Los regantes acusan al Gobierno de “plegarse” al medio ambiente y a los ecologistas
El Ebro a su paso por Zaragoza. / JAVIER ORTEGA
Javier Ortega. Aragón.
El nuevo Plan Hidrológico del Ebro, con una vigencia hasta 2027, no contempla grandes trasvases de agua a otras cuencas ni más embalses, tan solo terminar los que ahora están en construcción, ni más regadíos.
Tras ser publicado en el BOE, la semana pasada salió a información pública durante seis meses y, según la Confederación Hidrográfica del Ebro, se trata de un documento “realista” que incluye medidas para conseguir “el buen estado de las masas de agua” y avanza hacia la seguridad hídrica mediante “una garantía razonable de los usos esenciales” teniendo en cuenta el cambio climático y la mayor incidencia de los fenómenos extremos.
El Plan no incluye nuevas actuaciones de regulación, embalses, y se prevén solo aquellos proyectos de transformación en regadío procedentes, en su mayoría, de planes anteriores que cuentan con recurso garantizado y financiación comprometida.
Así, se prevé la ejecución de 894 medidas, con un importe de 3.078 millones de euros, desde un enfoque más “realista” que el proyectado en el periodo 2015-2021, con 2.104 iniciativas y 15.095 millones, pero sin ejecutar apenas.
Esto ha llevado a los regantes a acusar al Gobierno central de “plegarse” al medio ambiente y a los ecologistas. Piensan que las cuencas del Duero y del Ebro deberían tener “un trato diferenciado”, por el nivel de caudales que presentan. Aseguran que el Ebro echa al mar 3.300 hectómetros cúbicos, que, según dicen, se podrían regular con nuevos embalses y aprovechar para regadíos.
El territorio de la cuenca hidrográfica del Ebro se extiende por nueve comunidades autónomas: Cantabria, Castilla y León (provincias de Palencia, Burgos y Soria), País Vasco (Álava y Vizcaya), La Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña (Lérida, Gerona y Tarragona), Comunidad Valenciana (Castellón) y Castilla-La Mancha (Guadalajara).
La demanda de agua en la demarcación del Ebro ronda los 8.750 hectómetros cúbicos, sobre todo para usos agrarios (8.053). El mayor volumen se centra en el regadío y la superficie regable alcanza las 924.424 hectáreas.
En el documento, también se analiza la recuperación del coste de los servicios de agua. Con precios de referencia de 2018, el coste en la cuenca del Ebro se eleva a 1.883 millones de euros, de los que se recuperan 1.316 millones a través de ingresos por tarifas y cánones.
Sin embargo, no hay capacidad para recuperar todos los costes ambientales, aunque el objetivo es lograrlo.
Riesgo de inundaciones
Igualmente, en esta revisión del Plan Hidrológico se han realizado simulaciones para la reducción de aportaciones por el cambio climático hasta el año 2100 (frente al horizonte de 2039 del anterior), disminuyendo las aportaciones en un 20%, clave para definir los escenarios de la planificación.
Para ello, se han incrementado los datos para la estimación de recursos disponibles utilizando series sobre aportaciones de 1940 a 2018. El Plan fija, por primera vez, caudales ecológicos mínimos en todas las masas de agua superficiales, lo que supone pasar de las 69 con estos caudales ecológicos fijados del plan vigente, a 687 en este.
Asimismo, se alinea con el Plan de Protección del Delta del Ebro del Ministerio, en el que participan la Dirección General de la Costa y el Mar, la Dirección General del Agua y la Confederación Hidrográfica del Ebro, y en coordinación con la Generalitat de Catalunya.
Otra de las novedades es la Estrategia Ebro Resilience para reducir el riesgo de inundación en el tramo medio del río con diversas acciones, coordinadas entre las Administraciones y que buscan, además de la protección y la resiliencia, la recuperación de los ecosistemas, con medidas basadas en la naturaleza.
Además, se plantean nuevos criterios de aguas subterráneas, ampliando el número de zonas con limitaciones. Entre las medidas para reducir la contaminación difusa, se incrementa el número de masas de agua subterránea en riesgo por motivos cualitativos, que pasan a 33 y se recoge la nueva propuesta de zonas vulnerables realizada por las comunidades autónomas, que suponen un incremento del 4,5%, alcanzando 12.153 km2 de zonas vulnerables e incluyendo el catálogo de buenas prácticas agrarias.
Igualmente, también por primera vez, se recogen las reservas naturales fluviales con un importe de 1,4 millones de euros.
Acceso al número íntegro de Valencia Fruits AQUÍ.
Acceso a la noticia AQUÍ.
