Roger Llanes, secretario autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural, “en la Comunitat Valenciana llevamos décadas apostando por un buen uso del agua basado en el ahorro y en la mayor eficiencia”
Ciudadanía, economía y medio ambiente del sur de Alicante dependen del abastecimiento del trasvase Tajo-Segura. / ARCHIVO
Roger Llanes Ribas (*)
Lamentablemente, en torno a las cuestiones vinculadas al agua suelen aflorar las pasiones y aparecen políticos de vocación incendiaria que no dudan en utilizarlas como arma arrojadiza y combustible para alimentar su propio provecho y el de su formación política, sin atender a los intereses generales. Basta recordar la historia reciente para comprobarlo y ni los más desmemoriados pueden olvidar la falta de escrúpulos con la que un partido político en concreto manipuló la causa del agua para generar enfrentamientos con los que obtener réditos electorales sin tener en cuenta el elevado coste social que su actitud conllevaba.
“Este asunto —como todos los que tienen que ver con el agua— debe abordarse con objetividad, frialdad, perspectiva, sensatez y criterio técnico”
Estos días estamos asistiendo, de nuevo, a la polémica suscitada sobre el presente y el futuro del trasvase Tajo-Segura. Si de algo estoy convencido es de que este asunto —como todos los que tienen que ver con el agua—debe abordarse con objetividad, frialdad, perspectiva, sensatez y criterio técnico. Es decir, justo con los ingredientes que acostumbran a faltar en este tipo de ecuaciones.
Quizá lo primero que habría que apuntar es que la llegada de agua procedente del mencionado trasvase a las zonas de Alicante (sin entrar en la situación de las demás zonas receptoras) no es una cuestión de voracidad, sino de mera supervivencia. De hecho, la superficie del regadío alicantino ha sufrido un voluminoso descenso durante los últimos años, lo que viene a confirmar que no estamos hablando en absoluto de seguir creciendo, sino de sostener, siquiera sea a duras penas, lo que se tiene, lo que se ha conquistado con gran esfuerzo. Porque, sin eso, será nada lo que quede.
“La aportación hídrica del trasvase hace posible que los agricultores de esas zonas (sur de Alicante) aporten al PIB más de 3.000 millones de euros y proporcionen empleo a más de 106.000 personas”
En estos momentos la subsistencia de la mayor parte del regadío alicantino depende directamente del trasvase Tajo-Segura y podemos afirmar sin temor a equivocarnos que de no existir esas aportaciones del río Tajo no sería posible asegurar ni el vital abastecimiento de agua para el consumo humano, ni el imprescindible desarrollo de las actividades económicas, ni tampoco el necesario mantenimiento de los ecosistemas y humedales. Ciudadanía, economía y medio ambiente.
El regadío abastecido con los recursos del trasvase Tajo-Segura representa una aportación de primera magnitud al empleo y a toda la actividad económica de las zonas receptoras. Las repercusiones, en este sentido, no solo afectan a los productores y empleados que trabajan directamente en el sector primario, sino que se transmiten vertical y horizontalmente de manera muy relevante a los sectores de la industria agroalimentaria, la distribución, el transporte, el empaquetado, la logística y otros. Un informe elaborado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura pone de manifiesto que la aportación hídrica del trasvase hace posible que los agricultores de esas zonas aporten al PIB más de 3.000 millones de euros y proporcionen empleo a más de 106.000 personas.
Ahora mismo no hay sobre la mesa alternativas suficientemente avanzadas para permitir la implantación a corto plazo de un modelo que posibilite sustituir las actuales condiciones de gestión y acceso a los recursos existentes. Los regantes lo saben, los ciudadanos lo saben y, por supuesto, la Generalitat Valenciana es del todo consciente de una coyuntura que explica por sí sola la movilización y el rechazo unánimes que han generado las pretensiones de operar determinados cambios en el funcionamiento del trasvase.
No se trata de demonizar a nadie, ni de proclamar enormidades, ni de formular maniqueísmos cobardes de corto recorrido, pero hay que tener en cuenta que tampoco se puede pretender que los agricultores del sur de Alicante, los regantes y todas las industrias afines que giran en torno a su actividad renuncien a lo irrenunciable de un día para otro. Cuando se trata de algo tan vital para una provincia no se pueden tomar decisiones unilaterales, sino que hay que apostar por un diálogo en el que todas las partes puedan exponer, sin exabruptos, sus puntos de vista y necesidades.
A la ya más que discutible modificación de las reglas de explotación del trasvase —decisión contra la cual el Consell va a presentar alegaciones—, se ha sumado el anuncio de que la próxima pieza que va a moverse en el tablero son los caudales ecológicos cuyo pretendido aumento a los niveles que se plantea puede suponer, de facto, el acta de defunción del trasvase. Pero todo ello, no puede, no debe, acometerse de esta manera.
En primer lugar, cualquier cambio ha de vincularse a la aprobación con carácter previo del Plan Hidrológico de la cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Tajo.
“La Generalitat es del todo consciente de una coyuntura que explica por sí sola la movilización y el rechazo unánimes que han generado las pretensiones de operar determinados cambios en el trasvase”
Mientras tanto, las alternativas que se plantean para combatir el déficit hídrico han de ser ya tangibles. Han de posibilitar, en un periodo de tiempo razonable, una opción viable. Se apela al medio ambiente, se prevé la interconexión de desaladoras, se presupuestan inversiones, apuntamos la insoslayable necesidad de adaptarse al cambio climático, pero poco o nada se dice de las personas que habitan un territorio cuya viabilidad futura se verá seriamente comprometida si el punto de partida se basa en posiciones maximalistas e inamovibles que no garantizan una seguridad hídrica para ese territorio donde no olvidemos que viven más de dos millones y medio de habitantes.
“No nos negamos a nuevas vías de gestión (…), necesitamos recursos complementarios en el marco del cambio climático, pero (…) no es posible aceptar la imposición inmediata y unilateral de un nuevo escenario que afecta al futuro de toda una provincia”
En la Comunitat Valenciana llevamos décadas apostando por un buen uso del agua basado en el ahorro y en la mayor eficiencia, lo cual nos está permitiendo obtener el máximo rendimiento de cada gota. No nos negamos a nuevas vías de gestión, es más, nos inclinamos claramente por la necesidad de disponer de recursos complementarios en el marco del cambio climático, pero, del mismo modo, decimos también que no es posible aceptar la imposición inmediata y unilateral de un nuevo escenario que afecta al futuro de toda una provincia y que no propone alternativas asequibles al unísono. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ya ha dejado meridianamente claro que se trata de una cuestión irrenunciable y no por reiterado es menos cierto afirmar que sus palabras están avaladas por la fuerza de los hechos, puesto que el Consell se ha personado hasta en 38 ocasiones en sede judicial para defender los intereses de los regantes alicantinos en el marco de este conflicto.
“Estamos obligados a cambiar el concepto de ‘guerras del agua’ por el de ‘pactos del agua’. Para lograrlo es preciso que recuperemos el equilibrio y apostemos por la sensatez antes de que sea tarde”
A nadie se le escapa que el agua es un recurso estratégico de primer orden y al mismo tiempo un bien escaso. Su gestión es, por tanto, un asunto complejo que precisa del diálogo y consenso como condición previa a la toma de ciertas decisiones. Conocemos los precedentes y, por eso mismo, estamos obligados a cambiar el concepto de “guerras del agua” por el de “pactos de agua”. Para lograrlo es preciso que recuperemos el equilibrio y apostemos por la sensatez antes de que sea tarde y todos salgamos perdiendo.
(*) Secretario autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural de la GVA
