Entrevista al Director general de AEPLA, Carlos Palomar
Carlos Palomar también desgrana a lo largo de la entrevista las ventajas y desventajas del nuevo decreto Ómnibus. / AEPLA
Julia Luz. Redacción.
Garantizar la protección de los cultivos y de los productos desde el campo hasta que llegan al consumidor es cada vez más complejo, y Europa añade su propia capa de dificultad con un marco regulatorio muy exigente, que puede tardar más de una década en autorizar nuevos productos y costar cientos de millones de euros. En esta entrevista, Carlos Palomar, director general de la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA), aborda la situación actual del sector de la sanidad vegetal y los fitosanitarios, desde las innovaciones en postcosecha hasta los productos de biocontrol, mostrando tanto los obstáculos como las oportunidades para un sector vital y sostenible.
Valencia Fruits. ¿Cuál es la función de AEPLA dentro del sistema de sanidad vegetal en España y a quién representa dentro del sector agroalimentario?
Carlos Palomar. AEPLA representa a las empresas que investigan, fabrican y registran productos fitosanitarios, que podríamos definir como los “fármacos” de los cultivos. Como sucede con cualquier medicamento, estos productos no pueden utilizarse sin haber superado previamente un proceso de evaluación y autorización por parte de las autoridades competentes de los distintos ministerios. Así, nuestra función es actuar como interlocutor ante la Administración y las instituciones regulatorias, además de servir de puente entre la industria fitosanitaria, el sector agrícola —agricultores y sus organizaciones— y otros organismos, como el Parlamento Europeo. Somos la voz de un sector que resulta muy importante para la sostenibilidad del sistema agroalimentario.
VF. Carlos, entiendo que su trabajo no sólo consiste en defender los intereses del sector, sino también en explicar la seguridad y la necesidad de estos productos, sin perder de vista el compromiso medioambiental. ¿Cómo estructuráis vuestra labor para cubrir estos objetivos?
CP. Por supuesto. En AEPLA trabajamos en tres líneas fundamentales. Primera, la línea regulatoria. Se trata de promover una regulación inteligente que realmente facilite el trabajo del sector. Por ejemplo, consideramos que el decreto Ómnibus es un paso, pero aún insuficiente; necesitamos reformas que solucionen los problemas que ralentizan el desarrollo y la disponibilidad de productos fitosanitarios.
Segunda línea, el buen uso de los fitosanitarios. Esto no sólo prolonga la eficacia de los productos, sino que también reduce su impacto ambiental. Nuestro objetivo es enseñar a los agricultores a aplicar correctamente los productos, promoviendo una gestión integrada de plagas. Esto incluye el uso de tecnología que permita aplicaciones más seguras, como sistemas de carga que van desde la botella hasta el tanque de uso sin necesidad de abrir el envase manualmente, o herramientas de precisión que optimizan la aplicación.
Y, por último, la comunicación. Es fundamental dar a conocer los beneficios del uso de fitosanitarios y explicar que un sistema de sanidad vegetal sólido es vital para el sector. Por ejemplo, en noviembre, durante la primera feria Expo Agri en Ifema mostramos a la sociedad urbana cómo se produce la agricultura moderna. No se trató de presentar productos nuevos, sino de mostrar el uso y las ventajas de la sanidad vegetal, la mejora genética y la tecnología agrícola. La respuesta del público fue muy positiva y permitió entender que, al igual que los humanos necesitamos medicinas, las plantas y los cultivos también requieren cuidados y tratamientos para mantenerse saludables.
Estas tres líneas —regulación, buen uso y comunicación— constituyen la base de nuestra estrategia y marcan la estructura de AEPLA en su compromiso con la sostenibilidad y el futuro del sector.
“La gestión fitosanitaria es clave, porque si ya existen pérdidas provocadas por plagas durante el cultivo, el riesgo continúa una vez que el producto ha sido recolectado, en el almacén o la conservación”
VF. En el ámbito de la postcosecha, ¿qué importancia tiene la gestión fitosanitaria para garantizar la calidad y conservación de los productos agrícolas?
CP. La gestión fitosanitaria es clave, porque si ya existen pérdidas provocadas por plagas durante el cultivo —que es precisamente lo que tratamos de prevenir—, el riesgo continúa una vez que el producto ha sido recolectado. Durante el almacenamiento o la conservación, ya sea por periodos cortos o más prolongados según el tipo de fruta u hortaliza, los productos siguen expuestos a organismos que pueden causar daños importantes.
Por ello, es fundamental contar con soluciones que protejan las cosechas desde el momento de la recolección hasta su llegada al consumidor. De lo contrario, pueden producirse pérdidas muy severas que afectan tanto a la rentabilidad del sector como a la disponibilidad de alimentos.
VF. ¿Cuáles son los enfoques principales que se están desarrollando en el sector para proteger los cultivos?
CP. En el ámbito de la postcosecha, el sector trabaja en múltiples líneas de innovación para garantizar la calidad de los productos desde la recolección hasta que llegan al consumidor. Esto implica combinar diferentes soluciones: tecnologías físicas, control ambiental y sistemas de sensorización que permiten decidir cuándo intervenir, así como herramientas que ayudan a gestionar un producto que, aunque separado de la planta, sigue siendo un organismo vivo y requiere un control constante. Por ello, una nueva línea también de investigación es el desarrollo de productos que sean aplicables tanto en campo como en postcosecha, con el fin de que en el futuro haya más soluciones, asegurando así la viabilidad y la sostenibilidad del sector.
VF. Precisamente, hablando del largo tiempo que cuesta registrar un producto en Europa, ¿cómo afecta la reciente propuesta del “decreto Ómnibus”?
CP. El sistema europeo es realmente muy complejo y se complementa con las autoridades nacionales, lo que añade otra capa de burocracia. En Europa se aplica el principio de precaución, evaluando principalmente la peligrosidad de las sustancias en lugar de gestionar el riesgo de manera práctica. Si los países actúan de forma rígida, esto ralentiza la llegada de productos útiles. Un enfoque más pragmático sería mucho más eficiente.
En cuanto al decreto Ómnibus, para los productos clásicos de postcosecha no cambia demasiado, pero introduce mejoras importantes para los productos de biocontrol. La propuesta establece una zona única, lo que permite que, si los países asumieran el reconocimiento mutuo de manera efectiva, un producto registrado en un país pudiera comercializarse automáticamente en otro. Esto representaría un ahorro de trabajo para las 27 autoridades y agilizaría el acceso a nuevas soluciones. Además, se establece el silencio administrativo positivo, es decir, si una autoridad no resuelve en el plazo de 120 días tras la presentación de un producto, este puede empezar a comercializarse.
Y dentro de los productos de biocontrol, salen especialmente beneficiados aquellos basados en organismos beneficiosos. Si bien en postcosecha, por las características específicas del almacenamiento y la manipulación de los productos, la investigación en biocontrol aún es limitada, se espera que aumente en los próximos años. De hecho, el decreto Ómnibus facilita la introducción de este tipo de innovaciones, “poniendo la alfombra roja” para emprendedores que busquen soluciones eficaces en este ámbito.
Así, el Ómnibus abre nuevas oportunidades para biocontrol y soluciones innovadoras, creando un marco más ágil y coordinado que podría acelerar la llegada de estas herramientas a los agricultores.
VF. Según sus palabras, para “los productos clásicos de postcosecha no cambia demasiado” pero, ¿introduce alguna mejora?
CP. Sí y no. El Ómnibus establece que los productos convencionales, salvo aquellos considerados muy peligrosos, pueden tener autorizaciones permanentes que no requieren revisión cada diez años. Aunque en la práctica cada producto sí debe renovarse periódicamente, esta es la principal ventaja que aporta la propuesta.
Al mismo tiempo, señala que ante cualquier preocupación o solicitud por parte de un país, será necesario renovar la autorización, por lo que el Ómnibus insiste en simplificar los procedimientos, pero sin alterar la esencia del sistema. Aun así, los problemas fundamentales del sector siguen presentes: existen pocas soluciones disponibles, su desarrollo y registro son costosos y están sujetos a mucha incertidumbre, debido a cambios continuos en guías y criterios regulatorios.
Esto implica que las empresas deben presentar continuamente nuevos estudios y actualizar la información sobre plagas emergentes o nuevas cepas de hongos más agresivas. Todo ello supone investigación adicional, tiempo y costes elevados. Aunque las compañías invierten mucho, el dinero no es infinito. En consecuencia, aunque procedimientos como el silencio administrativo positivo o la aceleración de ciertos trámites pueden mejorar el funcionamiento del sistema, la velocidad real del registro y disponibilidad de nuevos productos sigue siendo limitada.
VF. Para finalizar, ¿cuál es su perspectiva sobre la sanidad vegetal y el sector de cara a los próximos años?
CP. Existen varios retos importantes. Uno de ellos es que el comercio global introduce nuevas plagas y enfermedades emergentes, que requieren atención constante. El segundo reto es la falta de soluciones fitosanitarias disponibles. Registrarlas en Europa es un proceso muy costoso y largo, y, a diferencia de otros países como Estados Unidos o Brasil, aquí se tiende a eliminar muchas soluciones. La intención es reducir riesgos, pero en la práctica limita la variedad necesaria para un uso eficiente, evitar resistencias y centrarse en las clases urgentes de productos.
Este sistema, además, desincentiva la inversión: hay tecnologías disponibles que permanecen “en el frigorífico”, esperando un marco regulatorio previsible, coherente y estable. Para planificar estrategias de inversión a largo plazo, los desarrolladores necesitan conocer cómo será la legislación y la regulación en los próximos 10–15 años; sin eso, invertir sería apostar al azar, como jugar en un casino.
En definitiva, podemos afirmar que la tecnología y el conocimiento científico existen, pero el reto principal es explotarlos adecuadamente dentro de un sistema que a día de hoy genera incertidumbre y limita la innovación en protección de cultivos.
Acceso a la entrevista en la página 4 del dossier Gestión Postcosecha en el ejemplar de Valencia Fruits.
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