El Consejo de Ministros hace efectivo el recorte al acueducto Tajo-Segura, los regantes anuncian más protestas y la brecha entre comunidades se intensifica
Imagen de la manifestación de este martes de los regantes del levante ante la Moncloa. Efeagro / Rubén Figueroa
R. Fuertes / J. Luz. Redacción.
El recorte al trasvase Tajo-Segura ya es una realidad. El Consejo de Ministros ha aprobado los 12 planes hidrológicos (2022-2027) que incluyen la fijación de caudales ecológicos en el río Tajo, lo que supondrá un recorte de las aportaciones al Segura, que tanta polémica ha levantado entre las autonomías implicadas. Este mecanismo se aplicará de manera “gradual” y “automática” si bien en la práctica habrá una reducción del envío de agua a a Alicante, Murcia y Almería de hasta 110 hectómetros cúbicos en el horizonte de 2027.
De esta manera, la propuesta del Gobierno contempla que el caudal ecológico a su paso por Aranjuez (Madrid) suba a de 6 a 7 metros cúbicos por segundo desde el 1 de enero de 2023, que pase a ser de 8 desde 2026 y que se eleve a 8,65 en 2027. Según remarcaba la ministra en la comparecencia tras el Consejo de Ministros “al fin se han aprobado los caudales ecológicos y lo hemos hecho de una manera paulatina, gradual, precisamente para que las inversiones den sus frutos y faciliten la disponibilidad del recurso”.
En la práctica habrá una reducción del envío de agua a a Alicante, Murcia y Almería de hasta 110 hectómetros cúbicos en el horizonte de 2027
A pesar del dictamen del Consejo de Estado, que recomendaba hacer “compatibles” los caudales ecológicos con el trasvase Tajo-Segura mediante “criterios técnicos y metodologías más detalladas”, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, no ha variado su hoja de ruta y y ha insistido en que “era fundamental determinar un caudal ecológico para el Tajo, cosa que hemos aprobado en el real decreto” para llevarlo a cabo “de manera paulatina y gradual” y así “dar tiempo a que las inversiones generen sus frutos y faciliten la disponibilidad del recurso” a precios “asequibles” en referencia al agua desalada, ya que según ha indicado en la rueda de prensa posterior a la aprobación del Real Decreto, la reducción de la dotación de agua al Levante se prevé compensar con 140 hectómetros correspondientes a la desalación.
La respuesta de los regantes, que se han concentrado en las puertas de Moncloa durante la reunión ministerial, y de los responsables de las comunidades autónomas afectadas no se ha hecho esperar.
Comunitat Valenciana
La Generalitat se han pronunciado en un primer momento declarando que “el Consell acoge con satisfacción moderada los cambios introducidos por el Ministerio en el Real Decreto del Tajo Segura. Las principales modificaciones apuntan en la buena dirección en la medida en que recogen una evaluación de la situación de las cuencas de ambos ríos, un importante refuerzo de las inversiones y el compromiso de realizar una nueva planificación hidrológica. Ahora bien, la Generalitat está valorando al detalle el nuevo texto y, en función de ese análisis, no descarta tomar otras vías, incluidas las legales, para defender aquellos puntos que no se ajusten a la posición del Consell y a las justas demandas de los regantes alicantinos”.
“La Generalitat está valorando al detalle el nuevo texto y, en función de ese análisis, no descarta tomar otras vías, incluidas las legales, para defender aquellos puntos que no se ajusten a la posición del Consell y a las justas demandas de los regantes alicantinos”
Además, tras la sesión de control en les Corts, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que la Generalitat implementará una línea de ayudas para rebajar en 10 céntimos el precio del agua procedente de las desalinizadoras.
Si el Gobierno ha avanzado que fijará el precio del agua desalada en 0,34 euros por metro cúbico, por debajo de los 0,36 euros que planteaba inicialmente, con la ayuda de la Generalitat, el agua se situará en 0,24 euros para los regantes. Además, el president ha avanzado también que va a solicitar la Constitución inmediata de la comisión de seguimiento de las infraestructuras que garantice agua para siempre en la Vega Baja.
Por su parte, el presidente del PP en la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha calificado esta decisión de “un capricho que pone en peligro el empleo de miles de familias y pone en jaque un sector económico fundamental para el desarrollo de la Comunitat Valenciana”, según recoge Europa Press.
Región de Murcia
El Gobierno de Murcia ha sido mucho más tajante y su presidente, Fernando López Miras, ha avanzado que la comunidad recurrirá el Real Decreto al Tribunal Supremo recurrirá al Tribunal Supremo ya que “la alternativa al recorte de entre 70 y 110 hectómetros cúbicos (hm3) que el Ejecutivo español propone suplir con un mínimo de 140 hm3 de agua desalinizada no es una alternativa por su peor calidad y su alto precio”.
En clave política, López Miras añadió tras el Consejo de Ministros que “la fecha de hoy quedará marcada como el mayor ataque político a la Región de Murcia de las últimas décadas, una sentencia de muerte al trasvase Tajo-Segura, una tropelía sin base ni fundamento que golpea el desarrollo socioeconómico y ambiental”.
Andalucía
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha tildado de “disparate” el recorte al trasvase y ha instado al Gobierno central a “dar marcha atrás” en una decisión sin “sentido común” y en la que “no prima el interés general”. Según informa Europa Press, el presidente ha subrayado que “se trata de una decisión claramente política, completamente injustificada en términos técnicos y que, además, se ha tomado de una manera precipitada sin atender al propio Consejo de Estado”.
Castilla-La Mancha
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha escenificado junto con alcaldes ribereños y las alcaldesas de Toledo y de Talavera de la Reina, la unanimidad institucional de la región en torno a la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Plan Hidrológico del Tajo.
En este sentido, García-Page ha señalado también que esta decisión “histórica” del Consejo de Ministros significa que el Gobierno de España ha decidido de manera “coherente” con las directivas europeas y las sentencias del Tribunal Supremo, que el Tajo vaya a tener un caudal mínimo, si bien ha dicho que “sonroja haber tenido que pelear tanto para algo que entiende cualquier bebé: que el Tajo no puede ser el único río de Europa sin un caudal mínimo”, agregó.
SCRATS
Los regantes, por su parte, ya preparan su recurso contra la decisión del Consejo de Ministros. El presidente SCRATS, Lucas Jiménez, indició una vez aprobado el Real Decreto que vuelven a la “posición de origen” y rechazan cualquier subida del caudal en el Alto Tajo”. A su jucio, el planteamiento de Teresa Ribera de suplir la falta de agua del trasvase con agua desalada es “irreal” y no son más que “promesas electorales”.
Los regantes anuncian nuevas movilizaciones y preparan su recurso contra la decisión del Consejo de Ministros
Según publica el diario La Verdad, Jiménez ha afirmado que “vamos a dar batalla legal porque esta señora se ha saltado por lo alto lo que ha dicho su equipo técnico, lo que ha dicho el Consejo Nacional del Agua y lo que ha dicho el Consejo de Estado”. Ha advertido, además, que los regantes mantendrán una presencia activa “en las calles” durante los próximos meses.
Asaja-Alicante
El presidente de Asaja-Alicante, José Vicente Andreu, ha asegurado que “la decisión del Gobierno de imponer el agua desalada” es “injusta y dictatorial” y, en un comunicado, el sindicato ha sostenido que el Gobierno de España “tiene la responsabilidad” de “no ser capaz de garantizar una distribución equitativa y sostenible de los recursos hídricos de este país” y de “gestionar sin coherencia las deficiencias y excedencias estructurales de las diferentes cuencas”.
La asociación alicantina ha resaltado que “la hoja de ruta de imponer por vía autoritaria la sustitución de agua trasvasada por desalada no garantiza una seguridad mínima al campo”, pues una actividad tan importante como la agraria “no se debería sustentar con el dinero prestado que supone el agua desalinizada subvencionada”. En cuanto al coste económico, “el agua desalada hará perder a los agricultores unos 45 millones de euros anuales si se subvenciona, y 136 millones si no se subvenciona”
Asaja Murcia
La organización profesional agraria Asaja Murcia ha calificado como “desastroso y fatídico” el recorte de 70 a 110 hectómetros de trasvase Tajo-Segura, que condena al “hundimiento más absoluto” al campo murciano y levantino. Su secretario general, Alfonso Gálvez Caravaca, ha apuntado que “es una decisión muy negativa y totalmente dañina para el sector agroalimentario de Murcia y de todo el Levante español, además, el enorme daño que van a provocar con esta decisión arbitraria lo van a pagar muy caro”.
Gálvez Caravaca ha señalado también que “vamos a seguir peleando, luchando y trabajando para que se pueda rectificar esta infame decisión que condena al campo murciano a su desaparición. Hoy es un día muy triste para los agricultores y ganaderos murcianos, pues quieren acabar con nuestro sector primario y no lo vamos a permitir. La decisión acordada por el Gobierno de Pedro Sánchez es una injusticia y es una forma de hundir aún más al sector agrario español”.
