Mientras los regantes de SCRATS protestaban en Moncloa, el Consejo de Ministros aprobaba el Real Decreto que hipoteca el trasvase y condiciona el futuro hidrológico de España
Raquel Fuertes. Redacción
Según informa EFE, el Gobierno ha aprobado los 12 planes hidrológicos (2022-2027) y que incluyen la fijación de caudales ecológicos en el río Tajo, lo que supondrá un recorte de las aportaciones al Segura, que tanta polémica ha levantado entre las autonomías implicadas.
De esta manera, la propuesta del Gobierno contempla que el caudal ecológico a su paso por Aranjuez (Madrid) suba a de seis a siete metros cúbicos por segundo desde el 1 de enero de 2023, que pase a ser de ocho desde 2026 y que se eleve a 8,65 en 2027. Según remarcaba la ministra en la comparecencia tras el Consejo de Ministros “al fin se han aprobado los caudales ecológicos y lo hemos hecho de una manera paulatina, gradual, precisamente para que las inversiones den sus frutos y faciliten la disponibilidad del recurso”.
Aunque la denuncia del Consejo de Estado sobre la falta de coordinación en la regulación de la gestión del trasvase Tajo-Segura dio alguna esperanza a las comunidades afectadas por la aplicación de los caudales ecológicos (Comunitat Valenciana, Región de Murcia y Andalucía), parece que el texto definitivo no ha recogido los puntos que demandaban y que posibilitaban salvaguardar el medioambiente y los intereses de los regantes.
Como respuesta a las protestas que desde Valencia, Murcia y Andalucía la ministra ha afirmado que “estamos en condiciones de dar todas las garantías con respecto a la necesidad de agua en las cuencas receptores y debemos dar todas las garantías con respecto al cumplimiento de la Ley”. La respuesta de los regantes, que se han concentrado en las puertas de Moncloa durante la reunión ministerial, y de los responsables de las comunidades autónomas afectadas no se harán esperar.
De hecho, desde la Generalitat se han pronunciado en un primer momento declarando que “El Consell acoge con satisfacción moderada los cambios introducidos por el Ministerio en el Real Decreto del Tajo Segura. Las principales modificaciones apuntan en la buena dirección en la medida en que recogen una evaluación de la situación de las cuencas de ambos ríos, un importante refuerzo de las inversiones y el compromiso de realizar una nueva planificación hidrológica. Ahora bien, la Generalitat está valorando al detalle el nuevo texto y, en función de ese análisis, no descarta tomar otras vías, incluidas las legales, para defender aquellos puntos que no se ajusten a la posición del Consell y a las justas demandas de los regantes alicantinos”.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto que contempla la planificación hidrológica del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura, Júcar, además de la parte española de los ríos compartidos con Portugal (Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana) y con Francia (Cantábrico Oriental y Ebro).
La Ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera ha señalado que con estos planes hidrológicos abarcan el 86% del territorio nacional, afectan al 65% de la población y cuentan con una inversión de 22.844 millones, de los cuales algo más de 10.000 millones son de inversión estatal.
“Nunca jamás” se han destinado tantos recursos en España para la inversión y gestión en agua, ha hecho hincapié la ministra.