Cirilo Arnandis: "A vueltas con la Ley de Restauración de la Naturaleza"

El presidente de Frutas y Hortalizas Cooperatives Agroalimentaries, Cirilo Arnandis, opina sobre la aprobación de la Ley de Restauración de la Naturaleza

Cirilo Arnandis (*)

Y ya vamos para un mes. Las protestas de los agricultores siguen por toda la geografía española y europea, siendo incluso Bruselas el epicentro en algunas de ellas. Las demandas van centradas en dos cuestiones básicas: las excesivas exigencias medioambientales y la ausencia de reciprocidad, ya sea en el ámbito productivo como en el comercial. Si bien es cierto que la pesada burocracia comunitaria ya se ha dado cuenta de qué va esto, y cuáles están siendo las consecuencias de sus decisiones en materia de política agraria, lo cierto es que la intrincada maquinaria comunitaria es lenta cuando se deben adoptar determinaciones, y en ocasiones exasperadamente lenta. Es por eso por lo que los acuerdos de calado se harán de esperar, siendo quienes sean elegidos en las siguientes elecciones europeas los que seguro deberán trabajar este tema, incluso antes de la puesta en marcha de la PAC 2027. De momento, y para ganar tiempo, la Comisión lanzará una consulta pública a los agricultores, en la que seguro les diremos lo que ya saben.

Hasta la fecha, sabemos que ciertas medidas en relación con la condicionalidad reforzada que exige la PAC se están suavizando, lo que afecta en mayor medida a la agricultura continental más que a la mediterránea. También sabemos que ciertos acuerdos comerciales, caso Mercosur, de momento están paralizados, habiéndose publicado ya declaraciones de los Ministerios de Relaciones Exteriores de Brasil y Argentina en este sentido. Pero lo llamativo de esta última consecuencia no hay que buscarla en un convencimiento de las instituciones europeas de las consecuencias derivados de la firma de este acuerdo, sino más bien, en la necesidad de la actual presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, del apoyo de Francia para conseguir un segundo mandato al frente del ejecutivo comunitario. Y es que en Francia las presiones de sus ganaderos han convencido al mismísimo Presidente de la República de los efectos nocivos de los actuales términos en los que se pretendía firmar el acuerdo. En este caso, hay que manifestar envidia sana hacia los franceses.

La aprobación, por parte del Parlamento Europeo, de la llamada “Ley de Restauración de la Naturaleza” ha servido para abrir un nuevo frente de debate en relación con la agricultura y el medio ambiente

Como vemos, la política en Bruselas es compleja, más que en los respectivos países, pues el número de variables es mayor y el procedimiento distinto. Además, las consecuencias que se derivan de cualquier decisión siempre se pueden justificar en que me he quedado solo en la votación, incluso cuando no suelen acarrear ninguna consecuencia política concreta e inmediata a ningún partido político en su ámbito nacional. Pero a parte de estas reflexiones, lo que sí es cierto es que cada cosa tiene su tiempo, y que precisamente no era el tiempo de la aprobación, por parte del Parlamento Europeo, de la llamada “Ley de Restauración de la Naturaleza”. Y no era el momento por que las principales conclusiones del Consejo de Ministros de Agricultura del 26 febrero, celebrado bajo la presión de las protestas, apuntaban a un cambio de paradigma con discursos apoyando sin fisuras y sin ambigüedades a las demandas de los agricultores reconociendo su situación difícil. Y sobre todo, teniendo en cuenta, que la configuración de la Eurocámara puede ser muy distinta tras las elecciones previstas dentro de tres meses, como así parecen decirlo las encuestas.

Los productores, más allá de su contenido, la perciben como una nueva traba a su quehacer diario, que no se va a exigir a los productores de países terceros pese a Naciones Unidas; y los ambientalistas la entienden como un retroceso y una rebaja de sus expectativas

Si hacemos un poco de memoria, fue el pasado mes de julio de 2022 cuando la Comisión Europea formalizó esta propuesta, para acompasar el paso de la Unión Europea con los acuerdos sobre biodiversidad de Naciones Unidas. Hoy, la aprobación del texto propuesto por parte del Parlamento Europeo ha servido para abrir un nuevo frente de debate en relación con la agricultura y el medio ambiente, Así, los productores, más allá de su contenido, la perciben como una nueva traba a su quehacer diario, que no se va a exigir a los productores de países terceros pese a Naciones Unidas; y los ambientalistas la entienden como un retroceso y una rebaja de sus expectativas. La división ha llegado incluso a la Eurocámara, a la vista de lo ajustado de la votación. Fueron 329 votos a favor, 275 en contra y 24 abstenciones, lo que equivale a que 27 votos, de más de 700, fueron los que decantaron la balanza. Creo que sería deseable que decisiones de este calado y relevancia tuvieran cuanto menos un respaldo cualificado, pese a que las reglas permitan actualmente que con un solo voto de diferencia se apruebe un texto legislativo.

La norma, más allá de su contenido, carece nuevamente de una de las grandes demandas del sector, que no es otra que un estudio de impacto

La norma, más allá de su contenido, carece nuevamente de una de las grandes demandas del sector, que no es otra que un estudio de impacto. Sin duda, sería interesante saber previamente en qué afecta a nuestra competitividad respecto de las importaciones procedentes de países terceros. La actividad agraria tiene dos ámbitos perfectamente definidos, que son la producción y su posterior venta y comercialización. Ambos escenarios deben de ir de la mano, pues nadie puede producir si luego no puede vender, y esto se olvida bastante a menudo. El campo europeo está por proteger el entorno, pues ya se vienen aplicando técnicas de cultivo más que respetuosas con el medio ambiente, lo que debe de servir para exigir estas mismas normas a quien pretenda acceder al mercado comunitario, de forma paralela y obligatoria. Sólo así se cumplirán los objetivos pretendidos con las políticas medioambientales actualmente definidas, pues de lo contrario, se generarán desigualdades en la competitividad, cuya consecuencia final será el abandono de los agricultores tradicionales y la posterior deslocalización de las grandes corporaciones inversoras. Por cierto, quiero creer que los medioambientalistas también están por la labor de exigir la protección del entorno de las zonas productoras de países terceros, al igual que lo exigen en Europa, y en ese afán, la reciprocidad puede ser un instrumento muy útil.

Si analizamos el texto de la norma aprobada, llama la atención el hecho de que el texto legislativo está dividido casi por terceras partes en considerandos, articulado y anexos. Demasiadas explicaciones para un texto que dice haber dado un giro en su estrategia, pasando de proteger a conservar y reparar la naturaleza. Así, según el Comisario europeo de Medioambiente, Océanos y Pesca, el lituano Virginijus Sinkevicius, “Se trata de una decisión fundamental para permitir que la naturaleza de Europa se recupere también en beneficio de nuestra economía y de la producción futura de nuestros agricultores”. Si es así perfecto, pero más allá de este tipo de declaraciones leídas, pues el papel lo aguanta todo, ya me gustaría saber de soportes y estudios técnicos que permitieran avalar las declaraciones del comisario, porque ya no estamos para más “brindis al sol”.

No es posible diseccionar el texto en una columna de este tipo, pero sí que conviene recordar su artículo primero, que indica que “el presente Reglamento establece normas que pretenden contribuir a: la recuperación a largo plazo y sostenida de unos ecosistemas ricos en biodiversidad y resilientes en todas las zonas terrestres y marinas de los Estados miembros mediante la restauración de los ecosistemas degradados; la consecución de los objetivos generales de la Unión en materia de mitigación del cambio climático, la adaptación a este y la neutralidad en la degradación de las tierras; la mejora de la seguridad alimentaria; el cumplimiento de los compromisos internacionales de la Unión”. Además, se establece “un marco en el que los Estados miembros establecerán medidas de restauración efectivas y basadas en la superficie al objeto de abarcar conjuntamente como objetivo de la Unión en las zonas y ecosistemas incluidos en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, al menos el 20 % de las zonas terrestres y al menos el 20 % de las zonas marítimas de aquí a 2030 y todos los ecosistemas que necesiten restauración de aquí a 2050”.

Como vemos, se habla de restaurar, y en el largo plazo, y es fácil que el impacto en la agricultura española, con carácter general, sea más bien reducido, y sobre todo en zonas de especial protección, las cuales ya tienen sus propias normas de actuación en el entorno, y en especial las relativas a la agricultura que se da en esos espacios particulares. Pero es que como el gato escaldado del agua fría huye, vemos como entre las posibles medidas de restauración, aparecen algunas como “Detener o reducir el uso de plaguicidas químicos, así como de abonos químicos y de estiércol animal” o “Eliminar las barreras longitudinales y laterales, como diques y presas;”. Más allá del texto y de su continuidad hasta el año 2050, el devenir de esta norma dependerá en buena medida de su implementación, de la disposición de las autoridades incluso españolas, y de las ganas de buscar soluciones adaptadas a la realidad. Y es que de aquí a 2050, pueden venir muchos tipos de políticos con muchas visiones distintas.