La directora de sostenibilidad de Asedas, María Martínez-Herrera, opina sobre la tecnología del frío y la atmósfera controlada en la gestión postocosecha hortofrutícola
María Martínez-Herrera. (*)
El mantenimiento del frío es fundamental a lo largo de toda la cadena de valor de la producción y comercialización agraria. La refrigeración acompaña a los productos del campo, de la pesca y de la ganadería desde el momento mismo de su recolección o extracción, pasando por la preparación para la venta y por la producción en la industria, hasta llegar a la distribución en el transporte, en las plataformas logísticas y en la propia tienda. Aunque las soluciones de tecnologías del frío pueden ser distintas en función de sus diferentes usos en la cadena, la alimentación en su conjunto es uno de los grandes sectores usuarios y, por ello, uno de los grandes afectados por la revisión del Reglamento de Gases Fluorados —llamado FGAS— que está a punto de ser publicado en el DOUCE, —Diario Oficial de la Unión Europea—. Esta norma tiene como principal objetivo la reducción progresiva, hasta su eliminación, de los llamados gases fluorados de alto Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA).
En lo que afecta a la distribución alimentaria, encontramos en este texto —como viene siendo habitual en la legislación de carácter medioambiental— un claro desajuste entre los objetivos y la realidad (el estado del arte de la tecnología). Ello supone, además, un incremento de los costes soportados por las empresas que, como es sabido, no han dejado de aumentar en los últimos años.
En el caso de la distribución alimentaria, el sector está firmemente comprometido con el objetivo de la eliminación progresiva de los gases fluorados con un elevado PCA (≥ 2500). De hecho, los refrigerantes con un alto potencial de calentamiento global como el R-404A (GWP 3800) están siendo sustituidos por alternativas como el R-407A (GWP 1900) o el R-134A (GWP 1300) que se utilizan comúnmente en la refrigeración comercial. Por lo tanto, las empresas van a cumplir con los plazos marcados en la FGAS vigente.
El problema lo plantean, sin embargo, los nuevos plazos marcados para las prohibiciones, que no priorizan la amortización económica ni técnica de las importantes inversiones realizadas para adaptarse a la legislación anterior, y que, además, no contemplan que las alternativas existentes están todavía poco maduras y son muy costosas. La consecuencia de todo ello es que va a resultar muy complicado cumplir con el calendario que figura en el Reglamento que está a punto de publicarse. Por ello, desde la distribución pedimos realismo: establecer alertas tempranas en el calendario de aplicación —para el caso de que no se pudieran cumplir los objetivos— y/o prórrogas acompasadas con el desarrollo real de la técnica y de las soluciones a disposición de los sectores.
En el caso del frío, la distribución es, probablemente, el eslabón más vulnerable ante las nuevas exigencias legislativas. Existen alternativas con refrigerantes de la gama A2L (ligeramente inflamables), pero que tienen importantes limitaciones en supermercados, debido a su uso en determinadas cantidades, sus características de inflamabilidad o su composición química. Por otra parte, el uso del NH3 (amoniaco) como refrigerante que se utiliza desde hace mucho tiempo con garantías de eficiencia y seguridad en la industria alimentaria, no es recomendable en instalaciones comerciales.
Para la distribución alimentaria, aparte de los obstáculos de mantenimiento y peligrosidad, también hay un componente económico importante, ya que supone un enorme incremento de coste, debido a que no existen máquinas de climatización industriales del tamaño que se necesita en los supermercados que utilicen estos refrigerantes. En concreto, de media, el coste de instalación se incrementaría entre un 10 y un 20% para tener un número mayor de máquinas; esto multiplicado por las 24.000 tiendas que existen en España implica un enorme coste. Por lo tanto, en la actualidad, en climatización no existen alternativas razonablemente viables para la variabilidad de tipología comercial y la climatología de España sin el uso de gas fluorado para salas de venta de más de 500 m2.
Por otra parte, una vez más, hay que tener en cuenta las peculiaridades de España frente a otros países europeos —cuyos argumentos ha prevalecido en la aprobación del nuevo Reglamento—. En primer lugar, en nuestro país existen muchos supermercados situados en bajos de viviendas, lo que limita el tipo de instalación que puede utilizarse y determina qué sistemas son más eficientes en edificios compartidos. En segundo lugar, las necesidades de frío en un país de altas temperaturas medias —especialmente en verano— como España son también muy diferentes a las de otros países europeos.
Como conclusión, debemos resaltar la necesidad de tener en cuenta las peculiaridades de cada mercado y de realizar estudios de impacto realistas antes de legislar porque el objetivo es hacer compatible el cuidado del medioambiente con la competitividad empresarial y, para alcanzarlo, es imprescindible el diálogo con los sectores y la prevalencia de los criterios técnicos.
(*) Directora de Sostenibilidad de ASEDAS
Acceso al artículo de opinión en la página 6 del suplemento de Gestión Postcosecha en el ejemplar de Valencia Fruits.
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