Para la mayoría de los consumidores europeos, es responsabilidad de las administraciones ayudar a las personas y facilitarles el acceso a alimentos más respetuosos con el medio ambiente

El factor económico es el principal obstáculo para la adquisición de productos ecológicos. / ARCHIVO
Efeagro.
El 81% de los españoles está a favor de que los gobiernos nacionales o la Unión Europea intervengan para bajar los precios de los alimentos sostenibles o con un escaso impacto ambiental, según revela una encuesta del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).
El informe realizado a partir de la encuesta analiza las opiniones de los ciudadanos de doce países de la UE (Alemania, Austria, Bélgica, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Portugal, Polonia, Rumanía y Suecia) además de México y el Reino Unido) sobre hábitos alimentarios y se centra en las posibles medidas para ayudar a la población a optar por alimentos con menor impacto ambiental y más saludables, es decir, orgánicos o ecológicos.
Son los españoles —junto con los consumidores portugueses y rumanos—, los más partidarios de implantar esta medida, pues consideran que es responsabilidad de las administraciones ayudar a las personas y facilitarles el acceso a alimentos más respetuosos con el medio ambiente. También creen que son los distintos gobiernos los que deberían animar a los ciudadanos a comprar más alimentos de kilómetro 0 y a actuar para evitar el desperdicio de alimentos, así como aumentar la sensibilización o dar más fondos a los bancos de alimentos.
A nivel general, el informe concluye que el 76% de los consumidores europeos cree que sus gobiernos deberían abaratar los alimentos sostenibles y la mitad incluso estaría de acuerdo en encarecer los productos que no lo son.
Acciones gubernamentales
Giulia Riedo, responsable de política agrícola y de sistemas alimentarios de la Oficina de Política Europea de WWF, dijo en un comunicado que la próxima Ley del Sistema Alimentario Sostenible de la UE será la oportunidad para abordar estos problemas, y es que la Comisión Europea está trabajando en un marco legislativo para sistemas alimentarios sostenibles para fines de 2023, en el marco de la estrategia “De la Granja a la Mesa”, con el fin de dar respuesta a todos estos desafíos.









