Cirilo Arnandis: "¡Reciprocidad, reciprocidad, reciprocidad!"

Cirilo Arnandis analiza el comportamiento de Bruselas ante los acuerdos comerciales con terceros países que perjudican a las producciones comunitarias

Parece que en el acceso a Europa no se salva nadie de la inclusión en las listas de países con envíos contaminados. / ARCHIVO

Cirilo Arnandis (*)

En mi artículo anterior tuve ocasión de exponer los elementos que lastran o perturban nuestra competitividad. Lo cierto es que gran parte de ellos son deben a decisiones en el ámbito político, y se nos intenta convencer de que el contexto normativo internacional obliga a ello. Los tratados de la Organización Mundial del Comercio y del CODEX Alimentarius son la causa de que no podamos imponer nuestras normas, las que se les exige a los productores de la Unión Europea, a los productores de países terceros en sus respectivos territorios. Pero como quiera que una verdad a medias suele ser una gran mentira, no cabe duda de que desde Bruselas no se puede imponer a un país tercero cómo debe de producir en su territorio, pero sí se puede determinar las condiciones de la fruta que accede a su territorio procedente de más allá de sus fronteras.

Hace unas fechas, pude leer en un medio de comunicación acreditado que Rusia prohibía la importación de mandarinas frescas de Turquía. La noticia no era suficientemente clarificadora sobre si la medida era de aplicación con carácter general al país otomano, o tan solo a la empresa a la que se le había detectado el envío contaminado. No obstante, lo que sí que estaba claro era la causa desencadenante de tal presunta medida, y no era otra que la detección, en un solo lote de productos, de niveles superiores de los permitidos del pesticida clorpirifos. La misma nota habla incluso de que la motivación detrás de esta decisión podría ser política. Siguiendo con más noticias, recientemente se informaba por fuentes oficiales de que las autoridades de Corea del Sur habían detectado un envío procedente de España contaminado con el nematodo Radopholus similis. Como consecuencia de ello, hemos sido incluidos en la lista de países que no puede acceder al país asiático, en este caso, en el comercio de plantas vivas o partes subterráneas frescas.

Desde Bruselas no se puede imponer a un país tercero cómo debe de producir en su territorio, pero sí se puede determinar las condiciones de la fruta que accede a su territorio procedente de más allá de sus fronteras

Vemos como para el caso de Corea del Sur o de Rusia, una sola detección es el desencadenante de la adopción de medidas tan drásticas como la de suspender el comercio y cerrar las fronteras. Si hacemos memoria, fue una sola presunta detección de Ceratits en Estados Unidos la causante del cierre de las fronteras de aquel país a los cítricos españoles. Mientras, en el caso de la Unión Europea, tan solo hay que ver las cifras oficiales de detección, en este caso de plagas de cuarentena. Así, según datos oficiales comunitarios, en el periodo que va del mes de mayo al mes de noviembre del presente año 2021, y por lo que respecta solo a los cítricos, Sudáfrica ha acumulado más de 60 detecciones, Brasil suma 18 y Argentina alcanza 7. Países como Egipto, Túnez o Uruguay, aunque en menor número, también pasan a formar parte de esta lista tan preocupante.

Parece que en el acceso a Europa no se salva nadie de la inclusión en las listas de países con envíos contaminados. Al sector le queda la tarea de ir contabilizando estas detecciones, como si fuera una especie de crónica futbolística en la que exponer el minuto y resultado del partido. En este contexto, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha anunciado su intención de defender en Bruselas la existencia de las “cláusulas espejo”. Es decir, la versión técnica y políticamente correcta de lo que viene exigiendo el sector productor español, y el europeo por extensión, de la reciprocidad en las condiciones de acceso a los distintos mercados, tanto en la llegada de productos de países terceros a Europa como en la de las exportaciones comunitarias de frutas y hortalizas a estos países. A la vista de los datos, ya no hay excusas convincentes, más allá de la retórica política, fruto de la actuación de determinados grupos de presión, para que esto sea así.

Europa tiene un contexto normativo puntero en cuestiones relativas al respeto al medio ambiente y a la seguridad alimentaria. Nos encontramos inmersos en el desarrollo del Pacto Verde Europeo, y dentro de éste, de la Estrategia de la Granja a la Mesa y la Estrategia por la Biodiversidad, a lo que hay que añadir los compromisos de la última Cumbre del Clima, recientemente celebrada en Glasgow. El impacto de estas políticas ha sido analizado en un informe elaborado por el Departamento de Agricultura estadounidense, así como por la propia Comisión Europea, llegando ambos a las mismas conclusiones: su aplicación conlleva sobrecostes y una reducción de la producción. En definitiva, mermas en la competitividad de los productores europeos.

Quizás por eso el informe de la Comisión Europea parece que fue escondido durante varios meses en un cajón, siendo publicitado en mitad de las fechas estivales y vacacionales. No se me ocurre, ingenuo de mí, que la causa de tal modo de proceder fuera que los resultados del informe europeo pasaran lo más desapercibido posible al ser contrarios a las pretensiones de la política oficial comunitaria. Así pues, en aplicación de la propiedad transitiva que se nos enseñó en el colegio, bien se podría decir que atentar contra el clima, poner en riesgo la sanidad de las plantaciones europeas y atentar contra la seguridad alimentaria de los consumidores les trae a cuenta. Mientras aquí se exigen auditorías laborales, en una Europa con exhaustiva normativa laboral, allí, con salarios y modos de proceder en relación con los derechos humanos cuanto menos opinables, se mira hacia otra parte. Mientras aquí hay una cadena de distribución de alimentos que exige responsabilidades a sus proveedores de frutas y hortalizas en el Mar Menor por la contaminación de las aguas, a los de allí nadie les exige nada.

Si el sector productor europeo se ha venido quejando de la existencia de una doble moral en la aplicación práctica de la norma comunitaria, lo que todavía dificulta más su competitividad en estos momentos es el incremento de los costes logísticos y de los insumos. Este contexto nos hace más vulnerables, provocando nuestra expulsión del mercado y un potencial abandono de tierras como consecuencias más inmediatas. La guerra del céntimo en la gran distribución en los productos perecederos, sin caer más a cuenta de la sanidad alimentaria del producto que le llega al consumidor europeo, puede traer consigo una dependencia exterior en algo tan sensible como es la alimentación.

Algo se deben de estar oliendo por la capital europea cuando desde Bruselas se está diseñando, dentro de una nueva política global menos dependiente, un plan de contingencia para el suministro y la seguridad alimentaria en tiempos de crisis. Se trata de hacer un análisis más detallado de las vulnerabilidades y la infraestructura crítica de la cadena de suministros de alimentos, además de intercambios de información y cooperación con la comunidad internacional. Se trata de garantizar el suministro de alimentos en la Unión Europea, venga de donde venga, y a la vista de los datos y de las evidencias, haciéndose trampas al solitario al plantear la Estrategia de la Granja a la Mesa como solución a las vulnerabilidades y la dependencia europea. Conviene incidir, una vez más, que los estudios de impacto de esta Estrategia muestran una clara tendencia a una menor producción y a una mayor importación. Así, pues, la crisis de rentas en el campo no existe, al menos para Bruselas.

En un momento en el que la economía global está mostrando sus debilidades, Europa se está planteando producir en su territorio una serie de bienes considerados estratégicos, más allá que los pueda adquirir a un precio menor en el mercado internacional. Se trata de garantizarse el suministro generando una menor dependencia exterior, pues lo que hoy es barato, puede que mañana no se pueda conseguir a ningún precio. La pandemia, y por ejemplo la ausencia de mascarillas o equipos de protección en los primeros momentos de la incidencia del coronavirus, nos deben de hacer reaccionar. Sabia decisión, pero que no parece alcanzar a los alimentos ni a los agricultores.

Las políticas comunitarias de nuestro sector suponen que cada vez importemos más; la Unión Europea recurrirá la sentencia del Tribunal General de la UE por el que se anulaba parte del acuerdo con Marruecos; pese a que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) reconoce el tratamiento en frío como mecanismo más eficaz de prevención para las importaciones procedentes de Sudáfrica, seguimos sin noticias oficiales del tema; no tenemos seguridad alguna que, en relación con la revisión del acuerdo con África Meridional, no se hagan concesiones suplementarias. No parece que así generemos un contexto de soberanía comunitaria en el abastecimiento de alimentos. La política agraria, en este caso para mal, sigue siendo una política aparte.

(*) Presidente Frutas y Hortalizas Cooperatives Agroalimentaries.