UPA-COAG pide que no se penalice por no sembrar remolacha en Castilla y León

La organización ha incidido en que las circunstancias excepcionales con precios mundiales bajos del azúcar, convierten su siembra esta campaña en ruinosa para los remolacheros.

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La organización agraria ha recordado que la Ley no permite que los agricultores perciban un precio por parte del comprador por debajo del coste de producción. / Archivo

Efeagro.

La Organización Profesional Agraria UPA-COAG ha pedido a la Junta de Castilla y León que no se penalice con la pérdida de las ayuda agroambiental a quienes no siembren remolacha en esta campaña, como ya planteó en la anterior.

En un comunicado, la organización agraria ha argumentado que los bajos precios que las industrias están ofreciendo para la campaña hacen imposible sembrar en unas condiciones de viabilidad económica para los productores.

Ha recordado que el contrato agroambiental plurianual de remolacha, conocido en Castilla y León como el de Cultivos Agroindustriales Sostenibles, obliga por ley a los productores que así se acogen a él a la siembra de remolacha durante 5 años.

Pero, una campaña más, UPA-COAG ha incidido en que las circunstancias excepcionales con precios mundiales bajos del azúcar, convierten su siembra esta campaña en ruinosa para los remolacheros.

Por este motivo, tal y como se hizo el año pasado, tras pedirlo la Alianza UPA-COAG, la Junta de Castilla y León debe consentir para esta campaña que “la ausencia de siembra de cultivo de remolacha azucarera no sea motivo de resolución del contrato pertinente”.

Con ello, los remolacheros no se verían obligados a cumplir los compromisos que se recogen en dicho contrato, y por lo tanto que la no siembra en las campañas pendientes del contrato no acarree incumplimiento alguno para el agricultor.

La organización agraria ha recordado que la Ley no permite que los agricultores perciban un precio por parte del comprador por debajo del coste de producción, y la oferta que las azucareras han planteado a los cultivadores lo estaría incumpliendo.

A su juicio, “la Junta de Castilla y León debe ser especialmente sensible con los remolacheros y sin embargo aplicar mano dura contra empresas como Azucarera, que percibiendo subvenciones públicas de la Administración regional después han dejado desamparados a los agricultores”.

Para UPA-COAG, “sería incomprensible que a los productores se pida compromiso de permanencia, y sin variar (salvo excepciones) los requisitos a cumplir, pero no se le reclame lo mismo a la Industria, como bien ocurre en Castilla y León con Azucarera, que históricamente ha aprovechado la tesitura de precios no solo para bajárselos a los agricultores, sino además para cesar las molturaciones en algunos centros de la región”.