La organización agraria afirma que el documento presentado por la Interprofesional carece de transparencia y planificación, contempla duplicidades en la financiación y concentra recursos en proyectos poco consensuados o con escaso retorno directo para los productores
Asaja-Andalucía presenta alegaciones al documento de actuaciones presentado por Intercitrus para pedir la extensión de norma. / Archivo
Valencia Fruits. Redacción.
La Interprofesional Citrícola Española (Intercitrus) ha propuesto al Ministerio de Agricultura una extensión de norma con aportación económica obligatoria de 1,2 €/tonelada comercializada para financiar campañas de promoción, I+D, defensa fitosanitaria y mejora de la imagen del sector durante los próximos cinco años. La medida busca recaudar aproximadamente 5 millones de euros anuales, complementados con fondos europeos (hasta un 80 %) y se concreta mediante un periodo de consulta pública en el que han participado varias organizaciones, incluida Asaja-Andalucía.
Desde Asaja-Sevilla, primera provincia citrícola andaluza y primera productora de naranjas de España, su presidenta, María Morales, lamenta la “oportunidad perdida” que supone la propuesta de extensión de norma planteada por Intercitrus puesto que “se encara sin el enfoque adecuado, es parcial y desequilibrada, carece de transparencia y planificación, especialmente en lo relativo a promoción, y contempla duplicidades en la financiación”.
Así lo recoge el documento de alegaciones presentado por Asaja-Andalucía ante la Dirección General de Alimentación del Ministerio de Agricultura y que cuenta con el respaldo pleno de Asaja-Sevilla. En este documento, Asaja pide que se replantee la propuesta de Intercitrus, que debe diseñarse con criterios científicos y técnicos sólidos, debe garantizar la participación equitativa de todas las comunidades productoras, debe priorizar la promoción del consumo y la defensa de los citricultores frente a prácticas comerciales abusivas y tiene que asegurar la transparencia en la gestión de fondos y el beneficio directo para el conjunto del sector.
Respecto a la propuesta de Intercitrus, las meticulosas alegaciones de Asaja-Andalucía ponen de manifiesto que el Plan de Vigilancia Fitosanitaria Citrícola propuesto por la interprofesional es totalmente innecesario, duplica esfuerzos y gastos, pues las comunidades de Valencia, Andalucía y Murcia ya tienen redes avanzadas de vigilancia con técnicos, estaciones meteorológicas y medidas extraordinarias frente a plagas.
En lo que especto al plan de I+D de Intercitrus, está centrado en el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), dejando fuera a centros públicos de otras comunidades con amplia experiencia, como IFAPA (Andalucía), IMIDA (Murcia), IRTA (Cataluña) o ICIA (Canarias). Asaja considera que esta exclusión rompe el principio de cooperación territorial y limita la representatividad científica.
Además es obsoleto y redundante, parte de una visión sesgada de las prioridades de investigación, no atiende a problemas del sur peninsular como el estrés hídrico o plagas específicas y vuelve a caer en el riesgo de concentración de fondos en un solo centro y en la duplicidad con programas ya financiados por fondos europeos (FEDER, Plan Estatal de Investigación, etc.).
La propuesta para financiar una Guía GIP de cítricos elaborada por el IVIA, pese a que ya existe una guía oficial nacional publicada por el Ministerio en 2023 es innecesaria, ilegal (porque la extensión de norma debe tener alcance nacional, no autonómico) y contraproducente, ya que duplicaría esfuerzos y podría generar contradicciones normativas.
Y en cuanto a la promoción y mejora de imagen del sector, el asunto mollar y el objetivo fundamental de cualquier Interprofesional agroalimentaria, la propuesta de Intercitrus es tremendamente vaga e indefinida, ni siquiera sabe que presupuesto pretende destinar a esta cuestión (hablan de entre un 55 % y un 75 % del presupuesto para campañas de promoción de cítricos), no detalla actuaciones concretas, se justifica con retórica pero no se explican mecanismos de seguimiento ni criterios de impacto y no aporta un plan de comunicación estructurado, pese a que la promoción es la función esencial de una interprofesional.
Tal como concluye María Morales “la propuesta de Intercitrus no responde al interés general del sector citrícola español. No se le pueden detraer fondos a los productores para malgastarlos. Por lo que esta propuesta debe replantearse en profundidad si quiere tener legitimidad y eficacia”.
