parte de la Junta
Esta decisión ha sido acogida con indignación por parte de las organizaciones agrarias extremeñas, que no han dudado en anunciar más recursos, tanto por vía administrativa como judicial.
De este modo, la Junta de Extremadura ha anunciado que recurrirá la decisión publicada por el MAPA que limita de forma retroactiva los derechos de los viticultores, ya que entiende que no se han resuelto de manera favorable las solicitudes presentadas para nuevas hectáreas de cava.
Según ha detallado el Gobierno regional en un comunicado, el primer lugar se recurrirá por la vía administrativa mediante un recurso de alzada, dejando la vía judicial para una segunda instancia.
Para el Ejecutivo extremeño, la resolución supone “una vulneración clara al establecer limitación de derechos con carácter retroactivo, sin que se haya justificado“, y asegura que al menos las solicitudes presentadas antes de la entrada en vigor de la resolución deberían ser admitidas.
Por otra parte, señala que no queda demostrado en el expediente riesgo de devaluación del mercado y más en el período de tres años que opera tal restricción.
La organización agraria Unión Extremadura también ha anunciado que va a presentar recurso de alzada contra la resolución del Ministerio de Agricultura que congela las nuevas plantaciones de viña para cava en los años 2020, 2021 y 2022 y estudia además interponer una querella por prevaricación por unas decisiones tomadas “a sabiendas de que no respetan las últimas sentencias al respecto“.
Por su parte, APAG Extremadura Asaja ha mostrado su “indignación” por la decisión del ministerio de Agricultura de mantener la prohibición de nuevas plantaciones de uva para cava en la región, como había pedido el Consejo Regulador del Cava, controlado por productores catalanes, lo que será muy perjudicial para la comunidad autónoma en general y Tierra de Barros en particular.
