Bruselas propone obligar a reducir un 50% el uso de plaguicidas químicos para 2030
Los productores denuncian la sistemática supresión de materias activas para combatir las plagas. / ÓSCAR ORZANCO
Óscar Orzanco. Redacción.
Desde inicio de la pandemia, y con las consecuencias de la guerra de Ucrania muy presentes, la Unión Europea proclama en los últimos años la importancia de garantizar la soberanía alimentaria europea, no dependiendo en este capítulo tan delicado de países terceros en momentos de crisis. La alimentación se ha convertido en un ámbito económico y social estratégico y esencial para garantizar el buen funcionamiento del sistema y de la sociedad.
Pero al mismo tiempo, desde la Comisión Europea se lanzan mensajes que chocan con el objetivo de garantizar el suministro de alimentos a la población a precios asequibles. Y en esta línea contradictoria se enmarca la propuesta presentada en junio por la CE para obligar a reducir en un 50% el uso de plaguicidas químicos en la UE para 2030, uno de los objetivos de la Estrategia de la Granja a la Mesa. Una medida que se traducirá en metas nacionales diferentes, en función de la situación de partida de cada Estado miembro. Bruselas, de esta forma, sigue reforzando el Pacto Verde Europeo y una transición hacia un modelo más sostenible con metas muy elevadas.
La Comisión ha presentado esta medida restrictiva a pesar de que muchos países y sectores productivos agroalimentarios vienen insistiendo desde hace tiempo en que quizás no es el momento más adecuado para implementar esta estrategia.
La propuesta de Reglamento de uso sostenible de productos fitosanitarios, adoptada por la Comisión Europea el pasado 22 de junio, transforma la directiva vigente, la directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por la que se establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas.
Según argumenta la Comisión Europea, las normas vigentes de esta directiva han demostrado ser demasiado débiles y se han aplicado de forma desigual. De la misma manera, Bruselas señala que no se ha avanzado lo suficiente en el uso de la gestión integrada de plagas, ni en otros enfoques alternativos. Por ello propone normas claras y vinculantes para reducir en un 50% la utilización y el riesgo de los plaguicidas químicos y el uso de los más peligrosos de aquí a 2030. Es decir, la CE ha optado por presentar un Reglamento legalmente vinculante y de obligado cumplimiento en todos los países.
La idea de reducir a la mitad el uso de fitosanitarios en menos de diez años es muy ambiciosa, pero la situación actual del sector agroalimentario, y sobre todo de los productores, no es muy halagüeña. El escenario económico se ha complicado mucho debido al elevado incremento de los costes, y el sector considera que adaptarse a las nuevas normas de sostenibilidad supondrá un gasto añadido en una situación que ya es delicada.
Además, los productores vienen denunciando la sistemática supresión de materias activas para combatir las plagas y enfermedades por parte de la UE, sin contar con alternativas de eficacia contrastada. Esto está generando problemas en muchos cultivos, con pérdidas de cosechas y un incremento de los costes de los agricultores para hacer frente a los daños generados por determinadas plagas y enfermedades para los que actualmente no existen soluciones que proporcionen buenos resultados.
Para compensar el impacto sobre los productores, que tendrán que hacer un especial esfuerzo para ajustarse a las nuevas normas, Bruselas ha propuesto que puedan beneficiarse de las ayudas de la PAC durante cinco años.
“Por primera vez proponemos unas metas de reducción obligatorias, unos objetivos claros y reglas que reducirán un 50% el uso de pesticidas en la UE para 2030”, afirmó la comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides.
La comisaria precisó que no va a impone un “enfoque único para todos”, sino que las normas propuestas “tendrán en consideración el progreso histórico y nacional en el uso de pesticidas de cada Estado miembro” a la hora de establecer los objetivos nacionales.
Es decir, los Estados miembros establecerán sus propios objetivos nacionales de reducción dentro de parámetros para garantizar que se alcancen los objetivos a escala de la UE. Además, Bruselas plantea nuevas reglas sobre control de plagas, que garantizarán que todos los agricultores y otros usuarios profesionales practiquen el manejo integrado de plagas.
Las medidas también incluyen el mantenimiento obligatorio de registros para agricultores y otros usuarios profesionales. Y los Estados miembros deberán establecer normas específicas para los cultivos e identificar las alternativas a utilizar en lugar de plaguicidas químicos.
Otra novedad es la prohibición total de los pesticidas en áreas sensibles, como las áreas verdes urbanas, incluyendo parques o jardines públicos, zonas de juego, escuelas o centros deportivos, así como las áreas protegidas de la red Natura 2000 y cualquier área ecológicamente sensible a ser preservada para los polinizadores amenazados.
Una propuesta mejorable
El Ministerio de Agricultura ya ha expresado que la propuesta de la Comisión Europea contiene algunos aspectos que “deben mejorarse”. El MAPA detalla que “será necesario clarificar cómo se aplican determinados elementos” porque “la propuesta es demasiado compleja y será necesario hacer un esfuerzo de simplificación de algunos aspectos”. Para la cartera ministerial española estas mejoras deberán llevarse a cabo “en el procedimiento de tramitación en el seno del Consejo de la UE”.
El MAPA, no obstante, valora que la iniciativa presentada por la CE “se base en la evolución de los indicadores de riesgo armonizado con los que ya se vienen trabajando y que permite a los Estados miembros fijar sus propios objetivos de reducción, en base a criterios comunes, de manera que se tengan en cuenta sus propias particularidades”.
La propuesta de la CE se enmarca en la Estrategia de la Granja a la Mesa y pretende actualizar la normativa aplicable a estos productos químicos, que data del año 2009 (Directiva 2009/128). Según el Ministerio, la propuesta refuerza el empleo de la gestión integrada de plagas, ya recogida en la normativa de 2009, para fomentar el uso de medios de lucha alternativos a los productos fitosanitarios y el empleo de productos de menor riesgo.
El Ministerio señala que a nivel nacional ya realiza una labor para reducir el uso y el riesgo de los productos fitosanitarios y para fomentar el empleo de la gestión integrada de plagas, así como apoya el empleo de agentes de control biológicos.
La innovación agrícola
La Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (Aepla) afirmaba, tras la publicación de la nueva propuesta de la Comisión, que “la innovación agrícola será clave en el futuro del uso de fitosanitarios”.
Según la organización, dicha normativa abre “una oportunidad para profundizar en el uso sostenible” de productos fitosanitarios y “puede ir un paso más allá en la introducción de tecnologías, y también en la innovación en su aplicación”.
En relación con los objetivos de reducción vinculantes a nivel europeo y nacional que aparecen en la propuesta de Reglamento, Aepla considera que “cualquier objetivo debe ser alcanzable, realista y basado en un estudio de impacto”, tal y como la industria española de fitosanitarios “ha defendido hasta ahora”. A su juicio, “la introducción de criterios que favorezcan la flexibilidad en relación con estos objetivos, son necesarios y pertinentes para países como España”.
Y es que —añaden—, en España “la diversidad de cultivos y las características agronómicas obligan a los agricultores a disponer de un conjunto completo de herramientas”.
Ante este contexto, Aepla ha mostrado su desacuerdo con que “la definición de intensidad en el uso de productos fitosanitarios que introduce la nueva propuesta de Reglamento” sea “un puro parámetro matemático, no basado en las necesidades de los cultivos concretos en cada país”.
La organización también ve con preocupación “la definición y las severas restricciones en relación al uso de productos fitosanitarios en las denominadas zonas sensibles”.
“En España, mucha superficie agrícola podría ser considerada zona sensible. Esta medida podría tener un gran impacto en la producción, conduciendo al abandono de tierras y al aumento de la despoblación, lo que iría en contra de los objetivos de coexistencia de la agricultura y la biodiversidad”, han explicado.
La industria española de fitosanitarios aboga por tanto por “una mejor definición, la posibilidad de introducir otras excepciones en función del país y medidas de mitigación del riesgo en casos concretos”.
E insisten en que el sector “tiene un profundo compromiso con la producción sostenible de alimentos” y que su objetivo es “colaborar en la mejora del proyecto de Reglamento presentado, de manera que pueda fomentar la introducción de nuevas tecnologías y soluciones integradas para la protección de los cultivos”.
Como ejemplos, Aepla menciona “la profundización en la Gestión Integrada de Plagas, la tecnología de aplicación y precisión con drones, el monitoreo digital de plagas o la optimización de insumos y potenciar la aprobación de productos fitosanitarios con nuevos perfiles”.
Preocupación en el sector
Organizaciones del sector de frutas y hortalizas de Francia, Italia, Portugal y España resaltaron, en el marco de la última reunión del grupo de contacto de fitosanitarios que tuvo lugar el 27 de junio, la preocupación que ha generado en sus respectivos sectores y países la propuesta de Reglamento de la Comisión Europa.
En el encuentro, en el que también participaron responsables de la administración de los cuatro países, los representantes de los productores de Francia, Italia, España y Portugal se mostraron críticos con la propuesta de Reglamento sobre uso sostenible de productos fitosanitarios, sin que se ya analizado las consecuencias sobre el tejido productivo comunitario.
Fepex destacó, además, que con esta propuesta de Reglamento la Comisión ha pasado de establecer objetivos aspiracionales para el uso de productos químicos en la agricultura, establecidos ya en la Estrategia de la Granja a la Mesa, a objetivos vinculantes, ya que la nueva normativa establece porcentajes y medidas claras para la disminución de uso y será directamente aplicable en todos los Estados miembros una vez sea aprobado. En cambio, la propuesta de Reglamento no incluye ni propuestas ni medidas concretas, ni posibles líneas de financiación, que contribuyan a que los productores puedan conseguir esos objetivos.
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