A quince días del inicio de la recogida de la cereza en Aragón, los agricultores se enfrentan a la falta de mano de obra sin un plan B para afrontarlo
El problema es que llueve sobre mojado porque el sector ya arrastraba una crisis agudizada por los bajos precios de la producción. / ARCHIVO
A falta de apenas quince días para el inicio de la recogida de la cereza en Aragón, los agricultores se enfrentan a la incertidumbre de si la pandemia de coronavirus les va a permitir disponer de mano de obra y sin disponer de un “plan B” para afrontarlo.
El estado de alarma decretado para frenar la expansión del covid-19 que obliga al confinamiento de la población y ha cerrado las fronteras en una gran parte del mundo ha llegado al final del invierno con la fruta temprana a punto de maduración y al inicio de los trabajos de aclareo de la producción de verano.
Son labores que cada año requieren, como ha explicado a Efe el secretario general de UPA, José Manuel Roche, a unos 15.000 temporeros, el 95 % de fuera de España: paquistaníes, marroquíes, búlgaros y rumanos o latinoamericanos, como nacionalidades más representativas a los que la crisis sanitaria del coronavirus también ha dejado confinados en sus países.
El problema es que llueve sobre mojado porque el sector ya arrastraba una crisis agudizada por los bajos precios de la producción que en ocasiones hacen insostenibles a las explotaciones, como ha sido el caso de Miguel Ángel Gómez, un agricultor que tras arrancar toda la fruta de hueso para evitar arruinarse, ahora solo cultiva cereal y manzana, aunque de residuo cero (sin pesticidas).
Desde Épila, José Miguel Sanz, como empresario agrario, también reconoce una situación “complicada” que espera que cambie gracias al coronavirus y que contribuya a hacer desaparecer el “estigma” que pesa sobre el campo.
“No hay mal que por bien no venga y que la crisis sirva para posicionar al agrario como sector estratégico”, apunta Sanz como una llamada de atención ante el previsible incremento del número de parados que va a dejar la pandemia del COVID-19, que se suma a la ya de por sí alta tasa de desempleo que arrastra España para que se pueda facilitar una mayor contratación de trabajadores españoles.
Este es uno de los aspectos que barajan no solo los agricultores directamente afectados, sino también las organizaciones agrarias, como ya ha anunciado Francia, o agilizar la concesión de permisos de trabajo, como ha ocurrido en Alemania.
En Aragón, como apunta desde ARAGA su presidente, Jorge Valero, hay muchos temporeros afincados pero también, reconocen desde las organizaciones agrarias, sin permiso de trabajo, por lo que apuntan que otra solución podría ser la legalización de esta población.
Para el secretario general de Asaja, recurrir a parados o mano de obra no cualificada demuestra una “falta de conocimiento de la realidad tremenda” porque se necesita una “mínima instrucción o formación”.
La realidad es que, reconoce, se enfrentan a un problema “gravísimo” al que se suma, coinciden todos, el del transporte y el alojamiento, cuya capacidad está condicionada por la necesidad de mantener las distancias para evitar contagios por coronavirus.
Normalmente, explica José Manuel Roche, los temporeros se alojan “todos juntos” y familias enteras en albergues o alojamientos proporcionados por los propios empresarios. “Ahora no sabemos qué hacer”, igual que ocurre con la movilidad.
Si solo se puede trasladar un trabajador más el conductor, porque no suelen tener carné, por vehículo, u ocupar un tercio de los transportes más grandes “no hay tiempo”, advierte.
Es por lo que la situación planteada desde Cooperativas Agroalimentarias por su presidente, José Víctor Nogués, de aprovechar los temporeros que trabajan en la recogida de la fresa en Andalucía y que negocian con la Federación Aragonesa de Cooperativas, puede no resultar factible.
Nogués teme que esta situación de lugar a “la organización de mafias y a un mercado negro que puede suponer un caos”, advierte a Efe, sin contar, como incide el líder de UAGA, José María Alcubierre, en que no disponen de equipos de protección como mascarillas o guantes, mientras sí es partidario de recurrir a los parados de las zonas rurales y a la juventud que ahora no puede estudiar por el cierre de las universidades e institutos “como se ha hecho toda la vida”.
Lo cierto, insiste Roche, es que no tienen “un plan B” en caso de que el confinamiento siga para poder solucionar la situación a la que en apenas 15 días se van a enfrentar los agricultores de la zona de Caspe, Maella o Chiprana, cuyo alcalde y agricultor, Javier Nicolás, calcula que es una zona que da empleo de 2000 a 3000 personas en la temporada.
Una situación que cambia “día a día”, que esperan que pase cuanto antes y que evite que la fruta se quede sin recoger, porque supondrá que en un mes los lineales de los supermercados se queden sin suministro.
