El sector hortofrutícola pide retrasar el impuesto al plástico

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El sector productor y exportador de frutas y hortalizas agrupado en Fepex considera que el nuevo impuesto al plástico no reciclable afectará negativamente a la comercialización hortofrutícola

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Está previsto que el impuesto al plástico entre en vigor el próximo 1 de enero de 2023. / Archivo

Valencia Fruits. Redacción.

El temible impuesto al plástico está cada vez más cerca. Los productores y exportadores agrupados en Fepex consideran que el nuevo impuesto al plástico no reciclable afectará negativamente a la comercialización hortofrutícola, compartiendo la petición de aplazamiento de su entrada en vigor, prevista para el mes de enero, realizada por las organizaciones de los principales sectores de consumo.

Tras la reciente decisión del nuevo gobierno italiano de seguir aplazando la entrada en vigor de este gravamen, España se queda sola en Europa con la introducción de un impuesto (no obligatorio para los estados miembros) que supondrá añadir sobrecostes a sus empresas en un contexto especialmente delicado. Una prueba más de resistencia para unos sectores que llevan meses sometidas a un gran incremento de costes (materias primas, transporte, energía…) a las que ahora, si la situación no se reconduce, deberán sumar una medida que tendrá un impacto directo de más de 690 millones de euros.

Las empresas de los sectores representados se declaran firmemente comprometidas con la reducción de los plásticos de un solo uso, pero consideran que el impuesto llega “en el peor momento posible”. Por su parte, las asociaciones del sector disponen de informes e indicadores que confirman que, en los últimos años, sus empresas han reducido en un 21,7% el porcentaje de plástico utilizado, que el 69,1% del plástico que emplean es reciclable o reutilizable y que el 35,1% del plástico de sus packagings procede de plástico reciclado (fuente: Informe de sostenibilidad de AECOC).

Según informan desde Fepex, la introducción del impuesto exclusivamente en nuestro país incrementa los sobrecostes para las empresas españolas y, por tanto, le resta competitividad frente a sus vecinos europeos.

En ese sentido, conviene destacar el impacto  nocivo que esta medida presenta para las exportaciones de nuestros sectores,  así como el freno que supone  a la inversión en España por parte de empresas del gran consumo que, aun teniendo interés en nuestro país, pueden decantarse por otros mercados en los que no  deban asumir estos costes adicionales.

El impuesto es también  una medida especialmente perjudicial para las empresas de menor tamaño que, en el actual escenario inflacionista, tienen menor capacidad de maniobra y, por tanto, de resistencia ante la suma de nuevos sobrecostes. Y es que,  es importante destacar que los impactos no sólo se derivan del pago del propio impuesto, sino especialmente por toda la operativa de gestión y de administración que conlleva su contabilización y pago y que resulta especialmente gravosa en el caso de las pymes.

De igual modo, en el caso de España es especialmente relevante considerar el gran peso que las pymes presentan en el conjunto de nuestra economía. Así, mientras en nuestro país el 99,88% de las empresas son pymes (en línea con la media europea -99,88%-), este tipo de empresas concentra el 72,5% de los puestos de trabajo, muy por encima de naciones como Francia, Alemania, Reino Unido u Holanda, entre otras.

Las organizaciones que integran a la cadena de valor del gran consumo, la hostelería y el textil coinciden en que “ante una  petición tan unánime y la decisión tomada por otros países,  el Gobierno debería mostrarse receptivo a aplazar una medida de claro impacto para gran número de empresas y sectores. Aunque el compromiso con el desarrollo sostenible es fundamental y firme,  tomar la delantera europea  en un contexto tan hostil puede restarnos competitividad frente a otros mercados  y potenciar  la desaceleración de nuestra economía”.

Por ello, los sectores afectados proponen aplazar un año la entrada en vigor del impuesto para tratar de evitar sobrecargar a las empresas en el actual escenario inflacionista.