El ministro destaca que la posición parcial de los Veintisiete incorpora las principales líneas defendidas por el Gobierno y consensuadas con las organizaciones agrarias, las cooperativas y las comunidades autónomas
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha expresado su satisfacción por el acuerdo parcial alcanzado. / MAPA
Efeagro.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha expresado su satisfacción por el acuerdo parcial alcanzado este lunes por los 27 Estados miembros de la Unión Europea sobre la futura Política Agraria Común (PAC), tras más de 12 horas de negociaciones.
“Satisfecho, porque recoge las principales líneas defendidas por España y acordadas con las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas y las CCAA”, ha señalado Planas en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.
El Consejo de la UE aprobó su posición negociadora sobre la futura PAC, que se enmarca en las conversaciones para definir el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP), correspondiente al periodo 2028-2034. Se trata de un acuerdo parcial, ya que deja pendientes los aspectos financieros y los límites a las ayudas a la renta vinculadas a la superficie de las explotaciones individuales.
En el marco del próximo presupuesto comunitario, la Comisión Europea plantea agrupar los fondos existentes, incluido el apoyo a la PAC, en un nuevo Plan Nacional y Regional de Asociación. Cada Estado miembro elaboraría un único plan integral que sustituiría a los programas independientes actuales de cohesión, agricultura, pesca, migración y seguridad, así como al Fondo Social para el Clima.
Para el próximo periodo de programación, la propuesta contempla reservar alrededor de 300.000 millones de euros para respaldar las rentas agrarias y las medidas de crisis de la PAC. También incluye una red de seguridad para ayudar a los agricultores ante posibles perturbaciones del mercado.
La posición del Consejo mantiene el objetivo de preservar un marco común y coherente para toda la UE, al tiempo que concede a los Estados miembros flexibilidad para adaptar la aplicación de los objetivos comunitarios a sus circunstancias nacionales.
