Las principales organizaciones agrarias consideran que el Gobierno estigmatiza y criminaliza al sector al buscar indicios de “esclavitud” en el trabajo en el campo
La instrucción remitida por Yolanda Díaz no ha sentado bien en el sector. /MINISTERIO DE TRABAJO
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha remitido una instrucción a los inspectores de las jefaturas provinciales para revisar cuáles son las condiciones de los trabajadores de las campañas agrícolas. El Gobierno ha ordenado una inspección específica para este sector entre mayo y junio.
Fuentes del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social han indicado que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) realiza campañas específicas “en todos los sectores”, incluido el primario, y debe tener protocolos para detectar cualquier infracción laboral, con el objeto de garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores en el desarrollo de esta campaña agrícola, así como salvaguardar la dignidad de los mismos frente a posibles agresiones y abusos.
Así lo han explicado después de que se desvelara el cuestionario que efectuarán los inspectores dentro de la campaña ordenada para el sector agrícola, lo que ha generado controversia principalmente por la formulación de las preguntas. Según se señala, el objetivo del cuestionario es “la posible detección de supuestos que van más allá de las infracciones administrativas y constituyen ilícitos penales, en especial casos de explotación laboral y de trata de seres humanos para la imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, a la servidumbre”.
Esta ofensiva sobre el campo español ha causado una gran indignación entre agricultores y organizaciones agrarias, pues consideran que están siendo “estigmatizados” por el propio Gobierno.
Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, y las cooperativas Agro-alimentarias han manifestado que “no hay esclavitud” en el campo. “Nosotros no esclavizamos a nadie”, ha declarado el director de Asaja, Juan José Álvarez, que rechaza que “se trate a los agricultores y ganaderos como delincuentes”. El dirigente ha señalado que las relaciones laborales del sector se regulan desde los años 80 mediante convenios colectivos entre organizaciones agrarias y sindicatos de todas las provincias, de acuerdo con las autoridades y contratando trabajadores en origen. Álvarez ha pedido que no se culpabilice a los agricultores de los asentamientos ilegales y que las Administraciones solucionen ese problema.
Por su parte, el secretario de organización de COAG-Andalucía, Eduardo López, ha lamentado que el Ministerio de Trabajo “colabore con campañas tóxicas de la competencia europea” y ha calificado de “inaudito e insólito” que se hable de esclavitud en el campo.
El dirigente ha precisado que COAG no cuestiona ni el cumplimiento de la legislación laboral ni el funcionamiento de los cuerpos de inspección, pero no entiende “cómo desde el Gobierno se pueda trasladar la idea de una situación generalizada de maltrato al trabajador cuando los casos, si existen, son muy aislados, y hay vías administrativas y jurídicas para erradicarlos”.
Fuentes de UPA han insistido en que en el campo español “no hay esclavitud”, sino una lacerante falta de precios justos que hunde la rentabilidad del sector y eso es lo que se debe perseguir. A su juicio, “las Administraciones deben tener mucho cuidado para no estigmatizar a un sector tratando de buscar lo que no hay”.
Desde UPA han rechazado que la agricultura “sea señalada” como el sector con peor situación laboral y han añadido que “este tipo de acusaciones infundadas” dan lugar a desinformación en países con intereses comerciales contrapuestos a los de España, por lo que el asunto debe tratarse “con el máximo cuidado para evitar daños”.
Por su parte, Cooperativas Agro-alimentarias de España ha remitido una carta la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la que le solicita “aclaraciones y explicaciones” sobre las campañas de inspecciones extraordinarias en el sector “con las que busca casos de explotación laboral e incluso habla de esclavitud”.
Las cooperativas lamentan y rechazan esta actuación “que pone en tela de juicio al conjunto del sector, cuando los casos, si es que existen, se pueden inspeccionar, perseguir y sancionar, sin extender la sospecha sobre el conjunto del sector”.
“Puede que, por desgracia, haya delincuentes que operen en el sector agroalimentario, y con estos hay que actuar con el máximo rigor, porque además del propio delito laboral, si es el caso, compiten deslealmente con todos los demás agricultores y ganaderos que cumplen estrictamente la legalidad”, defienden desde Cooperativas Agro-alimentarias de España.
Las mismas fuentes han hecho hincapié en que el “agroalimentario es uno de los que no ha parado durante la pandemia para abastecer alimentos, y que este tipo de publicidad lo único que genera es desconfianza en la sociedad”. Además, “estas informaciones repercuten muy negativamente en la imagen exterior de un sector calificado como estratégico, que además es netamente exportador y emplea a miles de personas”, han añadido.
Desde las cooperativas aseguran que, como organización, no se oponen a las inspecciones —“creemos que todos debemos cumplir la ley”— y mantienen unas “condiciones laborales dignas para todos sus trabajadores”, por lo que solicita a Díaz que “aclare el objetivo de esta campaña y, en su caso, rectifique y corrija el enfoque”.
