La Unió señala que el 68% del importe de las multas por incumplimientos de la cadena alimentaria están sin pagar por haberse recurrido
Valencia Fruits. Redacción.
La Ley de la Cadena Alimentaria, cuya reforma fue aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado 2 de diciembre, es una herramienta que, en palabras de Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, “moderniza la cadena en el sentido de darle mayor transparencia a la formación de los precios”. Asimismo, una de las medidas más relevantes que contempla es la prohibición de la venta a pérdidas. La misma ley incluye una serie de sanciones en el caso de que no se cumplan los estándares establecidos en los contratos de compraventa entre profesionales agrarios, empresas y cadenas de distribución.
No osbtante, desde el mismo sector agrario, con La Unió de Llauradors i Ramaders como voz principal, considera que las sanciones impuestas por incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria tienen un débil efecto desincentivador teniendo en cuenta que su importe no es elevado y que las de mayor cuantía están pendientes de pago por haberse recurrido.
Sanciones impuestas
Así, La Unió, a través de su organización estatal Unión de Uniones, ha tenido acceso a los datos relativos a las sanciones impuestas y pagadas por incumplimientos de la Ley 12/2013. Los datos indican que los operadores sancionados con las multas más elevadas han recurrido las mismas vía administrativa y judicial, quedando los datos pendientes de las mismas resoluciones.
Esto implica que del importe de 11.858.185 euros que suponen las 2.474 sanciones propuestas por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) e impuestas por el MAPA desde que este organismo lleva funcionando hasta el 31 de diciembre de 2020, sólo se ha hecho efectivo, con datos a este mes de noviembre, el 32,4%, concretamente 3.847.105 millones de euros. No obstante, ello afectaría al 87,0% del número de multas. Se deduce, por lo tanto, que la inmensa mayoría de las sanciones pagadas son de pequeña cuantía, con una media de 1.789 euros.
Por el contrario, habría 252 infracciones recurridas en vía administrativa o judicial que no tendrían carácter de firmes y que, por lo tanto, aún no habrían sido pagadas. Estas infracciones suman un total de 7.757.636 millones de euros. Igualmente, existirían otras 70 sanciones, por un importe de 253.443 euros, que tampoco habrían sido abonadas aún, sin especificación del motivo de ello.
En conjunto, por lo tanto, un 68% del montante de multas desde que AICA empezó a trabajar hasta finales de 2020, no habrían sido aún pagadas
¿Son insuficientes?
La organización agraria considera que estos datos indican que el régimen sancionador de la Ley de la Cadena Alimentaria tiene un débil efecto desincentivador para que quienes incumplen la Ley no sientan de nuevo tentación de hacerlo. A ello se une el pequeño importe de las multas que se imponen en comparación con la importancia de algunos operadores.
Así, según la memoria de AICA, el importe medio de las sanciones a la distribución minorista está en los 23.050 euros; a la distribución mayorista en 1.760 euros y a la industria alimentaria en 2.093 euros. “Estos importes medios dan una idea de lo barato que está saliendo incumplir la Ley” indican desde La Unió, que añade que “estaremos vigilantes a que la reforma aprobada suponga realmente que la multa no acaba siendo inferior al beneficio que proporciona el incumplimiento”.