"Al final, como siempre", por Cirilo Arnandis

El Presidente de Frutas y Hortalizas de Cooperatives Agro-Alimentàries, Cirilo Arnandis habla sobre el presupuesto de la UE para el periodo 2028-2034

La propuesta inicial de la Comisión en relación con el Marco Financiero Plurianual y la PAC ha recibido un rechazo unánime. / VF

Cirilo Arnandis (*)

En estas últimas fechas hemos visto como el Congreso de los Estados Unidos ha posibilitado que el Ejecutivo Federal norteamericano pueda retomar sus actividades, tras permanecer cerrado 43 días. En este caso, en la otra parte del Atlántico, la Administración de la principal economía del mundo funciona con presupuestos anuales, necesitando por ello un sistema ágil de adopción de decisiones. Y si no, que se lo pregunten al Sr. Trump, que cada día nos sorprende con nuevas iniciativas. Por el contrario, en esta parte del Atlántico, quien pretende participar de forma activa en el actual tablero geoestratégico, la Unión Europea, aprueba presupuestos para periodos de siete años, en procesos de negociación que tardan del orden de dos años, si no más. Cada maestrillo tiene su librillo, y en cada ocasión, hay que ajustarse al escenario de cada Administración. En el caso europeo se dice que el resultado final es la consecuencia de un proceso participativo de acuerdos y pactos, y por ello es más sólido y estable en el tiempo. Quizás a Europa no le quede más remedio que actuar así, pues no me imagino que pasaría si hubiera que aprobar un presupuesto cada año.

El camino hacia la aprobación del presupuesto de la Unión Europea para el periodo 2028–2034 ya ha comenzado, con no muy buenas noticias para la agricultura europea. Tanto la propuesta en relación al Marco Financiero Plurianual (MFP), como la propuesta de la PAC, han recibido, “de modo unánime, evidente y ostentoso, un sinfín de críticas, suscitando en definitiva un rechazo clamoroso”

El camino hacia la aprobación del presupuesto de la Unión Europea para el periodo 2028–2034 ya ha comenzado, con no muy buenas noticias para la agricultura europea. El pistoletazo de salida lo dio, allá por el mes de julio, la propuesta de la Comisión en relación con el Marco Financiero Plurianual (MFP). Al día siguiente, el Comisario de Agricultura presentaba la propuesta de la PAC dentro de ese presupuesto. A fin de cuentas, hasta la fecha, y parece que ya no será así, la política agraria europea era la dotada con mayor presupuesto y la única, que, de modo común, se estaba aplicando de igual manera en todos los Estados socios comunitarios. Otra cuestión que parece que tampoco va seguir siendo así. Ambas, presupuesto y PAC, de modo unánime, evidente y ostentoso, recibieron un sinfín de críticas, suscitando en definitiva un rechazo clamoroso.

“Los principales grupos políticos de la Eurocámara —conservadores, progresistas, liberales y verdes—, han denunciado en una carta remitida a la Sra. Ursula von der Leyen que la estructura de la propuesta centrada en un solo plan nacional por país supondría una renacionalización de las políticas europeas, además de fragmentar el mercado único”

Sin entrar en demasiados detalles, uno de los principales argumentos que fundamentan este rechazo es el cambio estructural del presupuesto. A partir de una razonada simplificación de procesos, cada país debía presentar un plan único, en el que indicaría en qué se gastaría el dinero asignado desde Bruselas y para cumplir qué objetivos. Con ello la Comisión Europea sorteaba el problema que suponía que cada socio comunitario tuviera distintas prioridades, ya que es evidente por ejemplo que los países con frontera con Rusia tienen como principal prioridad su gasto en defensa. Este Plan de país incluía el desarrollo de la PAC en su territorio, por lo que esta como tal, pasaba a mejor vida. Sobre el papel, cada Estado miembro, en su plan podría gastar en agricultura lo que estimara oportuno, dentro de sus propias prioridades. Por esta razón, a última hora la Comisión tuvo que matizar su propuesta inicial, indicando que una cantidad fija de dinero —293.700 millones de euros— se debe destinar, sí o sí, a apoyar los ingresos de los agricultores. Si a este paquete se suman 6.000 millones de euros en concepto de reserva de crisis, hacen un monto oficial de 300.000 millones de euros para el sector agrario. Cifra significativa, pero un 22% menor que en el periodo de programación anterior.

Pese a los esfuerzos del ejecutivo comunitario de insistir en que esa minoración no era tal, no han logrado su objetivo. Su principal argumento era que existían otros fondos económicos del presupuesto comunitario que no estaban asignados a ninguna política de modo tan concreto, de los cuales se podría beneficiar el sector agrario. Eso sí, para ello debería de desplazar a los beneficiarios tradicionales de estas partidas, lo cual, en un presupuesto austero y contenido, no parece muy probable. Así pues, la histórica PAC, según esta nueva propuesta, dejaba de ser una política específica al quedar incluida en un fondo común de cada país que financia todas las políticas, por lo que deja de ser agrícola y común, dado que cada Estado puede aplicar el presupuesto y las medidas que estime oportuno. Si a eso le sumamos la reducción presupuestaria de la principal política común comunitaria, se generó el caldo de cultivo necesario para que la propuesta de la Sra. Ursula von der Leyen fuera calificada como la propuesta de las tres mentiras: ni política, ni agrícola, ni común.

Entre quienes de modo más solemne han mostrado su oposición a esta propuesta, está el Parlamento Europeo, cuyos miembros elegimos los ciudadanos europeos a través del voto, pero que su vez tienen una dependencia política de sus jerárquicos políticos. Dado el clamor popular, igual no quedaba más remedio que reaccionar. Así, los principales grupos políticos de la Eurocámara —conservadores, progresistas, liberales y verdes—, han denunciado en una carta remitida a la Sra. Ursula von der Leyen que la estructura de la propuesta centrada en un solo plan nacional por país supondría una renacionalización de las políticas europeas, además de fragmentar el mercado único. La misiva reclama que las políticas agrícolas, de cohesión, pesqueras, sociales y de asuntos interiores mantengan marcos legislativos y presupuestarios independientes, con fondos dedicados y objetivos claros. De modo más concreto, en lo referente a la PAC, se insiste en preservar un marco normativo propio y con reglas homogéneas para garantizar la igualdad de condiciones entre todos los agricultores europeos. A fin de cuentas, más o menos, la carta solicita lo que los agricultores veníamos denunciando y demandando.

En este escenario, a la presidenta de la Comisión no le ha quedado más remedio que mover ficha y hacer una contrapropuesta, cuestión esta que se ha producido recientemente, dentro de las líneas a las que Bruselas nos tiene acostumbrado. Es decir, haciendo parecer que hay movimientos para que finalmente todo quede igual. Sobre lo que nos incumbe, las novedades van en la línea de garantizar un mayor presupuesto para agricultura. O al menos eso es lo que se ha dicho, aunque no es verdad del todo. Inicialmente se garantizaba que una cantidad determinada sería destinada a lo que venimos conociendo como Pago Único, y lo demás ya veríamos en el plan de cada país. La nueva propuesta contempla la obligación de destinar el 10% del diferencial entre la asignación global de cada país y ese Pago Único a un “Objetivo rural”. Con ello se pretende sustituir lo que ha sido el segundo pilar de la PAC, el que financiaba inversiones. Pero cuidado con el matiz, pues no se trata que ese 10% adicional vaya a la agricultura, si no a zonas rurales. Así, ese dinero bien podría utilizarse en inversiones en caminos, carretas, rotondas o internet en el medio rural, cosas que son necesarias, pero que no son inversiones específicas para el sector agroalimentario, lo que hasta ahora sí te garantizaba la PAC. Nuevamente, la alegría dura poco en la casa del pobre.

Esta segunda propuesta de ajuste contempla algún elemento más que el meramente económico, caso de la definición de agricultor activo como alguien que ejerce la actividad agraria en su explotación y construye activamente a la seguridad alimentaria, no estableciendo porcentaje de ingreso de actividad agraria como hasta ahora. Otorga más protagonismo a las regiones, pudiendo incluso interactuar directamente con la Comisión, obliga al Estado miembro a tener en cuenta sus opiniones, y a tener que justificar los motivos en caso de que una región reciba menos del 25% de los fondos respecto del periodo de programación anterior. Con esto se pretende ganar las simpatías de las regiones, también muy críticas con el primer planteamiento. A partir de aquí, ya se están oyendo voces favorables a la propuesta de la Comisión, por lo que parece que el debate, que va para largo en la línea de actuación de las instituciones comunitarias, quedará en cuestiones menores y nunca en una enmienda a la totalidad como pudiera parecer en un principio.

En este escenario quedarán nuestros Programas Operativos de Frutas y Hortalizas, medida estrella que tantos beneficios ha reportado al sector. Más allá de su ampliación a otros sectores, pues es lógico que se traslade una buena medida, la noticia es que ya no existirá un presupuesto abierto, y que este deberá de ser cofinanciado por los Estados miembros. Bien es cierto que en la propuesta se eliminan obligaciones como destinar determinado porcentaje del presupuesto del Programa Operativo a actuaciones medioambientales o a I+D, pero también es cierto que pudiera darse el caso de iniciar las actuaciones e inversiones del Programa Operativo, sin saber exactamente cuál es la ayuda que le corresponde a cada OPFH. Si a ello le sumamos que, nuevamente, no se espera ningún estudio de impacto, y que aquellas medidas que no cuestan dinero seguirán siendo tratadas del mismo modo, la conclusión es que tenemos que seguir trabajando para convencer a los que pueden modificar este escenario. Y es que al margen del MFP o de la PAC, cuestiones como la reciprocidad, la imposición de cláusulas espejo o la lucha real contra la llegada masiva de plagas de cuarentena sólo dependen de una decisión política.