La Constitución Española cumple 40 años y en su redacción aludía al sector primario, entonces bastante más importante en población activa, obligando a los sectores públicos a atender a su modernización
Este mandato sigue vigente dada su trascendencia social y económica para el país.
En el título VII, el artículo 130 señala en su primer punto que “los poderes públicos atenderán la modernización y el desarrollo de todos los sectores y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles”.
Entendieron, por tanto, los padres de la Constitución que había que hacer un esfuerzo “particular” por este sector que, a día de hoy, es la base en la que se sustenta el sistema agroalimentario, una de las industrias más potentes y exportadoras del país.
El ministro de Agricultura, Alimentación y Pesca, Luis Planas, recalca como anécdota que, después de que el Boletín Oficial de Estado (BOE) publicara la Constitución, la siguiente ley fue la del seguro agrario combinado, una figura que también sigue vigente y que justo hace una semana aprobó su plan para el próximo año -también su número 40-, dotado con 211 millones de euros.
Y recuerda que nacieron en 1978 “grandes asociaciones” que funcionan como interlocutores del sector, como la Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) o la del Vino.
Con su visión europeísta, Luis Planas valora que estos 40 años han servido para fundamentar el apoyo de las instituciones a la modernización del sector y que la Constitución fue el elemento clave para otro hito que marcó para siempre la agroalimentación en España: la entrada en las entonces Comunidades Europeas en enero de 1986.
“Fue un momento muy significativo para toda la transformación, porque pensamos en un dimensión distinta”, explica.
Entonces, la población activa en el sector primario era del 15,3 % y ahora solo es del 4,4 %, una disminución que para el ministro “ha ido en paralelo al aumento de los niveles de renta de manera muy importante”.
El mismo artículo de la Constitución señala en su punto dos que “se dispensará un tratamiento especial a las zonas de montaña”; un asunto con el que, reconoce, “no hemos cumplido del todo”.
Las necesidades especiales de las zonas de montaña y de mucho territorio del interior en el que se sustenta la producción agraria están, 40 años después, en el debate público por el grave problema de despoblación rural.
Más de 1.300 pueblos españoles están en riesgo severo de desaparecer y por todos es conocida la cifra casi convertida en mantra de que solo el 15 % de la población vive y custodia un 85 % del territorio.
Es una cuestión de Estado, que entró en la agenda con el anterior Gobierno y que este lo ha definido en muchos casos como una “cuestión de Estado” clave para garantizar uno de los principios básicos de la Constitución española, la igualdad, consagrada en uno de sus artículos “estrella”, el 14.
Y es que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”, pero a la hora de acceder a servicios básicos algunos españoles los tienen bastante más lejos.
Con consenso, implicación y unidad de acción de todas las instituciones y de la sociedad civil, como ocurrió hace 40 años, se podrá revertir o al menos mejorar esta situación.
