La Comunitat Valenciana y la Región de Murcia se muestran firmes ante el anunciado recorte del trasvase Tajo-Segura y apelan al Consejo de Estado mientras que el Gobierno central, con el apoyo de Castilla-La Mancha, no cede a las presiones
El president del Consell, Ximo Puig, se mantiene firme en defensa de las demandas de los regantes alicantinos. / GVA
Julia Luz. Redacción.
La Generalitat Valenciana y el gobierno de la Región de Murcia han declarado que presentarán alegaciones contra el proyecto del real decreto sobre el trasvase Tajo-Segura por romper el acuerdo al que se llegó en el Consejo Nacional del Agua. En concreto, echan en falta la cláusula que establecía que a partir de 2025 se revisaría el estado de la cuenca del Tajo y, en función de la situación hidrográfica, se modificaría o no el caudal ecológico.
Una situación compleja para los regantes alicantinos, murcianos y almerienses que se agudiza por el clima preelectoral. Una coyuntura política que ha favorecido que los máximos representantes autonómicos den un paso al frente para defender los intereses de sus respectivas comunidades, aunque vayan en sentido contrario a lo que marcarían las lógicas de partido y generen alianzas temporales entre rivales de siglas.
El president del Consell, Ximo Puig, quiere hacer valer ante el Consejo de Estado el borrador íntegro aprobado por el Consejo del Agua el pasado noviembre, con la cláusula novena incluida. “Los acuerdos están para cumplirlos y, en caso de no ser así, emprenderemos todas las acciones necesarias para defender la continuidad del trasvase Tajo-Segura y apoyar las justas demandas de los regantes alicantinos”, ha asegurado Puig, que siempre ha defendido el diálogo frente a la confrontación aun en esta situación tan controvertida. Desde la oposición, el presidente del Partido Popular en la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha acusado al Partido Socialista de “dar el hachazo definitivo al trasvase Tajo-Segura” y ha sido tajante al señalar al “dúo Sánchez-Puig” como los responsables de un recorte “injustificado, permanente y ya casi sin solución”.
Ximo Puig quiere hacer valer ante el Consejo de Estado el borrador íntegro aprobado por el Consejo del Agua el pasado noviembre, incluyendo la disposición 9ª
Por su parte, el Ejecutivo de Fernando López Miras ha presentado una batería de alegaciones al Consejo de Estado con la intención de que informe de manera desfavorable sobre el real decreto que aprueba la revisión de los planes hidrológicos, especialmente el del Tajo y el del Segura. En este sentido y dado que ambas comunidades comparten argumentos, López Miras ha hecho un llamamiento a Puig para “crear un frente común desde la sensatez y la moderación” al sufrir la provincia de Alicante los mismos daños que la Región de Murcia.
López Miras ha hecho un llamamiento a Puig para “crear un frente común desde la sensatez y la moderación” al sufrir la provincia de Alicante los mismos daños que la Región de Murcia
Controlar el trasvase
Si bien las comunidades levantinas afectadas por el recorte del trasvase ya han movido ficha, no ha tardado en dar su punto de vista Castilla-La Mancha. Su presidente, Emiliano García-Page, también ha solicitado mediante una misiva una audiencia ante el Consejo de Estado para evitar una posible modificación de las condiciones aprobadas para la cesión de agua a Murcia y Alicante. El Ejecutivo autonómico alega que “no se puede abusar más del Tajo” y que “la realidad del cambio climático obliga a cambiar las reglas de explotación” de los trasvases, incluido el del Tajo al Segura.
El Gobierno no cede
Por lo que respecta al Gobierno central, ha sido la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, la que verbalizó la semana pasada la posición gubernativa ante la callada respuesta de Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra titular en este conflicto. “Hemos preparado unos informes que han sido aprobados por la Mesa del Agua y elevados al Consejo de Estado que tratan de poner al Tajo un nivel de caudal ecológico que hasta ahora no tenía, cumpliendo así la normativa europea y las sentencias del Tribunal Supremo en esa dirección”. Además, en respuesta a las declaraciones de Puig ha afirmado que “el president de la Generalitat Valenciana defiende el interés de su comunidad autónoma y el Gobierno, el del conjunto de nuestro país”.
Concentración ante el Miteco
El próximo 11 de enero el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), el Círculo por el Agua de Murcia, Alicante y Almería —que incluyen a organizaciones agrarias, empresarios, regantes, cooperativas, colegios profesionales y universidades— se manifestarán frente a las puertas del Miteco para denunciar el recorte del trasvase Tajo-Segura por el aumento del caudal ecológico y la sustitución del agua por el caudal desalado, que tras haber finalizado el decreto de sequía ahora tiene un precio inasumible para agricultores.
Según el presidente de Scrats, Lucas Jiménez, estas medidas pueden provocar el despido de 15.000 personas en el sector agrario y la pérdida de 27.314 hectáreas de cultivo. A su juicio, la ministra Ribera, “miente” cuando dice que “el Tajo en su cabecera tiene un serio problema de equilibrio ambiental”. La organización Asaja Alicante va más allá y ha pedido su “cese inmediato” por “querer consumar el fin del trasvase Tajo-Segura sin un informe técnico ni medioambiental” que avale que haya que aumentar el caudal ecológico en el Alto Tajo.
El 11 de enero regantes de Alicante, Murcia y Almería se concentrarán frente al Miteco para denunciar el recorte al trasvase y el precio inasumible del agua desalada
Asimismo, el secretario de la Comunidad de Regantes de Murcia, Alfonso Romero Caro, explicaba a Luis Herrero en su programa de esRadio, en relación con las respuestas del Gobierno de España ante las reivindicaciones de los regantes, que “no hay ninguna sentencia de ningún Tribunal que establezca qué caudales ecológicos exactos hay que poner. Si existe una sentencia del Tribunal diciendo que en la cabecera del Tajo tienen que estar especificados los caudales ecológicos, pero nadie dice que tienen que ser de 10, ni de 4, ni de 5, ni de 8”.
Agua desalada
El pasado 1 de enero expiraba el decreto ley de sequía que subvencionaba el agua desalada “al no seguir registrándose los umbrales establecidos en la citada norma”, según explicaba la titular del Miteco, Teresa Ribera. Ahora, con su precio triplicado, los regantes de las provincias afectadas no han tardado en manifestar su malestar y su rechazo a la “alternativa estrella” del Gobierno para sustituir el agua procedente del trasvase del Tajo al Segura. Y es que, mientras que el metro cúbico del agua del trasvase ronda los 25 céntimos, la tarifa del agua desalada pasa a 1,3 euros por el m³ al caducar la subvención, más de veces más.
Ante la disconformidad de las comunidades de regantes, Ribera ha anunciado que su departamento ultima un nuevo decreto transitorio que llevará al Consejo de ministros “a la mayor brevedad posible” para prorrogar la subvención del agua desalada.
Este decreto prevé vincular hasta 2027 la tarifa del agua desalada a la evolución del precio de la energía eléctrica, año en que se espera que finalice el proyecto de instalación de la energía fotovoltaica en las desaladoras —inversión que alcanza los 600 millones de euros— que permitirá establecer un precio fijo y mucho más reducido al metro cúbico de agua desalada.
