Inmaculada Sanfeliu, presidenta del Comité de Gestión de Cítricos, afirma que si se ratifica este acuerdo, se augura un precio mínimo que supondrá un atentado contra la rentabilidad de la fruta comuinitaria
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Los principales países que exportan desde la UE al Mercosur son Alemania (con el 20% del valor total), los Países Bajos (alrededor del 17%) y Francia (alrededor del 14%). / Archivo
Inmaculada Sanfeliu (*)
Hay dos caras en las negociaciones de acuerdos comerciales de la UE con terceros países: una en la que algunos Estados miembros y sectores están especializados en ganar y otra en la que están especializados en perder. Los países comunitarios de la ribera del Mediterráneo y su sector primario se han especializado en perder desde hace mucho tiempo. Y en ese lado perdedor siempre hallamos la citricultura de la UE, meridional y, por tanto, alejada del centro de poder septentrional y de sus intereses de producción, importación, portuarios y de distribución comercial, previa incorporación de valor añadido, así como de producción industrial.
En tiempos de ratificación del Acuerdo UE-Mercosur asistimos al discurso hegemónico en torno al gran beneficio para ambos bloques comerciales que quieren hacernos creer. En términos estrictamente monetarios, ha existido un cierto equilibrio en el ámbito de los intercambios comerciales establecidos entre sendos bloques. Los valores totales de exportación derivados de su relación son, en verdad, muy similares. En 2018, la UE exportó alrededor de 41 mil millones de euros en bienes al Mercosur, y los países del Mercosur exportaron alrededor de 43 mil millones de euros a la UE.
Los principales países que exportan desde la UE al Mercosur son Alemania (con el 20% del valor total), los Países Bajos (alrededor del 17%) y Francia (alrededor del 14%). El principal exportador del Mercosur a la UE es Brasil, que representa más del 70% del volumen total de exportaciones del bloque comercial, seguido de Argentina, con un 20%, y luego Paraguay y Uruguay, que juntos representan el volumen total restante, alrededor del 5%.
Los grandes damnificados
Sin embargo, esta aparente igualdad económica a nivel macro enmascara detrás de estas cifras financieras en materia de exportaciones grandes damnificados: de un lado las maltrechas necesidades e intereses socioambientales y humanos del Mercosur y, de este lado, del nuestro, la pérdida de competitividad del sector primario en nuestro propio mercado y las grandes asimetrías en las condiciones de producción.
Si bien los principales productos que exporta la UE al Mercosur son maquinaria, vehículos, reactores nucleares, productos farmacéuticos y equipos electrónicos, los principales productos exportados por Mercosur a la UE son harina de soja, piensos, minerales, cereales, celulosa, carne de vacuno, aceites vegetales, fruta, zumos y café.
La expansión de los monocultivos —caña de azúcar o soja— que requieren el uso de pesticidas en las regiones este y sureste de la Amazonia legal se ha visto precedida por la deforestación masiva
Para que el Mercosur produzca sus “principales” exportaciones, como cereales, harina de soja, carne vacuna y celulosa (la carne vacuna representa 1.000 millones de euros anuales de exportaciones, y el caso más emblemático, la soja y sus derivados, por valor de 5 mil millones de euros solo en 2018), ha tenido que asignar una enorme superficie de tierra dentro de sus países miembros al desarrollo de las actividades agrícolas y ganaderas necesarias para dicha producción. La superficie plantada en Mercosur con bosques de eucaliptos y pinos para obtención de celulosa, con la caña de azúcar para la obtención del etanol que sustituye los combustibles fósiles, con el cultivo de soja, y con las cabezas de ganado bovino, ha tenido un impacto territorial muy significativo.
Uso de la tierra, el Amazonas
Además, los terrenos asignados a la obtención de productos básicos han aumentado vertiginosamente en los países del Mercosur durante un periodo de tiempo relativamente corto. Los datos de Brasil demuestran muy claramente el alcance de esta expansión. En 45 años, la superficie utilizada para el cultivo de caña de azúcar en Brasil se ha multiplicado por cinco y las cabezas de ganado se han triplicado, alcanzando cifras de más de un animal por persona. Este aumento en el número de cabezas de ganado ha tenido un enorme impacto en el uso de la tierra, especialmente porque gran parte de la expansión ha tenido lugar en la Amazonia brasileña.
Prácticamente la mitad de toda la cabaña ganadera en Brasil se encuentra dentro de la Amazonia legal, con más de 106 millones de cabezas de ganado, o el 49,57% del total del país. La ganadería en Brasil es predominantemente extensiva. Según el último censo agrícola de 2017, Brasil tiene 159.497.547 hectáreas (o 1.594.975,47 km²) de pastos, que corresponde a más del 18% de la superficie del territorio. La tasa de uso de la tierra en 2017 fue solo 1,35 bueyes por hectárea de pasto.
Impacto territorial, ambiental, social y en la salud
Este aumento de los cultivos/productos básicos, los llamados “commodities”, ha conducido a un enorme impacto medioambiental y social. La deforestación y el uso intensivo de plaguicidas son ejemplos evidentes de estos impactos.
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Expansión del cultivo de la soja en Brasil. Mapa contenido en el informe “Geografía de la Asimetría, elaborado por del Departamento de Geografía de la Universidad de Sao Paulo (Larissa Mies Bombardi).
Pero el caso de la producción de soja es, sin duda, el más emblemático. La superficie de tierra utilizada para cultivar soja en Brasil se ha multiplicado por seis en 45 años, y la mayor parte de esta expansión ha tenido lugar recientemente. El área utilizada para su cultivo en Brasil ha aumentado exponencialmente de forma que entre 2010 y 2019, aumentó un 53,95%, mientras que, en este mismo periodo, el área agrícola total ha aumentado un 28,46%.
La expansión de monocultivos como la soja en Brasil ha incrementado paralelamente el uso masivo de plaguicidas: de forma que mientras que el cultivo de soja se expandió en un 53,95% entre 2010 y 2019, el uso de plaguicidas durante este periodo aumentó en un 71,46%.
Obviamente, la expansión de los monocultivos que requieren el uso de pesticidas en las regiones este y sureste de la Amazonia legal se ha visto precedida por la deforestación que durante el mismo periodo ha tenido lugar. Cuando se suman ambos efectos, la deforestación y el aumento en el uso de pesticidas, lo que se obtiene es una imagen trágica de la Amazonia legal brasileña que resume los impactos medioambientales y sociales del marco económico que los países miembros del Mercosur han adoptado.
Esto es especialmente cierto en el caso de Brasil, cuyo escenario de crecimiento actual se ha construido en gran parte sobre la base de la expansión de productos agrícolas básicos.
En suma, impacto territorial (superficie y uso de la tierra), impacto medioambiental y social (deforestación y uso intensivo de plaguicidas), e impacto en la salud humana en la región, subordinados a los intereses de la agroindustria. Estamos ante un modelo de desarrollo inequitativo al que debe sumársele riqueza natural saqueada, avance de los monocultivos en tierras indígenas, desplazamiento de pueblos y comunidades tradicionales que son expulsados de su hábitat para dar paso a la agricultura “moderna”… y múltiples plaguicidas empleados en la agricultura “tecnológica”, incluso mediante fumigación aérea, una práctica prohibida en la UE, pero todavía permitida en los países del Mercosur.
Plaguicidas de UE, China y Estados unidos
Estos plaguicidas, como es bien sabido, se han desarrollado, producido y exportado principalmente por países desarrollados, entre los cuales los países miembros de la UE son actores importantes. El mercado internacional de plaguicidas está controlado por la UE, China y los Estados Unidos, que juntos, a través de varias de sus empresas, fueron responsables del 83% de los plaguicidas vendidos en todo el mundo en 2018.
Actualmente, el 30% de las ventas mundiales de plaguicidas son de empresas con sede en la UE.
Además de ser uno de los líderes del mercado mundial de plaguicidas, la UE exporta a otros países, entre ellos los del Mercosur sustancias que están prohibidas dentro de su propio territorio, en ocasiones por razones vinculadas a problemas de salud graves, adoptando un doble rasero en su conducta, ya que considera permisible que los ciudadanos del Mercosur estén expuestos a sustancias no toleradas por peligrosas para los ciudadanos de la UE. Este comportamiento puede ser legal, aunque, desde luego, es poco ético en el mejor de los casos.
La desigualdad que caracteriza la relación entre el Mercosur y la UE con respecto a los plaguicidas no solo se evidencia por las diferencias en los estándares relacionados con sustancias prohibidas en la UE y autorizadas para su uso dentro del Mercosur, sino también en las diferencias con respecto a los niveles de residuos de plaguicidas permitidos en los alimentos y el agua potable del Mercosur que pueden duplicar o triplicar los límites de la UE y, en muchos casos, hasta de decenas, cientos o incluso miles de veces más altos en el Mercosur. En Brasil, alrededor del 30% de los plaguicidas autorizados para su uso en cultivos están prohibidos en la UE.
Las principales plagas citrícolas
La citricultura brasileña sufre una gravísima afección de todo tipo de plagas y enfermedades (Mancha Negra ó Citrus Black Spot —CBS—, Clorosis Variegada de los cítricos —CVC—, Citrus canker, HLB ó Greening…).
Después de una importante bajada en producción debido al HLB, al igual que en Florida, Brasil está estabilizando e incluso recuperando la producción de agrios gracias a la aplicación de medidas de erradicación —arranque de árboles infectados y zona circundante— y a través de constantes tratamientos químicos con aplicaciones de insecticidas sistémicos en plantaciones jóvenes y pulverizaciones foliares con elevada frecuencia con insecticidas de contacto a lo largo de toda la vida de la planta (cada 7 a 14 días en plantaciones jóvenes y cada 14-28 días en plantaciones de más de tres años).
Brasil exportó más de mil millones de euros en zumo de naranja a la UE en 2018. En el caso de la citricultura española, el Acuerdo UE-Mercosur supondrá la liberalización de la importación en la UE de zumo de naranja, particularmente del zumo 100% exprimido, pudiendo hacer desaparecer la industria europea del zumo y, en consecuencia, desequilibrar el mercado de fresco, estrangulando al sector productor de cítricos europeos.
En su vertiente estrictamente comercial el Acuerdo UE-Mercosur agravará las situaciones ya creadas en unos mercados citrícolas caracterizados por su globalización y una pérdida creciente de competitividad, por la inexistencia de medidas eficaces de gestión de crisis para afrontar los desequilibrios de oferta y demanda, y porque en la cadena comercial agroalimentaria los precios y márgenes no se marcan desde abajo (de productor a consumidor), sino de arriba hacia abajo, siendo la gran distribución la que fija el precio de venta al público y obliga a sus proveedores a reajustar a la baja sus precios y costes.
En manos de tres multinacionales
Si se ratifica el Acuerdo UE-Mercosur, el precio suelo para la fruta comunitaria lo fijará un oligopolio de tres empresas brasileñas en base a sus intereses, y auguramos que este precio mínimo supondrá un atentado contra la rentabilidad, la competitividad, la circularidad sostenible y la resiliencia de la cadena de valor citrícola, comportando un importante perjuicio económico para los productores comunitarios.
Si se ratifica este acuerdo, el precio suelo para la fruta comunitaria lo fijará un oligopolio de tres empresas brasileñas en base a sus intereses, y auguramos que este precio mínimo supondrá un atentado contra la rentabilidad
Antes de lanzarse alegremente a la ratificación del Acuerdo comercial Mercosur-UE sería conveniente que el Gobierno español, tan medioambientalmente proactivo en otros ámbitos, valorara estas cuestiones, consultara al sector citrícola español sobre las consecuencias comerciales del mismo, y ante todo obligara a que para poder ser exportadas a la UE las producciones frescas o transformadas del Mercosur acrediten que respetan los mismos estándares medioambientales que las de la Unión Europea.
Si la UE y sus estados miembros son adalides de la respuesta al cambio climático y defensores de la conservación del medio ambiente, tienen que demostrarlo con hechos y no solo con declaraciones.
(*) Presidenta del Comité de Gestión de Cítricos (CGC)