Trasvase: aprobado el Real Decreto por el que se modifican las reglas de explotación

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El Gobierno ha acordado reducir de 38 a 27 hectómetros cúbicos al mes la cantidad de agua trasvasada en el acueducto Tajo-Segura

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El Real Decreto establece nuevos umbrales para la cesión de caudales con el fin de evitar situaciones de excepcionalidad y trasvase cero a las cuencas receptoras. / ARCHIVO

Efeagro.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, presentó el 21 de junio los borradores de los Planes Hidrológicos del tercer ciclo, para el periodo 2022-2027, como una herramienta para abordar la gestión del agua en España durante los próximos seis años, en línea con los principios y estrategias del Pacto Verde y con los objetivos de adaptación al cambio climático.

En referencia al trasvase Tajo-Segura, el Plan subraya “la búsqueda de un equilibrio para respetar el medio ambiente y las demandas humanas correspondientes mediante los caudales ecológicos”, es decir, plantea elevar el caudal ecológico del Tajo de forma progresiva hasta 2027. Esto supone reducir de 38 a 27 hectómetros cúbicos al mes la cantidad de agua trasvasada en el acueducto Tajo-Segura.

Real Decreto

A pesar de la controversia suscitada y el aluvion de reacciones, el Consejo de Ministros aprobó ayer, 27 de julio, un Real Decreto por el que se modifican las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura (ATS) y establece nuevos umbrales para la cesión de caudales con el fin de evitar situaciones de excepcionalidad y trasvase cero a las cuencas receptoras.

Esta decisión atiende, según una nota del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democráfico (Miteco), al dictamen científico-técnico del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) y cuenta con el aval de la Comisión Central de Explotación del Trasvase y del Consejo Nacional de Agua, que también han aprobado una actualización de las tarifas de aprovechamiento del trasvase.

Según lo acordado, la cantidad mensual trasvasable se establecerá en función de las existencias conjuntas de los embalses de Entrepeñas y Buendía a comienzos de cada mes, con un máximo anual total de 650 hm3 en cada año hidrológico (600 hm3 para el Segura y 50 hm3 para el Guadiana) y de acuerdo con los niveles establecidos.

Reducción del agua trasvasada

Desde el Miteco han explicado que “la principal modificación” afecta al nivel 2 (normalidad hídrica), que hasta ahora fijaba en 38 hm3/mes el posible aporte de agua desde la cabecera del Tajo en condiciones establecidas, y a partir de ahora, el desembalse será de 27 hm3/m, lo que “favorecerá una mayor estabilidad para todas las cuencas, tanto cedentes como receptoras“.

En el caso de las cedentes se verán beneficiadas porque “los embalses de Entrepeñas y Buendía dispondrán durante más tiempo de mayor volumen de agua almacenada”, mientras que las receptoras, “al racionar el agua que reciben al mes mantendrán un flujo constante más tiempo y sin interrupciones”, según fuentes ministeriales, que inciden en que permitirá una mejor planificación para el riego.

Para el Miteco, este acuerdo busca “adaptar una infraestructura crítica para el abastecimiento de tres millones de personas en Castilla-La Mancha, Murcia y Albacete a la realidad ineludible del cambio climático, de la alteración de los patrones de lluvias y, en suma, de una menor disponibilidad de agua”.

Con vistas a contrarrestar este escenario, Transición Ecológica trabaja en alternativas, duplicando la capacidad de generar agua desalada para usos agrícolas, la interconexión del sistema de desaladoras en una red conjunta de todo el sureste con mayor capacidad operativa, y en un plan de apoyo a las energías renovables para rebajar el precio del agua desalada.

Más aprovechamiento

Junto a la modificación de la regla de explotación del trasvase Tajo-Segura, también se han aprobado las nuevas tarifas para el aprovechamiento del acueducto.

El objetivo de las tarifas es recuperar los costes anuales de explotación, funcionamiento y conservación, así como la recuperación de las amortizaciones de las inversiones realizadas por el Estado. Su cálculo y elaboración se realiza según el procedimiento reglado, y deben liquidarse anualmente a los usuarios del trasvase.