El sector alerta sobre la doble amenaza de reducción del trasvase y cierre de acuíferos en 2027 y su grave impacto en la economía y el empleo de la Región
Foto de familia en el ‘Foro Horizonte 2027. Los retos del agua: la encrucijada del trasvase’, organizado por el Diario La Verdad y Scrats. / CARM
Murcia Fruits. Redacción.
El 27 de noviembre Murcia acogió la jornada “Los retos del agua, la encrucijada del trasvase”, organizada por el diario La Verdad y el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), en la que se abordaron los desafíos que plantea la próxima reducción del caudal trasvasado. La cita reunió a representantes del sector agrícola, autoridades regionales y expertos en gestión del agua, con el objetivo de analizar las consecuencias de las nuevas reglas de explotación del acueducto, previstas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que recortarían en un 50% el suministro de agua al Levante a partir de 2027.
La inauguración estuvo a cargo del presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Fernando López Miras, quien advirtió sobre la gravedad de la situación y la necesidad de defender el trasvase como recurso estratégico. El presidente anunció que su Gobierno va a requerir formalmente información a la Confederación Hidrográfica del Tajo “tras las irregularidades detectadas en su gestión”, como paso previo a iniciar eventuales acciones judiciales para esclarecer si dichas anomalías están perjudicando a los usuarios del Tajo-Segura. López Miras subrayó que “somos conscientes de que la Confederación del Tajo ha presentado en su gestión irregularidades que ya ha señalado la Comunidad Valenciana y que han avalado nuestros propios Servicios Jurídicos. Hasta el momento se niegan a aportar información, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados, y vamos a requerirla formalmente”.
Durante su intervención, el presidente destacó que “el Gobierno regional va a seguir al lado de los regantes, es decir, al lado de la Región de Murcia. Vamos a seguir desplegando todas las acciones jurídicas y políticas que estén en nuestra mano” y remarcó que “no hay ninguna alternativa” viable que permita sustituir el caudal del trasvase. Recordó además que la desalación “no es una alternativa tanto por el coste como porque técnicamente es muy difícil que el agua llegue a zonas de interior”, y que el recorte previsto para 2027 coincide con el cierre de aproximadamente la mitad del acceso a aguas subterráneas.
Expertos, autoridades y representantes del sector se unieron para analizar las consecuencias de las nuevas reglas de explotación del acueducto y mostrar el impacto real sobre la Región de Murcia
Posteriormente, se celebró un diálogo entre Cecilio Peregrín, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex), y Lucas Jiménez, presidente del Scrats, en el que se pusieron sobre la mesa los efectos directos de los recortes. Peregrín subrayó que “para mantener nuestra posición es necesario agua suficiente y a un precio razonable, ya que el agua no es gratis para los regantes”. Según sus cálculos, la reducción podría dejar sin riego hasta 27.000 hectáreas y provocar la pérdida de más de 10.000 empleos en Murcia, Alicante y Almería.
La jornada continuó con la mesa redonda “La encrucijada del Trasvase Tajo-Segura”, moderada por el periodista Manuel Buitrago. Entre los participantes estuvieron Francisco Cabezas Calvo-Rubio, director general del Instituto Euromediterráneo del Agua, quien analizó la situación del acueducto a medio y largo plazo y las posibles modificaciones de cara al próximo ciclo de planificación; Luis Garrote Marco, catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Politécnica de Madrid, que abordó los caudales ecológicos y las consecuencias de su cálculo; Andrés Molina Giménez, catedrático de Derecho Administrativo y director del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante, quien explicó los aspectos legales nacionales y europeos relacionados con la gestión del agua y la falta de concertación de los planes de cuenca; y finalmente, Isabel Caro-Patón, letrada del Scrats, que aportó la visión del sindicato sobre las sentencias del Tribunal Supremo y las excepciones respecto a los acuíferos en el nuevo ciclo de planificación.
La jornada dejó en evidencia la magnitud de los desafíos a los que se enfrentará la Región de Murcia con el recorte el trasvase Tajo-Segura. La conclusión compartida por expertos y representantes del sector presentes en la jornada, es que el trasvase no solo es una herramienta de riego, sino un elemento indispensable para la supervivencia económica y social de la Región, afectando directamente a la producción de frutas y hortalizas, uno de los sectores más dinámicos y generadores de empleo del sureste español.
Moratoria del cierre de los acuíferos
Unas semanas antes, el presidente de la Comunidad Autónoma presidió la Asamblea Abierta “Retos a corto plazo para la utilización de las aguas subterráneas en la cuenca del Segura: los usos del sector primario”, organizada por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats). Durante el encuentro, López Miras instó al Gobierno de España a solicitar a la Unión Europea una moratoria hasta 2033 del cierre de los acuíferos sobreexplotados, prevista inicialmente para 2027, amparándose en la Directiva Marco del Agua que permite prórrogas cuando existen razones técnicas y económicas.
El presidente regional defendió la necesidad de esta medida como “lo justo”, subrayando que el Gobierno regional llevará la reivindicación “a donde sea necesario” para garantizar la continuidad del regadío. López Miras explicó que el cierre de los pozos traería consigo pérdidas económicas de 826 millones de euros anuales y la destrucción de 25.000 puestos de trabajo en la Región de Murcia, además de la pérdida de 28.702 hectáreas agrarias. En este contexto, aseguró que “la Región de Murcia no puede subsistir sin el 50 por ciento del agua del trasvase y sin el 50 por ciento de sus aguas subterráneas” y advirtió que “no hay nada que pueda compensar esto”.
El jefe del Ejecutivo regional también criticó la falta de planificación del Gobierno central y la ausencia de un Plan Hidrológico Nacional consensuado con todas las comunidades, y pidió unidad social y política para afrontar la doble amenaza que representa 2027: el recorte del trasvase Tajo-Segura y la reducción de las extracciones de aguas subterráneas en zonas sobreexplotadas. “Estamos en un momento crítico que no se ciñe sólo a la agricultura, sino que va a condicionar el futuro de la Región de Murcia y de todos los que vivimos en ella. En la Región de Murcia, cuando falta agua, sobra coraje”, concluyó.
Impacto económico y social
El posible recorte del trasvase Tajo-Segura y el cierre de las aguas subterráneas en la Región de Murcia supondrían un golpe sin precedentes para la economía y el empleo regional. Según un estudio reciente del Instituto Universitario del Agua y las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, el coste económico de eliminar la superficie de regadío afectada por las restricciones al uso de aguas subterráneas alcanzaría los 680 millones de euros anuales, lo que representa el 82,4% del impacto total en la Demarcación Hidrográfica del Segura. La misma investigación señala que la pérdida de empleo sería de 20.572 puestos de trabajo a tiempo completo, el 81,2% del total de la cuenca, concentrando la mayor parte de la repercusión laboral en la Región de Murcia. Asimismo, el estudio calcula que se eliminarían 28.702 hectáreas de regadío, equivalentes al 16,5% de la superficie actualmente abastecida por aguas subterráneas (Universidad de Alicante, 2024).
Por su parte, un informe elaborado por PriceWaterhouseCoopers (PwC) para Scrats refleja que las actividades agrícolas vinculadas al trasvase aportan 3.912 millones de euros a la economía española, equivalentes al 0,25% del PIB nacional en 2024, y mantienen 102.894 empleos en Murcia, Alicante y Almería, un incremento del 5,8% respecto a 2019. El impacto económico se distribuye en tres grandes frentes: agricultura (1.896 millones de euros y 70.878 empleos), comercialización (1.460 millones de euros y 23.931 empleos) y transformación (556 millones de euros y 8.085 empleos).
El estudio de PwC también resalta la relevancia de las aguas subterráneas en la cuenca del Segura: 323 millones de euros de producción de regadío se concentran en Murcia, contribuyendo 668 millones de euros al PIB y sosteniendo 31.428 empleos en 2024. La combinación de la reducción de los caudales del trasvase y el cierre de acuíferos supone, según el Gobierno regional, “un golpe sin precedentes para el futuro de la agricultura y la economía de la Región de Murcia, poniendo en riesgo su desarrollo social y territorial”.
Además, el trasvase Tajo-Segura no solo garantiza producción y empleo, sino que también aporta beneficios medioambientales: riega más de 132.000 hectáreas de cultivos de alto valor —cítricos, frutales y hortalizas—, y contribuye al cuidado del medio ambiente al eliminar más de 1,2 millones de toneladas de CO2 al año y frenar la desertificación en el sudeste español, según el estudio.
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