La reunión del Observatorio de la Cadena Alimentaria presidida por el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda. / MONCLOA
El Observatorio de la Cadena alimentario celebró ayer, después de un año, su novena reunión. Pero esta vez con una nueva hoja de ruta. El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernandoo Miranda, que ha presidido hoy en la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación esta reunión del Observatorio, junto con el director de la Industria Alimentaria, José Miguel Herrero.
Ambos han trasladado la propuesta de hacer más robustas las cadenas de valor para que los productores puedan beneficiarse mejor del resultado de sus trabajos, a través de la reforma de varias leyes: la Ley de Organizaciones Interprofesionales, la Ley de la Cadena y la Ley de Integración Cooperativa. También han destacado el mandato del ministro Luís Planas y su disposición de abrir nuevas mesas de diálogo con todos los agentes de la cadena alimentaria.
A través de la modificación de la Ley de la Cadena, se pretende incluir una relación más precisa de prácticas comerciales prohibidas, establecer una regulación contra la destrucción del valor de los productos agrarios a lo largo de la cadena, e imponer la obligatoriedad de la inclusión del coste de producción como factor para el establecimiento de los precios en los contratos agrarios.
También se contempla dar la publicidad de las sanciones impuestas a las empresas que incumplan la normativa en los contratos con los agricultores y ganaderos.
La construcción de precios
Por otra parte, en las posteriores declaraciones, Miranda ha explicado que relanzarán los estudios de la cadena de valor con el fin de inspeccionar al detalle cómo se construyen los precios en ella. Y, asimismo, adoptar las medidas necesarias para interrumpir la crisis de rentabilidad que atraviesa el sector agrícola.
El objetivo es “identificar” en cada producto qué agentes intervienen, qué costes soportan y “ver cómo se construye el valor”. “Eso nos permitirá describir cómo se reparten a lo largo de la cadena y de qué manera hay que retribuir” a cada eslabón. Saber esa información es “importante” para posteriormente cerrar los contratos entre los eslabones. En esa “construcción” de los contratos entre las partes será importante lo que determine la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria, apuntaba el secretario general.
Miranda, como ya adelantó el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha apuntado la idea del Gobierno de que el borrador de esa normativa obligue a que los contratos incluyan los costes de producción como “uno de los factores de referencia” para poder cerrarlos.
La intención del Ejecutivo es que esa reforma legislativa sirva para incluir en ella algunos aspectos integrados en el Código voluntario de Buenas Prácticas alimentarias: “sobretodo, aquellas partes que nos ayuden a consolidar las relaciones de la cadena” para que el agricultor tenga “certidumbre” y “estabilidad” en sus intercambios comerciales.
