Los borradores de los Planes Hidrológicos para el periodo 2022-2027, presentados por la ministra Teresa Ribera, han provocado reacciones tanto de asociaciones de productores y regantes como de gobiernos regionales a lo largo de la semana
Teresa Ribera en el acto de presentación de la nueva Planificación Hidrológica Nacional. / MITECO
Raquel Fuertes. Redacción.
La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, presentó el 21 de junio los borradores de los Planes Hidrológicos del tercer ciclo, para el periodo 2022-2027, como una herramienta para abordar la gestión del agua en España durante los próximos seis años, en línea con los principios y estrategias del Pacto Verde y con los objetivos de adaptación al cambio climático. El propósito del documento, según el Ministerio, es “alcanzar el buen estado de las aguas y evitar su deterioro, a la vez que posibilitar los usos socioeconómicos asociados al agua, necesarios para el desarrollo de la sociedad”. También fija caudales ecológicos para todas las masas de agua superficiales y propone más de 550 medidas, con un importe previsto para el periodo de seis años de unos 3.200 millones de euros.
El documento, asimismo, realiza un análisis sobre los aspectos técnicos de la parte española del Tajo, entre los que destacan la demanda bruta total del agua, que en la actualidad es de 3.511 hm3 al año, y a qué van destinados; el porcentaje de masas de agua que reciben vertidos de aguas residuales urbanas e industriales y de productos agroquímicos por el sector agropecuario. En definitiva, como resultado de una actividad humana de aprovechamiento del agua muy diversa y prolongada en el tiempo, el Plan subraya “la búsqueda de un equilibrio para respetar el medio ambiente y las demandas humanas correspondientes mediante los caudales ecológicos”.
Caudales ecológicos
“Una de las novedades de este Plan Hidrológico es la definición de caudales ecológicos en todas las masas de agua superficial”, según indica el documento. Se propone un régimen de caudales ecológicos compuestos por caudales mínimos, caudales máximos, caudales generadores o de crecida y tasas de cambio. Según el borrador del plan, los caudales ecológicos son “una restricción previa”, de forma que primero debe satisfacerse el caudal ecológico y luego las demandas correspondientes, con la excepción del abastecimiento humano, que tiene preferencia.
Objetivos medioambientales
En cuanto a los objetivos ambientales que deben cumplirse en cada masa de agua el plan detalla que serán, esencialmente, no deteriorarse en el caso de aquellas masas que estén en buen estado, y alcanzar el buen estado a más tardar en 2027, en el resto.
Ministerio: el propósito es “alcanzar el buen estado de las aguas y evitar su deterioro, a la vez que posibilitar los usos socioeconómicos asociados al agua, necesarios para el desarrollo de la sociedad”
Con la finalidad de alcanzar estos objetivos ambientales, así como la adecuada atención de las demandas de agua, el Plan Hidrológico incluye más de 550 medidas promovidas por distintas administraciones públicas, con un importe previsto para el periodo 2022 – 2027 de unos 3.200 millones de euros.
De todas las actuaciones contempladas, la inversión más cuantiosa se asocia a medidas de depuración, que suponen el 62% de la inversión prevista en el periodo 2022 –2027, es decir, 1.977 millones de euros.
Programa de obras
Paralelamente a la definición de los caudales ecológicos, el Gobierno central se ha comprometido a acometer un ambicioso programa de obras, dotado con más de 500 millones de euros y destinado, sobre todo, a aumentar la capacidad desaladora de Torrevieja. También se ha comprometido a realizar la interconexión con las zonas de regadío y a introducir energía renovable con la finalidad de que no se pongan en riesgo las actividades socioeconómicas asociadas a los usos del agua ante los nuevos escenarios de cambio climático.
La inversión más cuantiosa se asocia a depuración y supone el 62% de la inversión prevista en el periodo 2022 –2027
Las reacciones
Este borrador del Plan Hidrológico para la Demarcación Hidrográfica del Tajo ha provocado reacciones de asociaciones de productores y regantes y gobiernos regionales a lo largo de la semana. Aparte de la excepción del gobierno de Castilla-La Mancha, las administraciones y las asociaciones han expresado, en menor o mayor grado, disconformidad, descontento y preocupación, anunciando desde la presentación de alegaciones hasta nuevas movilizaciones.
Agricultores y regantes: “Crónica de una muerte anunciada”
El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) ha tenido una de las reacciones más contrarias al Plan y ha estimado que dejarán de desembalsarse 93 hectómetros cúbicos de agua al final de la vigencia en 2027 del nuevo Plan Hidrológico por el aumento de su caudal ecológico a su paso por Aranjuez, en Madrid. Es decir, para 2022 subiría de los 6 metros cúbicos por segundo actuales a 7, lo que generaría una detracción de agua para el Levante durante ese año de 43 hm³, que se mantendría hasta 2026, cuando se subiría a 8 m³/s. En 2027 quedaría definitivamente en 8,52, con lo que la pérdida se consolidaría en 93 hm³, dado que por cada m³/s de incremento del caudal ecológico dejarían de recibirse 30 hm³ anuales.
A productores y regantes les preocupa que no haya generación de nuevos recursos hídricos y que suponga la muerte del sector
“Es la crónica de una muerte anunciada, porque no hay generación de nuevos recursos hídricos a la vista, salvo más desalinización e interconexión de desalinizadoras, con la promesa hipotética de acceder a cada metro cúbico generado en estas plantas de 36 o 37 céntimos de euros”, expresaba Lucas Jiménez, presidente de Scrats. “Se dilata en el tiempo la muerte casi total del trasvase, que va a afectar no solo al regadío, sino también al abastecimiento humano”, sentenciaba Jiménez.
A falta de analizar con mayor profundidad el Plan, el Sindicato mostraba su “indignación total de confirmarse esas cifras sin generación de recursos extra”. Además, hacía un llamamiento a los gobiernos autonómicos murciano, valenciano y andaluz para ver qué pasos dan, porque “es mucho lo que estas regiones se juegan a seis años vista”.
A este rechazo se suma la preocupación de los productores y exportadores de frutas y hortalizas del Levante español agrupados en Fepex, ya que supondrá una reducción drástica de los recursos hídricos procedentes del trasvase Tajo-Segura, recursos que son imprescindibles para la viabilidad del sector hortofrutícola de Murcia, Alicante y Almería.
Por su parte, para el presidente de Proexport, Juan Marín, preocupa, además, “que no hay generación de nuevos recursos hídricos a la vista, salvo más desalinización e interconexión de desalinizadoras, y en estos momentos el agua desalada tiene un coste que es inasumible por los productores hortofrutícolas”. Marín Bravo, auguró el cierre total de muchas empresas del sector y la pérdida de miles de puestos de trabajo en ese 2027, pero remarcó que lo más grave es que estos empresarios agrícolas trabajan para hacer sus planes de cultivos con anticipación y si el futuro que les aguarda es este, se verán abocados a una situación muy compleja.
Para Fepex, en los borradores de los planes hidrológicos, “no se ha tenido en cuenta la extrema gravedad que supone la reducción del agua del trasvase Tajo-Segura para todo el Levante español y para uno de sus principales sectores económicos como es la producción y exportación hortofrutícola”.
Según el estudio ‘Estimación del impacto económico del agua del Trasvase Tajo-Segura para regadío en la Región de Murcia’, elaborado por la Cátedra de Competitividad de la Región, integrada por el Colegio de Economistas, la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena, el cierre del trasvase Tajo-Segura supondría la desaparición del 59% de la agricultura en Murcia y la eliminación de “casi 45.000 empleos agrícolas directos” solo del ámbito de la producción, a lo que habría que sumar los trabajos vinculados con la industria agroalimentaria, la industria de transformación o la manipulación.
Ante esta situación, el Círculo del Agua de Almería, Alicante y Murcia plantea seis meses de movilizaciones, con protestas en Madrid, ante lo que se considera “el fin del acueducto Tajo-Segura”. “Tenemos seis meses para parar esta locura”, sentenciaba Lucas Jiménez.
Comunitat Valenciana: garantizar el “agua para siempre”
Por su parte, el Gobierno valenciano, aunque valoraba como “un primer paso” el acuerdo alcanzado sobre las nuevas condiciones de explotación del Trasvase Tajo-Segura “porque garantiza el suministro de agua a las comarcas alicantinas para los próximos años”, según apuntaban desde la Generalitat, anunciaba la presentación de alegaciones si fuera preciso.
Puig señala que las administraciones públicas deben garantizar que “la Vega Baja tenga agua para siempre” y anunciaba que “como estamos en plazo de alegaciones, se presentarán si es necesario”
Así, aunque el Consell considera que el aumento progresivo y acordado del caudal ecológico “logra precisamente asegurar la continuidad de los envíos de agua durante los próximos años”.
Después de las primeras reacciones oficiales, el president de la Generalitat, Ximo Puig, se manifestaba sobre el borrador del Plan Hidrológico y mantenía la posición del Consell de garantizar el suministro en la Vega Baja. Puig destacaba que “se ha abierto un espacio de diálogo. Se partía de una posición en la que el Ministerio hablaba de 8,52 m³/s y hemos llegado a 7.
Ximpo Puig quiere garantizar el agua para siempre en el sur de la provincia de Alicante. / GVA
Evidentemente, nos gustaría que se quedara en 6. Se abre un proceso de información y de debate y nosotros estaremos apoyando a los regantes. Y lo haremos desde la búsqueda de soluciones, como hemos hecho siempre”. El president afirma que se seguirá intentando rebajar ese caudal, desde el reconocimiento de que hay un cambio climático, y señala que las administraciones públicas deben garantizar que “la Vega Baja tenga agua para siempre”.
Ximo Puig anunciaba que va a revisarse el documento y “como estamos en plazo de alegaciones, se presentarán si es necesario”. Recalcaba, asimismo, la “firmeza en la defensa de los intereses de nuestros regantes”, desde una posición de “diálogo”. Puig también señaló que “valoramos las inversiones que se van a hacer para modernizar las estructuras de desalinización. Y también nos parece muy positivo que hay una inversión para la modernización de regadíos, la depuración y la reutilización”, con los precios adecuados.
El president aboga por una hoja de ruta común y “queremos una mesa de diálogo permanente con los regantes y con la Generalitat Valenciana” para aproximar posiciones y que no se ponga en cuestión “el progreso de la Vega Baja y de otras zonas de Alicante por falta de agua”.
“Mientras no esté garantizada el agua para siempre, el trasvase Tajo-Segura es absolutamente imprescindible”, es la posición que defiende el president de la Generalitat Valenciana
Aunque desde la Generalitat se valora el ajuste del caudal ecológico a 7 m³/s en lugar de a 8,52, habrá que ver qué ocurre en 2026 (fecha en la que se pasa al caudal ecológico de 8,52 m³/s) con el estado de las obras de las infraestructuras alternativas. “Lo que necesitamos es que se realicen las inversiones lo más rápidamente posible para garantizar el gran objetivo del ‘agua para siempre’ para la Vega Baja”.
Sobre si el Consell se siente escuchado en Madrid tanto en este tema como en el de la financiación, Ximo Puig asegura sentirse siempre escuchado, “a veces coincidimos más, a veces coincidimos menos. Queremos establecer un diálogo permanente desde el respeto”.
No obstante, el Gobierno de Ximo Puig instaba al Ministerio para la Transición Ecológica a mantener una “interlocución abierta y permanente tanto con la administración valenciana como con los regantes para mejorar las condiciones del trasvase”. “El Consell sigue manteniendo que el trasvase es irrenunciable al tiempo que aboga por seguir impulsando el diálogo y la negociación directa con el objeto de conseguir agua para siempre”, concluyen desde la Generalitat.
Por su parte, la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, confía en la actitud de diálogo y la vía de la negociación para conseguir un caudal ecológico máximo de 7 m3/s para todo el periodo de planificación hidrológica del Tajo.
Mollà se reunió en Elx con el presidente de Riegos de Levante, Javier Berenguer, y acordaron trabajar conjuntamente durante estos 6 meses de consulta pública del Plan Hidrológico del Tajo, para conseguir que el Ministerio para la Transición Ecológica reconsidere su postura y mantenga en 7 el caudal máximo establecido para todo el tramo 2022-2027.
“Hemos conseguido que las cosas se muevan y esa es la viva demostración de que en estos 6 meses vamos a conseguir que las cosas se sigan moviendo hasta la propuesta que hemos hecho desde el principio, que creo que es razonable, acaba con todos los frentes abiertos y resuelve un problema global”, señalaba la consellera en referencia a la actitud dialogante y a la capacidad de alcanzar consensos de la Generalitat Valenciana.
La máxima responsable de la Conselleria de Agricultura calificaba como “contrasentido” el incremento del caudal ecológico una vez finalizadas las infraestructuras de depuración. “Si ahora se puede asumir en 7 —el caudal ecológico— y se van a hacer obras importantes para aliviar la carga sucia que llega al río quiere decir que al final de esas inversiones mejorará su situación y por eso no tiene sentido plantear en ese horizonte una cifra mayor de caudal ecológico”.
Región de Murcia: “se consuma la amenaza”
El gobierno regional murciano denunció al conocerse el anuncio del Ministerio “el recorte de 80 hectómetros cúbicos anuales del Trasvase Tajo-Segura que el Gobierno de España ha anunciado dentro de los nuevos Planes Hidrológicos 2022-2027, lo que supondrá, como mínimo, un descenso del volumen trasvasado del 27%”.
López Miras: “tanto Pedro Sánchez como la ministra Teresa Ribera deberían escuchar a los agricultores y decirles que en 2027 no podrán seguir manteniendo a sus familias por una decisión sectaria”
El presidente de la Región de Murcia, el popular Fernando López Miras, en la reunión del Círculo del Agua celebrada en la cámara de comercio de Murcia, dijo a los periodistas que “tanto Pedro Sánchez como la ministra Teresa Ribera deberían escuchar a los agricultores y decirles que en 2027 no podrán seguir manteniendo a sus familias por una decisión sectaria”.
Según López Miras, no vale la excusa del cambio climático para lo que se ha hecho porque hay 50 millones de árboles que deben regarse para que no llegue el desierto al Levante, además del gasto energético que suponen las plantas desalinizadoras que se plantean como alternativa cuando el acueducto es “una fuente de llegada de agua más limpia y sostenible”.
Moreno Bonilla, Mazón y López Miras en el reciente congreso del PP almeriense. / PP
La Comunidad de Murcia, según Miras, está dispuesta a emprender todo tipo de acciones legales para impedir el cierre del trasvase, y junto a las comunidades valencianas y andaluza sumar fuerzas para evitarlo, sin embargo, para quienes quieran cerrarlo advirtió que “si no quieren tomar nuestra mano, el puño será bien fuerte para impedir esta tropelía”. El presidente se sumó al llamamiento a la sociedad del Levante español para que se sumen a las movilizaciones promovidas por los regantes.
El pasado fin de semana el presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y López Miras han coincidido durante el congreso del PP de Almería en su frente común para defender el actual estado del trasvase Tajo-Segura. También estaba Carlos Mazón, presidente d ela DPA. Moreno interpelaba a López Miras para defender juntos a los regantes y ese trasvase, sin el que se “arruina el futuro y porvenir de todo el Levante español”.
Tras la publicación del borrador, el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, explicó que “esta medida progresiva supone que la decisión partidista del Gobierno de España va a reducir uno de cada cuatro litros de agua que actualmente llegan al Levante, con lo que se consuma la amenaza que llevábamos tiempo denunciando”.
“Y todo ello envuelto en un oscurantismo y una falta de consenso sin precedentes, ya que el Ministerio no ha sido capaz de compartir el documento con las comunidades autónomas implicadas”, explicó Luengo. A ello se suma la modificación del caudal regenerador del Tajo, “lo que supondrá un nuevo recorte que tampoco está cuantificado, ya que no nos han informado del volumen que emplearán en esta medida encaminada al mantenimiento de la ribera fluvial”.
Luengo fue más allá y añadió que “no se da una solución real al problema de contaminación del río Tajo, ya que el Ministerio ha ignorado otras actuaciones para mejorar el buen estado de la masa de agua como la recuperación de la morfología fluvial, la eliminación de los vertidos puntuales y la disminución de la contaminación difusa”.
El consejero continuó avisando de que “el Gobierno de España está mandando un mensaje muy peligroso a los mercados nacional e internacional, que ven como su principal fuente de abastecimiento está en peligro”, por lo que “deberían pensar en el grave daño que ocasionan al sector agrario, quien tiene que planificar sus cosechas con la incertidumbre a la que se les aboca”. “Nuestros agricultores no saben con cuánta agua van a contar para producir, ni saben cuánto van a poder producir y, por tanto, exportar a otros países”, destacó, “con la consecuente incertidumbre laboral en los miles de trabajadores del campo, ya que los consumidores podrían empezar a demandar fruta y verdura de otros mercados ante la inseguridad a la que se ve sometida el Levante, con lo que el deterioro del empleo en la zona podría ir más rápido que la disminución de agua”, concluyó el consejero.
La perspectiva castellano-manchega
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, está dispuesto a reunirse con los presidentes de Murcia y Valencia y con el Gobierno central para buscar alternativas al trasvase y ha recordado durante “más de dos años” en Levante se ha regado y bebido con agua de las desaladoras debido a obras en el trasvase y “por eso no hay que sacar los pies del tiesto ni rasgarse las vestiduras”.
El presidente explicaba que es la primera vez en que Castilla-La Mancha, región de la España seca ve decisiones de un gobierno que permite “ver el vaso medio lleno” ya que hasta ahora “siempre lo hemos tenido vacío”.
García-Page se mostraba partidario de llegar a acuerdos con Murcia y Valencia para que “la transición se produzca de manera acolchada, porque le va a interesar más a Levante trabajar en alternativas que intentar encontrar agua donde no hay” y dejaba claro que en el río Tajo no hay agua afirmando que “si en España queremos hacer trasvases, estupendo. Sobre todo, de los que tienen agua a los que no la tienen, como el Tajo que no tiene” y ha instado a ser “coherentes” e intentar convivir con los recursos, aunque este proceso lleve una transición y “seguramente muchos dolores de cabeza”.
García-Page avanzaba que no tiene “ningún problema” en reunirse, aunque no ha dudado en recordar que durante “más de dos años” en Levante se ha regado y bebido con agua de las desaladoras
En este sentido, García-Page avanzaba que no tiene “ningún problema” en reunirse con los presidentes de Murcia y de Valencia y con Gobierno de España “para encontrar soluciones” alternativas, entre ellas la que ha posibilitado que durante los dos años en que el trasvase ha estado parado por problemas y obras “no haya habido problemas en Levante”.
El consejero Arroyo pedía “alturas de miras” señalando que hay que “trabajar juntos, ser solidarios, pensar con sentido común y dejar de decir cosas que aportan poco al debate real que interesa a los ciudadanos”.y ha trasladado la intención de “hacer un proceso muy participativo” durante los próximos seis meses.
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