La Estrategia Nacional de Regadíos dará prioridad a cultivos “extensivos” en mano de obra

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La modernización de regadíos es prioritaria con actuaciones previstas para 800.000 hectáreas

Estrategia Nacional de Regadíos

El programa de modernización de regadíos es prioritario en esta estrategia nacional. / VF

La Estrategia Nacional de Regadíos 2018-2025 dará prioridad a la modernización de regadíos y, entre otras, a actuaciones que maximicen la generación de empleo, así como a tipos de cultivos con mayor potencial para crear valor añadido bruto. También, advierte, por ejemplo, que sin sistemas de medición de agua no se podrá acceder a los fondos de la Política Agraria Común (PAC).

El borrador, al que ha tenido acceso Efeagro, fija en cinco los objetivos estratégicos: mejora de la eficiencia en el uso del agua y la energía en un marco de sostenibilidad ambiental; generación de empleo y riqueza; financiación eficiente; mejora del marco normativo y gobernanza; e innovación, formación y sensibilización.

En todas las comunidades de regantes no modernizadas se realizarán auditorías hídricas, energéticas y de gestión para revisar tanto su sistema de distribución de agua como de energía. En las zonas rurales despobladas o deprimidas, donde ya exista regadío y éste sea de tipo extensivo, se promoverá también la implantación de cultivos más intensivos en mano de obra y de mayor valor añadido.

El programa de modernización de regadíos es el prioritario de esta estrategia nacional, con actuaciones para 800.000 hectáreas —con anterioridad se modernizaron 1,5 millones de hectáreas de las 2,3 millones que lo precisaban—, con un coste estimado de unos 3.000 millones de euros.

Así, hasta 2025, el Ministerio de Agricultura modernizará 566.000 hectáreas, con un presupuesto estimado de unos 2.452 millones de euros (1.226 millones de financiación pública y otros 1.226 de comunidades de regantes), mientras que las comunidades autónomas ejecutarán las 234.000 hectáreas restantes, por unos 516 millones de euros.

Actualmente, en el Ministerio existen peticiones para modernizar una superficie de 202.000 hectáreas, con una estimación de inversión necesaria de 632 millones de euros, según la Estrategia Nacional de Regadíos 2018-2025.

Por años, para este 2018 se prevé una inversión de 100 millones de euros; para 2019, de 200 millones; para 2020, de 300 millones; para 2021, 2022, 2023 y 2024, de 400 millones de euros cada año y para 2025, se estiman 252 millones de euros de modo que la suma de todos los años arroja los 2.452 millones de euros.

Transformación en regadíos y programas complementarios

Para transformación en regadío (inversión de 280 millones de euros, a razón de 35 millones/año hasta 2025) contempla finalizar las actuaciones en las zonas que están en ejecución y que tienen aún sectores pendientes como Monegros II, Cinca, Civán, Bardenas, Payuelos, Centro de Extremadura y Mora de Toledo.

Los programas complementarios (2,5 millones de euros en todo el periodo) tienen como ejes clave la formación, la innovación y la incorporación de las nuevas tecnologías de información para la gestión de los sistemas de riego.

La Estrategia Nacional de Regadíos 2018-2025 recoge la conveniencia de crear mancomunidades o comunidades generales que agrupen a pequeñas comunidades de regantes para tener “una voz única ante las Administraciones”, porque “no es viable la existencia de cerca de 8.000”.

Promover un desarrollo rural sostenible

En cuanto al aspecto energético y “con el actual esquema tarifario”, se hace necesario “crear centrales de compra de energía”, no para pedir ofertas a las comercializadoras, sino para ir a las subastas directamente, “aunque para ello tengan que hacerse comercializadoras”.

En la actualidad y en vista de las variaciones a que está sometido el sector energético, “parece la única solución para defender sus intereses”, ya que “la producción de energías renovables para autoconsumo todavía no es capaz de satisfacer las demandas energéticas de los sistemas de riego”.

La Estrategia concibe el regadío como un instrumento para promover el desarrollo rural sostenible y, puesto que se financia con fondos públicos, tiene en cuenta —en lo socioeconómico— su capacidad para generar empleo, valor añadido bruto y —en lo ambiental— su influencia sobre el agua y patrimonio natural.