Agroseguro ha recibido declaraciones de siniestro por fuego sobre 15.842 hectáreas en 2026, la segunda cifra más elevada de los últimos diez años
La superficie agrícola siniestrada por incendios en 2026 es ya la segunda más elevada de la última década, solo por detrás de las 20.740 hectáreas registradas en 2025. / ARCHIVO
Valencia Fruits. Redacción.
Los incendios también están afectando a las explotaciones del sector primario. Agroseguro ha recibido hasta el 17 de agosto declaraciones de siniestro por fuego correspondientes a 15.842 hectáreas agrícolas aseguradas en 2026, una cifra provisional que previsiblemente seguirá aumentando a medida que los agricultores puedan acceder a las zonas afectadas y comunicar los daños.
La superficie agrícola siniestrada por incendios en 2026 es ya la segunda más elevada de la última década, solo por detrás de las 20.740 hectáreas registradas en 2025. Con los datos de este año, el acumulado entre 2017 y 2026 alcanza las 116.588 hectáreas agrícolas afectadas por el fuego.
Aunque los incendios provocan mayoritariamente daños en montes y terrenos sin aprovechamiento forestal, agrícola o ganadero, la extensión de algunos de los fuegos registrados en los últimos años también ha afectado a núcleos poblacionales y explotaciones del sector primario.
Durante el periodo 2017-2025, Agroseguro registró siniestros por incendio sobre 100.746 hectáreas agrícolas aseguradas y 581 declaraciones de siniestro en explotaciones ganaderas, con unas indemnizaciones abonadas de 20,51 millones de euros. En 2026 se han contabilizado hasta ahora 12 siniestros ganaderos y las primeras estimaciones sitúan las indemnizaciones agrícolas en unos 2,1 millones de euros. De confirmarse estas previsiones, el conjunto de la década superaría los 22,6 millones de euros en indemnizaciones por daños provocados por el fuego en cultivos agrícolas y cabañas ganaderas.
Los incendios de 2025 y 2022
El año 2025 encabeza la serie reciente por superficie agrícola siniestrada, con 20.740 hectáreas. Entre los principales episodios se encuentra el incendio registrado en la comarca de la Segarra, en Lleida, que afectó a más de un millar de parcelas y 6.345 hectáreas de cereal. Los incendios registrados en León durante agosto sumaron además más de 700 hectáreas agrícolas siniestradas.
En 2022 se registraron 15.371 hectáreas agrícolas afectadas. Los incendios de junio en Navarra provocaron daños en casi 2.000 parcelas de herbáceos y viñedo del valle de Etxauri y de municipios como San Martín de Unx, Los Arcos, Arguedas y Valtierra, entre otros, con unas 2.696 hectáreas siniestradas. Ese mismo año, los incendios de la sierra de la Culebra, en Zamora, provocaron daños en 700 parcelas y 856 hectáreas de herbáceos y viñedo.
En la mayor parte de los casos con mayor superficie afectada, los incendios se produjeron en junio, coincidiendo con la etapa final del cereal de invierno.
Sevilla, Huesca, Córdoba y Lleida, las más afectadas en 2026
La superficie agrícola declarada como siniestrada en 2026 se extiende por 41 provincias. Cuatro de ellas superan el millar de hectáreas afectadas: Sevilla, con 2.030 hectáreas; Huesca, con 1.559; Córdoba, con 1.489; y Lleida, con 1.454.
Más del 90% de los daños corresponden a cultivos herbáceos, principalmente cereal de invierno, aunque las afecciones se extienden a otra veintena de cultivos, entre ellos girasol, leguminosas, frutos secos, aceituna, viñedo, frutales y cítricos, además de explotaciones forestales.
Los incendios que han provocado mayores daños agrícolas en 2026 se han localizado principalmente en el valle del Ebro. Entre ellos figura el fuego de La Litera, en Huesca, registrado a finales de junio y con declaraciones de siniestro correspondientes a unas 1.200 hectáreas agrícolas. También destacan los incendios de la comarca de la Segarra, en Lleida, que a mediados de junio afectaron a más de 600 hectáreas agrícolas.
Las primeras estimaciones apuntan a que las indemnizaciones por daños en producciones agrícolas en 2026 superarán los 2 millones de euros, aunque la cifra es todavía provisional.
Por comunidades autónomas, Andalucía concentra la mayor cuantía de indemnizaciones abonadas por incendios entre 2017 y 2025, con 5,47 millones de euros, seguida de Castilla y León, con 3,12 millones; Extremadura, con 2,75 millones; Castilla-La Mancha, con 2,74 millones; Cataluña, con 1,82 millones; y Navarra, con 1,70 millones. La Comunidad Valenciana suma 268.651 euros.
Todas las pólizas incluyen cobertura frente al fuego
Agroseguro recuerda que los daños provocados por incendios están cubiertos por el sistema español de seguros agrarios combinados, tanto en las producciones agrícolas como en las ganaderas. La cobertura de incendio está incluida dentro de las garantías básicas de todas las líneas de seguro.
En el caso de las explotaciones ganaderas, la protección también cubre los daños sufridos por los animales asegurados como consecuencia del fuego. Además, para los cultivos herbáceos, la garantía se extiende a la producción afectada por la creación de cortafuegos preventivos necesarios para las labores de extinción.
El seguro agrario cubre los daños por incendio independientemente del origen del fuego. En caso de que se determine que el incendio ha sido provocado y se identifique al responsable, las entidades aseguradoras pueden reclamar posteriormente los importes abonados.
Agroseguro destaca que, aunque las cifras de indemnización por incendios no son comparables con las correspondientes a riesgos como el pedrisco, la sequía o las heladas, estos siniestros suelen provocar la pérdida completa de la producción, además de daños personales, económicos y medioambientales.
La entidad recuerda asimismo que, ante un incendio, no existe urgencia para comunicar el siniestro. La prioridad debe ser seguir las indicaciones de las autoridades y evitar riesgos personales. Una vez extinguido el fuego y cuando sea seguro acceder a las explotaciones para evaluar los daños, agricultores y ganaderos pueden comunicar el siniestro a través de su mediador o de los canales habituales.
Agroseguro señala que coordinará la valoración de los daños y el pago de las indemnizaciones con el objetivo de facilitar la recuperación de las explotaciones afectadas.