Cirilo Arnandis, Presidente de la sectorial de Frutas y Hortalizas de Cooperatives Agroalimentaries, analiza las consecuencias del Cotonet
El Cotonet de Sudáfrica está provocando importantes pérdidas en la citricultura de la Comunitat Valenciana. / Archivo
Cirilo Arnandis (*)
Tenía que pasar y pasó. Mejor dicho, está pasando y va a seguir pasando durante varias campañas más. No se trata de un acertijo, se trata de decirle a quien corresponda, que se ha cumplido el vaticino que venimos haciendo desde hace tiempo los productores, en relación con el riesgo potencial de sufrir los efectos de una plaga de cuarentena, para la cual no haya tratamiento posible. No se trataba pues, de falsos augurios, ni de profecías apocalípticas anunciando el fin del mundo. Tampoco del fin de la citricultura, a la vista de los perniciosos efectos que podría tener para la agricultura mediterránea la política aperturista y permisiva que, desde Bruselas se está poniendo en práctica, en relación con las importaciones de frutas y hortalizas procedentes de países terceros.
El hecho es que, en la actualidad, hay 80 municipios de la Comunitat Valenciana, 15 de ellos desde este año 2021, afectados por un cóccido procedente de Sudáfrica, cuyo nombre científico es Delotococcus aberiae, pero al que comúnmente se le conoce como Cotonet de Les Valls, o como más recientemente se la ha bautizado, Cotonet de Sudáfrica. En estos momentos no existe ningún tratamiento que sea eficaz en la lucha contra este insecto. La consecuencia inmediata de la presencia de esta plaga, y de la ausencia de tratamientos que atenúen sus efectos, es que hay productores que, por segundo año consecutivo, no van a poder recolectar su cosecha al estar afectada por esta calamidad. Y todavía peor, es muy posible que durante los dos o tres próximos años, tampoco puedan tener ingresos económicos provenientes de la cosecha de sus cítricos.
“Se ha cumplido el vaticino que venimos haciendo desde hace tiempo los productores, en relación con el riesgo potencial de sufrir los efectos de una plaga de cuarentena, para la cual no haya tratamiento posible”
Esta política aperturista, que se intenta escudar en el contexto de la libertad de comercio, so pena de sanciones en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC), no deja de ser una sentencia para la agricultura mediterránea. Así lo han entendido aquellos países terceros a los que accedemos con nuestros productos de primor, que nos obligan al cumplimiento de estrictos protocolos de acceso a sus mercados. Sea por cuestiones comerciales enmascaradas, o por una prudencia real a un contagio foráneo, los operadores españoles sufren exigencias que parece que la OMC no tiene nada que decir. O peor aún, que quienes tienen la obligación de elaborar los correspondientes informes para protegernos de la llegada de plagas de cuarentena, no tienen la misma pericia, o el mismo celo, para conseguir el objetivo que sí que consiguen las Administraciones de nuestros mercados de destino fuera de la Unión Europea. Y aquí, quizás, haya que referirse más al ámbito político que al funcionarial.
Paralelamente, y siguiendo con nuestro particular harakiri, la política marcada desde Bruselas en materia de productos fitosanitarios se caracteriza por la eliminación progresiva y constante, sin prisa, pero sin pausa, de cada vez más materias activas, que hasta la fecha se estaban mostrando eficaces. Seguro que habrá buenas razones para ello, pero lo que no se entiende es que solo se eliminen para los productores europeos, y no para los productores de países terceros, que acceden así, con materias más eficaces y más baratas, a competir al mismo mercado que nosotros. Pero claro está, con toda una serie de beneficios de salida. Y es que la cuestión es más sangrante en la medida es que se procede desde el Diario Oficial de la Unión Europea, sin saber de antemano, si va a existir producto sustitutivo o estrategia alternativa que permita luchar contra las mismas plagas.
Bajo el mantra de que Europa exige lo mismo para todas las producciones que acceden al mercado europeo, se comete una de las mayores infamias, que es las verdades a medias. Así, sí que es cierto que el LMR, o nivel máximo de residuos que, de un determinado producto fitosanitario, puede detectarse en las importaciones procedentes de países terceros, es el mismo que para las producciones europeas. Se asegura así que la seguridad alimentaria está garantizada, cuestión esta, como veremos, que también es otra verdad a medias. Lo que no se dice es que un producto fitosanitario cuyo uso está prohibido para los productores europeos y, por consiguiente, no se debe de detectar en un análisis de residuos, lo esté también para los productores de países terceros.
“En la actualidad hay 80 municipios de la Comunitat Valenciana, 15 de ellos desde este año 2021, afectados por un cóccido procedente de Sudáfrica, cuyo nombre científico es Delotococcus aberiae, pero al que comúnmente se le conoce como Cotonet de Les Valls, o como más recientemente se la ha bautizado, Cotonet de Sudáfrica”
Así, nuestros colegas de más allá de las fronteras comunitarias tienen un mayor abanico de posibilidades, y a mejor precio, para defenderse de las plagas. Los productores de países extracomunitarios pueden utilizar, de modo legal, productos fitosanitarios cuyo uso está prohibido en Europa.
Para el acceso al mercado europeo, tan solo deben de esperar el tiempo suficiente antes de remitirnos sus productos, de tal manera que se disipe el producto utilizado. Consecuencia de esta política son los escandalosos niveles de detección de productos contaminados procedentes de determinados orígenes. El último caso es el nivel de detecciones de un competidor directo nuestro, Turquía, contándose por casi en un centenar las notificaciones de alerta sanitaria por superar los LMR recogidos por el según los datos recogidos por el “Sistema de Alerta Rápida para los productos Alimenticios y Piensos (RASFF)”, de la Unión Europea.
El tema no es la competencia desleal en costes de oportunidad, ni siquiera ya que nos lleguen plagas de fuera contra las que nos encontramos inermes, que como hemos visto, está ocurriendo, sino que también se está jugando con la salud del consumidor, y en esencia, de los ciudadanos. Y esta es una cuestión más seria. Si bien es cierto que la campaña pasada, Bruselas se atrevió a cerrar la importación de cítricos procedentes de Argentina, siendo la causa el alto nivel de plagas detectados en sus envíos, es difícil de entender que se mire hacia otro lado a la vista del nivel de ocasiones en que los envíos turcos han sido sorprendidos con niveles de residuos que pueden afectar a la salud humana. La única advertencia ha sido incrementar el nivel de las muestras a analizar. Quizás será bueno recordar el papel que está jugando el país otomano en la relación con la cantidad de refugiados que están asentados allí, y de lo que ya ha anunciado su presidente que está dispuesto a hacer si los vientos no le son favorables desde Europa. Una vez más siempre pagamos los mismos.
Y es que la conciencia les debe de remorder en Bruselas. Como es sabido, el pasado día 25 de junio, en el contexto del Trílogo, es decir, negociaciones a tres bandas entre Comisión, Consejo y Parlamento Europeo, se cerró el acuerdo político sobre la futura PAC. No deja de ser paradójico que las instituciones europeas hayan tardado cinco años en aprobar una PAC que solo se aplicará durante otros cinco años, es decir, desde 2023 y hasta el 2027. Pues bien, uno de los flecos que quedó para el final fue el de exigir a las producciones de países terceros, lo mismo que a los países socios de la Unión Europea. A fin de cuentas, las instituciones comunitarias ya se habían comprometido a ello en el Pacto Verde, hoja de ruta de la política comunitaria de los próximos años. El resultado fue, como se dice en el rugby, patada a seguir, y ya se verá.
“La consecuencia inmediata de la presencia de esta plaga, y de la ausencia de tratamientos que atenúen sus efectos, es que hay productores que, por segundo año consecutivo, no van a poder recolectar su cosecha al estar afectada por esta calamidad”
Con respecto a este tema, el de la reciprocidad en aspectos fitosanitarios, seguridad alimentaria y medioambiental, el Consejo y Comisión no han aceptado la enmienda del Parlamento Europeo, al entender que la OCM no es el lugar donde se deben de regular estas cuestiones. El Consejo casi por amplia mayoría no aceptó la enmienda. En su lugar se adoptan tres declaraciones. La primera invita a la Comisión Europea a presentar, antes de junio 2022, un informe de evaluación sobre si existe marco normativo, o no, para exigir reciprocidad. En la segunda, las tres instituciones comunitarias reconocen la necesidad de buscar más coherencia entre las normas medioambientales y salud de la UE y las de las importaciones, en conformidad con las reglas internacionales, en el marco de lo que se espera del Pacto Verde Europea y Estrategia Granja a la Mesa. Y finalmente, se insta a que la futura legislación sobre la sostenibilidad de productos alimentarios, propuesta que trabaja la Comisión en el marco de la Estrategia de la Granja a la Mesa, contribuya a conseguir este objetivo de la reciprocidad.
Esperaremos a ver si no nos llevamos una nueva decepción, aunque la esperanza es lo único que se pierde. Entretanto, deberemos de seguir compitiendo, obligados a superar el diferencial normativo que nos imponen nuestras propias autoridades. Si eso ya es difícil, y mal con bien vamos tirando, no nos pidan ahora ya más imposibles. Contra las plagas de cuarentena, y sin recursos, no sabemos ya qué hacer.
(*) Presidente de la sectorial de Frutas y Hortalizas de Cooperatives Agroalimentaries
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